“El PODER JUDICIAL constituye el único de los tres Poderes clásicos del Estado NO SUJETO AL PRINCIPIO DEMOCRÁTICO: sus miembros no son elegidos por los ciudadanos. Ni siquiera por sus representantes políticos. Se escogen entre ellos.

Por ello, la necesidad de una especial sujeción a RESPONSABILIDAD alcanza rango constitucional.

El Art. 117, 1º de la Constitución Española dice:

La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”.

El ejercicio de un poder sin control solo puede conducir a la ARBITRARIEDAD y desde ella, a la CORRUPCIÓN.

La corrupción sólo podrá mantenerse mediante la INTIMIDACIÓN.

Una Sociedad en la que un número significativo de personas se encuentran constantemente atemorizadas por el miedo a perder sus medios de vida, su vivienda, sus propiedades, su familia u honor, no es una Sociedad Libre, sino una Sociedad Oprimida.”

Jesús Díaz Formoso

“Un país en el que el Gobierno teme a su pueblo, es un país libre. Uno país en el que el pueblo teme al Gobierno, es una tiranía” Thomas Jefferson, 3er Presidente de los Estados Unidos de América.

“Una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad.” (Montesquieu)

La JUSTICIA, valor superior de nuestro ordenamiento jurídico (Constitución – Art. 1, 1º), es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo, basándose en los principios del arte del derecho, sin discriminación o preferencia alguna.

“La Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley” (Constitución – Art. 117, 1º).

Sin embargo, el PODER JUDICIAL constituye el único de los tres Poderes clásicos del Estado NO SUJETO AL PRINCIPIO DEMOCRÁTICO. Sus miembros no son elegidos por los ciudadanos. Ni siquiera por sus representantes políticos. Por ello, la necesidad de su especial sujeción a RESPONSABILIDAD alcanza rango constitucional.

El ejercicio de un poder sin control solo puede conducir a la ARBITRARIEDAD y, luego, a la CORRUPCIÓN, que sólo podrá mantenerse mediante la INTIMIDACIÓN.

Más aún cuando se trata del Poder Estatal que controla y dirige el APARATO COACTIVO DEL ESTADO, y ese Poder es ejercitado con carácter VITALICIO por un pequeño grupo de ciudadanos no elegidos democráticamente.

Las consecuencias de tal situación para la efectividad del Estado de Derecho resultan demoledoras, pues la solución de los conflictos producidos entre los ciudadanos, o entre estos y las administraciones públicas, se encuentra a cargo de un pequeño grupo de ciudadanos, fuertemente cohesionado que, en la práctica, se define como IRRESPONSABLE, lo que los sitúa al margen, o incluso por encima, de la Ley.

“Muchos jueces son absolutamente incorruptibles; nadie puede inducirles a hacer justicia.” (Bertolt Brecht)

Una Sociedad en la que un número significativo de personas se encuentran constantemente atemorizadas por el miedo a perder sus medios de vida, su vivienda, sus propiedades, su familia u honor, no es una Sociedad Libre, sino una Sociedad Oprimida.

Hoy por hoy, esa es la situación en la que se encuentran cientos de miles, quizás millones, de personas y familias. Y su número crece exponencialmente.

A esta dramática situación se ha llegado, no por mera tolerancia del Poder Judicial, sino gracias a su activa colaboración. Con la complacencia de la clase política.

Desde siempre, pese a su enorme gravedad, las Penas con que las Leyes, dictadas por el Poder Legislativo, castigan los Delitos cometidos en el ejercicio de la Función Judicial, han sido extremadamente leves.

Lo que es peor, las dificultades prácticas para obtener la condena de esta envilecida categoría de Delincuentes, han conducido a una situación que ha sido calificada como “IMPUNIDAD ENMASCARADA” de la judicatura (Fassone).

En tan favorables condiciones “ambientales”, los casos de CORRUPCIÓN JUDICIAL solo podían tener un vigoroso crecimiento. Y, efectivamente, así ha sido, por lo que en los últimos años estas situaciones de IMPUNIDAD se han generalizado.

La situación actual de la Administración de Justicia produce vértigo. Si existen lugares donde está ausente toda idea de Justicia, esos lugares son los Juzgados. Hasta el punto de que son muchos los ciudadanos que solo pueden actuar dentro del margen de la Ley actuando al margen de la Administración de Justicia.

Desde luego, ni todos los Jueces son corruptos, ni todos son honestos. Sin embargo, la honestidad no es, hoy por hoy, una virtud apreciada por la jerarquía judicial. Y mucho menos por los “Comisarios Políticos” que los partidos han venido nombrando como miembros del Consejo General del Poder Judicial, Órgano de Gobierno de los Jueces.

Aún sin haber perdido su honestidad, muchos Jueces se ven obligados, por muy variadas razones, a actuar sus funciones de manera deshonesta, en contra de sus convicciones. Esto no se debe perder de vista.

Los incentivos que favorecen la Corrupción, tales como el lucro económico, los ascensos o el acceso a mejores destinos, no son la única fuerza que empuja a formar parte de la estructura de la corrupción judicial.

También entran en liza la Intimidación y la Coacción. No está de más recordar aquí el reciente ASESINATO de un Magistrado del Tribunal Constitucional, hecho que se intentó ocultar a la opinión pública; y hecho de extraordinaria gravedad, acerca del que ninguna aclaración o mera hipótesis relativa a su autoría o motivación se ha ofrecido a la ciudadanía.

Cada Juez ha de elegir entre comportarse como un Policía al servicio de oscuros intereses, o ser un Ilustrísimo Señor, al servicio de la Justicia.

La sociedad debe poder castigar con el máximo rigor a aquéllos que han elegido la corrupción, a la vez que ha de honrar debidamente a quienes han optado por la senda de la Justicia.

(http://ausaj.org/index.php/estatutos-ausaj/)

La justicia sin la fuerza es irrisoria; la fuerza sin justicia es tiranía (Blaise Pascal)

Toda Resolución Judicial se estructura en tres partes:

1.- RELACIÓN DE HECHOS (exposición de los hechos cuya realidad se considera probada),

2.- FUNDAMENTOS DE DERECHO (argumentación que precede a la decisión, que proporciona a la resolución judicial la fuerza de la razón), y

3.- FALLO (parte dispositiva o decisión, que lleva dentro el poder de ser impuesta coactivamente a sus destinatarios).

La primera (Relación de Hechos probados), no es de naturaleza jurídica; por ello es una función que puede ser ejercitada, no por Jueces, sino por JURADOS POPULARES, compuestos por ciudadanos sin conocimientos jurídicos. Y ello es así respecto de los Delitos que, en cada momento, determinen las Leyes aprobadas por el Parlamento.

Será el Juez quien decida las consecuencias jurídicas de tales hechos (Fallo), y para ello, antes habrá de razonar -“motivar”- el como y el porque de la aplicación de determinadas normas jurídicas a aquéllos Hechos (Fundamentos de Derecho).

La exigencia de MOTIVACIÓN (razonamiento) suficiente es una GARANTÍA ESENCIAL del justiciable, que le permite comprobar que la solución dada al caso es fruto de una interpretación racional del ordenamiento jurídico y no de la arbitrariedad.

Salvo en los muy escasos supuestos en que la Ley exige la intervención del Jurado Popular, los medios con los que cuenta el Juez para tomar una decisión arbitraria resultan extraordinarios: podrá manipular la relación de Hechos probados a fin de adaptarlos a la Fundamentación Jurídica de la decisión injusta que, previamente, ya habría decidido adoptar.

Resulta verdaderamente ilustrativo acerca de la generalizada corrupción imperante en nuestros Órganos Judiciales el hecho de que, disponiendo de tales exorbitantes posibilidades, sin embargo resulte USUAL que este tipo de Delincuentes actúen con la mayor DESFACHATEZ, por medio de Resoluciones con razonamientos carentes de la menor lógica, incluso sin ningún tipo de motivación, lo que, en una situación de legitimidad en el ejercicio de las funciones judiciales, habrían de significar inexorablemente su condena o, en los supuestos de menor gravedad, su sanción disciplinaria.

Lo especialmente grave de esta realidad es que viene a significar que actúan con la absoluta SEGURIDAD de que sus gravísimos actos delictivos resultarán IMPUNES.

En todos estos supuestos de Vicio de Motivación de Resoluciones Judiciales, desde el punto de vista de la Psicología, se afirma que estamos ante un resultado judicial presentado con una “INDEPENDENCIA DE RESPUESTA” (Seligman, 1975), donde la decisión judicial de estas características termina siendo percibida como un acontecimiento ajeno, incontrolable y generador de indefensión.

No existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencias de justicia (Montesquieu)

El Artículo 24, 1º de la Constitución, establece que:

“Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, SIN QUE, EN NINGÚN CASO, PUEDA PRODUCIRSE INDEFENSIÓN”.

Las consecuencias de la Indefensión pueden suponer la imposibilidad de hacer valer un derecho o la alteración injustificada de la igualdad de armas entre las partes, otorgando a una de ellas ventajas procesales arbitrarias.

Dentro de la Psicología de la Personalidad, la Indefensión se estudia en el contexto de la Teoría de los Dos Procesos de Mowrer, que considera que el comportamiento se aprende mediante procesos de condicionamiento clásico y se mantiene a través del condicionamiento operante. Estudiaba el efecto de las descargas eléctricas sobre el desarrollo de conductas de escape. Los perros aprendían la conducta con relativa facilidad. En algunos experimentos el animal no se intentaba escapar sino que soportaba las descargas. Esto llevó al estudio de la Indefensión.

La INDEFENSIÓN APRENDIDA, o adquirida, es una condición psicológica en la que un sujeto aprende a creer que está indefenso, que no tiene ningún control sobre la situación en la que se encuentra y que cualquier cosa que haga es inútil.

Como resultado, el sujeto permanece pasivo frente a una situación displacentera o dañina, incluso cuando dispone de la posibilidad real de cambiar estas circunstancias. Así, cuando los organismos son sometidos a situaciones de incontrolabilidad, éstos, posteriormente, mostrarán una serie de déficits en la adquisición de respuestas exitosas (Overmier, Seligman y Maier – 1.967).

De la misma manera, cuando el Ser Humano nace dentro de un estado de derecho, dispone de dos tipos de defensas: La Defensa Personal, tanto física como intelectual y la Defensa Jurídica.

La sociedad va educando al ciudadano a que deje de lado su defensa personal, especialmente la física, para que la defensa jurídica, “más civilizada”, ocupe su lugar en la protección de la persona del ciudadano, de su familia y de su patrimonio. Así, el ciudadano va olvidando cómo defenderse fuera del marco de La Justicia.

Es entonces cuando surge en la Persona Real la enorme duda e incertidumbre de qué hacer cuando es violentada y agredida y el aparato de defensa jurídica no funciona, y lo que es aún peor, qué hacer cuando tampoco funciona el aparato de protección y seguridad pública.

Por ello, la teoría de la Indefensión Aprendida ha sido utilizada para explicar el mecanismo de la DEPRESIÓN: cuando estamos deprimidos, percibimos que nuestra situación vital es dolorosa, y no distinguimos ninguna solución ni ninguna posible vía de escape a nuestro alcance; nos sentimos mal y no podemos hacer nada para cambiarlo, lo que produce un incremento de la ansiedad y el miedo, seguido por más Depresión.

En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de hombre, ninguna tiranía puede dominarle (Goethe)

Si nuestra Constitución aspira a “consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular”, a “garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo” y a “proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos” (Constitución – Preámbulo), tales aspiraciones podrán ser alcanzadas solo en la medida en que, en ese determinado momento histórico, la regulación de la convivencia social realizada por el Derecho resulte acorde con los valores constitucionales de Justicia en que se fundamenta el orden político y la paz social (Constitución – Art. 10, 1º).

Los Derechos Fundamentales no son una “Graciosa Concesión” del Poder Judicial a los Ciudadanos, sino que son Previos a éste, y constituyen “los principios de dignidad de la persona y libre desarrollo de su personalidad, a cuya luz ha de interpretarse cualquier norma de Derecho” (Tribunal Constitucional).

La defensa a ultranza de la efectividad del ejercicio de los Derechos Fundamentales de la Persona constituye una obligación de cuyo cumplimiento depende la afirmación de la propia Dignidad. No es sino el precio exigido para disfrutar de la condición de Ciudadano, Libre y Responsable.

De ahí la absoluta convicción que los Fundadores de esta Asociación poseen acerca de que, en la defensa de las Libertades Públicas y de las Garantías Constitucionales de los Derechos Fundamentales, no cabe dar ni un solo paso atrás, sino que es preciso aguantar con firmeza los ataques, amparados en la seguridad del castigo al agresor, a nivel preventivo, y en la solidaridad ciudadana para con los agredidos. No existe aquí margen para la impunidad.

Cada vez que un hombre defiende un ideal, actúa para mejorar la suerte de otros, o lucha contra una injusticia, transmite una onda diminuta de esperanza. Esas ondas se cruzan con otras desde un millón de centros de energía distintos y se atreven a crear una corriente que puede derribar los muros más poderosos de la opresión y la intransigencia (Robert Kennedy).

(http://ausaj.org/index.php/estatutos-ausaj/)

“Resolución sobre la corrupción judicial.  Sobre la base de un informe preparado por Kimmo Sasi (Finlandia, EPP / CD), los parlamentarios dijeron que el Poder Judicial es percibido como una de las instituciones más corruptas en Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bulgaria, Croacia, Georgia, Lituania, la República de Moldova, Portugal, Rumania, Rusia, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España y Ucrania.”  Boletín Unión Europea, Enero 2016

La asamblea parlamentaria considera la corrupción judicial como un asunto de gran preocupación que socava los cimientos del estado de derecho y la posibilidad misma de lucha contra la corrupción en otros sectores de la sociedad”  Resolución 2098 (2016) presentada tras conocerse los resultados del barómetro de Transparencia Internacional. En su contenido, el comunicado de la institución también señala expresamente que este tipo de corrupción “impide gravemente la protección de los derechos humanos, en particular la independencia e imparcialidad judicial, al tiempo que debilita la confianza pública en el proceso judicial y en los principios de legalidad y seguridad jurídica” (páginas 100 y 101).

Es útil reconocer la existencia de la corrupción judicial. Porque nadie puede vivir ocultándose la realidad. Pero también porque sólo desde ese reconocimiento se pueden instrumentar mecanismos de prevención y de Represión.” Juez Antonio Seoane García.

España es el tercer estado de la Unión Europea con una peor percepción de independencia judicial. Así lo muestra el informe sobre la situación de la Justicia en la Unión Europea publicado por la Comisión Europea. De hecho, casi un 60% de los españoles consideran mala o muy mala la independencia judicial española, y sólo un 31% la considera buena o muy buena.

Por detrás de España, sólo tiene Bulgaria y Eslovaquia, de los 28 países miembros de la Unión Europea. Croacia está por delante de España, porque un 32% de los ciudadanos la consideran buena, un punto más que España, aunque más del 60% la considera mala o muy mala. El ranking lo lideran Dinamarca, Finlandia y Austria, donde más de un 80% de los ciudadanos consideran buena la independencia de la justicia.

Con respecto a los motivos que los ciudadanos atribuyen a esta mala independencia judicial, un 49% lo atribuyen a las injerencias de la clase política en los tribunales. También un 45% lo atribuye a presiones económicas u otros intereses, y más de un 30% considera que el status y las posiciones de los jueces no garantiza suficientemente la independencia judicial.

Sólo Bulgaria y Croacia ven en su sistema judicial más injerencias políticas que los españoles. En concreto, un 53% de los croatas y un 50% de los búlgaros consideran que las presiones políticas interfieren su sistema judicial. Unos datos que contrastan con las de Dinamarca, Finlandia o los Países Bajos donde esta percepción no llega al 10%.

La situación, además, ha empeorado respecto del año pasado, cuando un 56% de los ciudadanos consideraban el sistema judicial como malo o muy malo. Actualmente este porcentaje ha subido hasta el 58%. Además, en el Eurobarómetro de 2016, España ocupaba el número 23 del 28, metro que ahora ocupa el lugar 26. El año pasado tenía por detrás Eslovenia, Croacia, Italia, Bulgaria o Eslovaquia. Actualmente, sólo estos dos últimos.

El ‘Cuadro de Indicadores de la Justicia de la UE 2017‘ muestra que sólo un 3% de los ciudadanos en el Estado español valora como muy buena la justicia, un porcentaje que llega al 40% en Dinamarca. También apunta que ninguna empresa en el Estado español valora como muy buena la independencia judicial. De hecho, un 41% la ven bastante mala y un 18% muy mala, mientras que sólo un 30% la sitúan como lo bastante buena. La mitad de las empresas consultadas en el informe, un 50%, creen que el principal motivo de la falta de independencia judicial en España es la interferencia política en los tribunales, un porcentaje casi calcado a las influencias empresariales u otros grupos de interés, que ven un 49% de las compañías.

 

PUEDES ESTAR SIENDO VÍCTIMA DE TORTURA. TE PODEMOS AYUDAR

No es necesario que te golpeen, que te encierren injustamente, que te hagan pasar hambre o sed… hay otras muchas formas de tortura reconocidas por la Ley española, por la Ley Internacional, por los Organismos Internacionales y por los Tratados a los que España y otras muchas naciones se han adherido, obligándose a cumplirlos. Son formas y maneras de trato tan crueles o más que aquellas infringidas de manera física: las torturas mentales o psicológicas.

Situaciones en las que personas con capacidad de influencia sobre tí, sobre tu vida personal o profesional aprovechan esa circunstancia para abusar de su posición y por diversidad de motivos -en nuestro caso por haber denunciado hechos o personas corruptas- rompen la Ley o las Normas establecidas y haciéndolo, te hacen sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes: despidos, acusaciones falsas, evitar investigar, procedimientos archivados sin fundamentación y sin haberse llevado a cabo investigación alguna, noticias falsas, coacciones…. sigue leyendo. Explora nuestra web. Son partícipes activos en ello quienes lo hacen de manera directa y también quienes miran hacia otro lado, quienes se niegan a investigar los hechos una vez denunciados o quienes emiten sentencias contrarias a lo probado, con el objetivo de exonerar a los culpables y también, en muchas ocasiones, con el objetivo de poder después culpar a los que denunciamos.

Averigua si tú también puedes estar siendo víctima de tortura. La Ley Internacional y determinados Organismos Internacionales especialmente creados para vigilar el uso de la tortura, te pueden proteger. Especialmente cuando compruebas que la justicia en España no te da una solución a lo que estas sufriendo. Nosotros estamos para ayudarte. No estás sola o solo. Descubre más en detalle qué es la tortura, cómo se define y cómo y dónde se puede perseguir. Es un delito que, cuando se comete en determinadas circunstancias, no prescribe.

NECESITAMOS TU AYUDA. COLABORA.

Somos una Asociación de reciente creación, formada por personas que estamos sufriendo casos de corrupción judicial y muchas veces esa corrupción, deviene en auténtica tortura.

El vínculo común entre nosotros es que todos hemos denunciado algún hecho de corrupción por parte de autoridades, oficiales públicos o personas privadas. La consecuencia en la mayoría de las ocasiones no fue que perseguieran al corrupto: fue perseguirnos a nosotros. Hemos perdido el puesto de trabajo, otros nuestra casa y otros lo hemos perdido todo.

La corrupción y en particular, la corrupción judicial, en la mayoría de las ocasiones deviene en procesos de tortura que se ponen en marcha con el fin de dejarnos en situaciones de completa vulnerabilidad. Que no podamos o no tengamos fuerza para seguir adelante denunciando. Buscan nuestra destrucción y al mismo tiempo, dar un ejemplo de lo que pasa cuando se denuncia a los corruptos: lo pierdes todo.

Nos hemos reunido porque juntos somos más fuertes. Pero… necesitamos tu ayuda.

Si puedes, colabora con nosotros. Con tus conocimientos, tu tiempo de trabajo o dando a la Asociación alguna donación. Por pequeña que esta sea.  Ayúdanos en la labor de dar apoyo a tantos que sufren como nosotros las consecuencias de la tortura por corrupción. Con tu ayuda podremos pagar abogados, podremos pagar un local donde trabajar,  podremos tener el dinero necesario para contratar los servicios necesarios en nuestra mejor defensa y podremos dejar a nuestros hijos y a los tuyos un mundo mejor.

¡Que los corruptos, los que les protegen y los que les cubren, no queden impunes! ¡Ayúdanos!

Desde que os he conocido he recuperado una gran parte de mi felicidad: me siento más fuerte, me siento acompañada y… sobre todo, me siento protegida. ¡Muchas gracias!. Me hicieron sentir que estaba sola. Ahora se que no lo estoy” Andrea, Sevilla

Empiezo a pensar que algunos de estos supuestos delincuentes que han buscado destrozarnos la vida, encontrarán su merecido” Ignacio, Valencia

Qué tristeza y qué duro experimentar lo bajo que ha caído la Justicia en España. Espero que esa mayoría de Jueces que sí somos honrados seamos capaces de cortar con todos aquellos que deshonran la Carrera. Sois una gran luz en medio de mucha oscuridad” Juan, Magistrado Titular de Juzgado

SOMOS – MISIÓN

MISIÓN

Somos un grupo de ciudadanos españoles que nos hemos reunido en una Asociación para defender nuestros más básicos Derechos Humanos. En particular dos de ellos:

  1. Defender el derecho a tener una Justicia imparcial, sometida al imperio de la Ley e impartida por Jueces responsables de sus actos.
  2. Que las consecuencias de la existencia de una eventual corrupción judicial, no devenga en torturas psíquicas y mentales por medio de las cuales se deja a los ciudadanos en completa vulnerabilidad, anulando sus más básicos Derechos Humanos. Y que si esto ocurre, los causantes sean perseguidos, condenados y hechos responsables de sus actos.  

Somos un movimiento civil. No tenemos nada que ver con organizaciones oficiales ni con organismos públicos. Albergamos entre nosotros todo tipo de ideologías. Tan sólo somos ciudadanos libres, oprimidos por la bota de los poderes públicos.

Ejercemos nuestra libertad. Nos preocupa y nos interesa la honestidad.

Como género humano y como seres humanos individuales no debemos permitir que a personas que cumplimos con nuestros más básicos deberes cívicos al denunciar hechos irregulares o ilegales, por hacerlo, se nos persiga, se nos calumnie, se nos despida, se nos robe y se nos deje en una situación de completa vulnerabilidad.

Buscamos defender nuestros Derechos y los Derechos de todos aquellos ciudadanos que se puedan haber visto envueltos en situaciones similares. Buscamos que estas situaciones desaparezcan en el futuro. Que quienes lo hacen no se puedan sentir impunes. Que no piensen que no serán perseguidos.

VISIÓN

Nuestra triste experiencia es que la Justicia en España funciona de manera irregular. Estamos convencidos, conocemos y estamos seguros de que hay magníficos Jueces, Fiscales y Letrados de la Administración de Justicia, tanto en el ámbito civil como el ámbito militar. Estamos convencidos que hay y conocemos también magníficos funcionarios públicos, esforzándose cada día por llevar a cabo su trabajo muchas veces de las maneras más difíciles. Pero también estamos convencidos y tristemente conocemos muchos casos de personas que no actúan de acuerdo con la Ley y con sus obligaciones y cuando esto ocurre con quienes deben impartir Justicia o con quien tiene delegada autoridad como Oficial Público y asimilado, las consecuencias son funestas para los que se encuentran “al otro lado” de su mesa.

España forma parte de la Unión Europea y tiene firmados tratados de adhesión con multitud de Organismos Internacionales. Nuestro objetivo es poder poner de relieve ante estos Organismos Internacionales lo que ocurre en España de manera generalizada y sistemática cuando un ciudadano denuncia hechos o personas corruptas: se le persigue para intentar su completa destrucción personal, familiar, social y profesional. Estos hechos están tipificados a través de leyes y jurisprudencia como tortura. Y la tortura en estos casos se convierte en crimen de lesa humanidad. Un crimen que no prescribe.

VALORES

 

Honestidad, valentía, coraje son nuestros valores. No queremos y no podemos rendirnos.

Nos persiguen y nos atacan. Pero no nos rendiremos. Si nosotros no lo logramos, detrás nuestro vendrán otros para seguir.

La corrupción judicial deviene en muchas ocasiones en durísimos procesos de tortura -que en ocasiones se alargan de por vida- contra quienes hemos descubierto y denunciado hechos o personas corruptas. No queremos que los corruptos se sientan impunes. Menos, si los corruptos son miembros del poder judicial. Los vamos a perseguir y terminaremos descubriéndolos ante una verdadera Justicia que confiamos encontrar. La corrupción de jueces es execrable, pero sus consecuencias son peores. Y cuando deviene en tortura es importante recordar que los crímenes de tortura, cuando son de lesa humanidad como es el caso, no prescriben.

Buscamos conseguir que a los jueces los juzguen Juzgados Populares, no otros jueces. Desde la admisión a trámite. Algo que estaba ya claramente establecido en la Constitución española de 1812.

Buscamos conseguir que sea una realidad que a los Jueces se les exija responsabilidad por sus actos, tal y como establece la Constitución.

Intentamos acabar con la impunidad y el corporativismo que permite de facto a algunos Jueces actuar fuera del imperio de la Ley.

Que la Justicia sea respetada.

Que la opinión de los ciudadanos sobre la Justicia honre la entrega y el esfuerzo diario de miles de jueces, fiscales y funcionarios adscritos a la administración de Justicia, que entregan sus vidas por asegurar el cumplimiento de la Ley y la Constitución.

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