Parece un historia de ciencia ficción, pero por lo que se puede leer en estos tres artículos a los que haremos referencia a continuación, parece ser que es cierto que el acta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para nombrar al Juez Llarena como Magistrado del Tribunal Supremo, fue falsificada.

Este es el primero de los artículos que apareció en Diario 16. Lo firmaba el Magistrado Fernando Presencia.

Este es el segundo de los artículos que apareció publicado, pocos meses después, también en Diario 16.

Finalmente, este el tercero de los artículos sobre el tema. También firmado por el Magistrado Fernando Presencia.

En el primero de los artículos el problema se plantea de forma clara:

«Las decisiones que se tomaron ese día en la Permanente consistieron en la aprobación de la composición de dos ternas de candidatos para el Tribunal Supremo, una para un puesto de magistrado de la Sala Segunda de lo Penal entre cuyos nombres se encontraba el de Pablo Llarena, y otro de la Sala Tercera de lo contencioso administrativo en la que figuraba Fernando Román – amigo íntimo del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes-.

Ese mismo día quedaron conformadas también las ternas de los candidatos para las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJs) de Andalucía, Castilla-León, Castilla-La Mancha (en la que figuraba un sobrino del Cardenal Rouco Varela que ya entonces había sido denunciado por corrupción, Vicente Rouco Rodríguez), y también de los TSJs de la Comunidad Valenciana y Cataluña.

Las dudas acerca de la validez de los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente de fecha 14 de enero traían causa de la indebida utilización del mecanismo de la sustitución por parte del Presidente  Lesmes a favor del Vicepresidente Juanes, que todo daba a entender que se hizo en fraude de Ley.

Lesmes quería que en una de las ternas se incluyera a su amigo Fernando Román. Y para “despejar” cualquier sombra de duda sobre su “imparcialidad” no se le ocurrió otra cosa que delegar su voto en Juanes, quien por otra parte no había asistido a una sola de las entrevistas, ni había tenido conocimiento previo de los expedientes de los candidatos. Por eso Juanes necesitaba “instrucciones” para votar en el sentido en el que lo hizo.

Era evidente que Lesmes tenía que abstenerse pero se equivocó en el modo elegido para su sustitución, ya que la “delegación de voto” perpetuaba en el mandatario las causas de abstención del mandante, provocando la nulidad de todos los acuerdos alcanzados ese día por la Comisión Permanente.

Por esa razón,  una de las vocales que componían la Comisión Permanente ese día, la abogada del Estado Nuria Díaz Abad, puso en tela de juicio el modo empleado por Carlos Lesmes para su sustitución, que aprovechó la ocasión para desplazarse a París para asistir a la apertura del Año Judicial de la Corte de Casación francesa.

Es a partir de las objeciones de Díaz Abad cuando saltaron todas las alarmas, pues el descubrimiento del fraude no solamente ponía en peligro la composición de la terna en la que se había incluido a Fernando Román, sino que podía hacer estallar todo el sistema, salpicando la nulidad a todos las ternas que se habían constituido ese día, nada menos que 7, de las cuales 5 correspondían a la provisión de vacantes de presidente de los TSJs de Andalucía, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Cataluña.

Es entonces cuando, ya de vuelta Carlos Lesmes de su viaje a París, actuó la perversa maquinaria de la transparencia en la documentación de los actos del Consejo General del Poder Judicial.

La intervención de Nuria Díaz Abad se hizo constar en el acta del día 14 con un simple “voto en contra”, sin más detalle, y solo en referencia al acuerdo 1.1.2., la composición de la terna en la que se incluyó a Fernando Román. Pero además, para evitar cualquier peligro de contagio a las demás ternas y “salvar los muebles” se sacaron del acta del día 14 los acuerdos sobre la composición de las ternas para la plaza de presidente de los TSJs de Andalucía, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Cataluña, que se llevaron a un acta de una inexistente Comisión Permanente supuestamente celebrada dos días antes, lo que era físicamente imposible porque el día 12 de enero las entrevistas duraron toda la tarde/noche y no hubo tiempo para realizar ningún informe, ni debatirlo.

De esta forma ya no había peligro de que el sistema se derrumbara, aunque fuera a costa de haberse cometido un delito de falsedad en documento público y oficial que colocaría bajo sospecha a todos los acuerdos adoptados por el CGPJ los días 12 y 14 de enero de 2016, entre ellos la propuesta de nombramiento de Pablo Llarena Conde como candidato a la plaza de Magistrado de la Sala 2ª del Tribunal Supremo.«

El caso del Magistrado Fernando Román, lo apuntábamos brevemente en nuestro artículo titulado: «Abusos, mercadeo y trampas«. También presentamos un caso parecido en el caso del Magistrado Juan Molins, en el artículo titulado «Consejo a galope tendido«. De la misma forma, referido a los Magistrados López y Velasco en «Violaciones de normas y sentencias en el CGPJ«. En el artículo «El CGPJ abre la guerra entre los jueces» contábamos como diversas Asociaciones de Jueces habían llevado ante el Tribunal Supremo el nombramiento presuntamente contrario a la normativa, de 22 jueces a cargos en Tribunales Superiores.

Como podemos ver, toda una guerra abierta por parte de Don Carlos Lesmes y su Consejo General del Poder Judicial en funciones, contra el resto de la Magistratura.

En el segundo de los artículos se pone de relieve la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía:

«La Fiscalía ha decidido finalmente investigar la trama de corrupción judicial descubierta con ocasión de las informaciones publicadas por Diario 16, sobre la falsificación de las decisiones tomadas en la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del día 14 de enero de 2016, entre cuyos acuerdos se encontraba  la composición de la terna de los candidatos para un puesto de magistrado de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, entre ellos Pablo Llarena, y de la terna de los candidatos para la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM),  en la que figuraba un sobrino del Cardenal Rouco Varela denunciado por corrupción, Vicente Rouco Rodríguez.

Según ha podido saber este periódico, las investigaciones se iniciaron a raíz de una denuncia presentada contra el abogado de extrema derecha Santiago Milans del Bosch, por un supuesto delito de lo que antes se llamaba prevaricación de abogados, cuando fue contratado por el Presidente del  TSJCLM con ocasión de la impugnación de la ya famosa acta de la Comisión Permanente (en el recurso identificado a lápiz en el documento al que ha tenido acceso Diario 16)  a sabiendas de que también era el defensor de la parte contraria en el mismo procedimiento.

La sorpresa vino de la mano del Procurador Jacobo De Gandarillas Martos al reconocer por escrito que «quien estaba detrás de la confección de los escritos evacuados para la defensa de Vicente Rouco Rodríguez era, en realidad, el abogado especializado en temas administrativos y judiciales, Santiago Milans Del Bosch y no el abogado que aparecía oficialmente en las actuaciones, Juan Molins Otero», lo que según la denuncia podría suponer la comisión de un delito del artículo 467.1 del Código Penal, que castiga al abogado o procurador que, habiendo asesorado o tomado la defensa o representación de alguna persona, sin el consentimiento de ésta defienda o represente en el mismo asunto a quien tenga intereses contrarios.

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Hay que tener en cuenta que Vicente Rouco ya había sido denunciado por delitos relacionados con la corrupción ante la Sala 2ª del Tribunal Supremo, lo que obligó a Carlos Lesmes a hacerle entrega precipitadamente de la medalla de San Raimundo de Peñafort antes de que fuera admitida a trámite la querella, consiguiendo con ello el archivo anticipado de las actuaciones penales. Por esa misma razón, la terna para cubrir la presidencia del TSJ de Castilla La Mancha era la más vulnerable de todas las que se decidieron en la Permanente del día 14 de enero del año 2016.

La amistad entre Pablo LlarenaVicente Rouco Carlos Lesmes venía de hace tiempo, y se consolidó cuando el primero con ayuda del segundo alcanzó la presidencia de la asociación mayoritaria de jueces, la conservadora y todopoderosa APM (Asociación Profesional de la Magistratura), en enero de 2013. En noviembre de 2015 Pablo Llarena se presentó a la reelección, para un periodo de dos años más en el cargo de presidente de la asociación, mientras su amigo Vicente Rouco trataba de convencer al otro candidato para que tirara la toalla y se integrara en una candidatura “de consenso” liderada por Llarena, pero no lo consiguieron. El paso siguiente fue la candidatura a un puesto de Magistrado en la Sala 2ª del Tribunal Supremo, que esta vez sí que se consiguió.

Era evidente entonces que, si había que protegerse del escándalo que podía provocar el voto particular de la vocal Nuria Díaz Abad, había que hacerlo protegiendo en primer lugar la terna del TSJ de Castilla La Mancha por ser la más vulnerable de todas, según ha desvelado Diario 16.

Por esa razón se sacaron del acta del día 14 los acuerdos sobre la composición de las ternas para la plaza de presidente de los TSJ de Andalucía, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Cataluña, que se llevaron a un acta de una inexistente Comisión Permanente supuestamente celebrada dos días antes, lo que era físicamente imposible porque el día 12 de enero las entrevistas duraron toda la tarde/noche y no hubo tiempo para realizar ningún informe, ni debatirlo.

Por otro lado, decidieron amortizar la candidatura del amigo íntimo de Lesmes, Fernando Román, que no tenía ninguna posibilidad en esa convocatoria,yprotegieron la candidatura de Pablo Llarena colocando el voto particular en el acuerdo 1.1.2., el referido a la terna para cubrir la plaza de magistrado de lo contencioso administrativo.

Además, para evitar cualquier posibilidad de que el voto particular pudiera ser utilizado en la impugnación de los demás acuerdos, se “desactivó” haciéndolo constar con un simple “voto en contra”, sin más detalle, ocultando en el acta su verdadero contenido, con lo que se vulneró el derecho de la vocal disidente a que se reflejara en el acta la opinión que había expresado, impidiendo también el derecho de los legitimados a pedir la nulidad de todos los acuerdos adoptados  ese día por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, sin tan siquiera poder denunciar ante los tribunales de justicia la evidente falsedad que se acababa de consumar.«

En el tercer artículo lo que se afirma parece grave:

«Todo ha ocurrido a raíz de que la Fiscalía decidiera finalmente investigar la trama de corrupción judicial descubierta con ocasión de las informaciones publicadas por Diario 16, sobre la falsificación de las decisiones tomadas en la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del día 14 de enero de 2016 y de la “recreación” de una inexistente acta del 12 de enero anterior, cuando ha decidido poner “pies en polvorosa” el responsable máximo de dichas actas falsificadas, que no es otro que quien solo hasta el próximo 24 de marzo es el secretario general de dicho organismo, Joaquín Vives de la Cortada. 

Vives ya había informado de su decisión al presidente del CGPJ y el Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, en una carta, pero ha sido hace escasos días cuando lo ha puesto en conocimiento del plenario ante el que ha anunciado, no sin cierta ironía, que “renuncia para emprender un proyecto profesional en el sector privado”.

“Ha sido un verdadero honor servir a la Carrera Judicial, al Consejo General del Poder Judicial y a su presidente”, señalaba el escrito dirigido a Lesmes. Ahora, el Pleno le ha agradecido la dedicación y los servicios prestados.

Sin embargo, según ha podido saber este diario, el que es hasta el próximo 24 de marzo el secretario general del CGPJ estaba muy preocupado por la posibilidad de que, al final, él solo “pagara el pato” por el asunto de las actas falsificadas de la Permanente que auparon a Pablo Llarena al Tribunal Supremo. Por esa razón “ha decidido cortar por lo sano, y se ha marchado a un despacho de abogados desde donde se defenderá de las acusaciones que tarde o temprano seguro que le van a llegar” según han señalado las mismas fuentes.

De hecho, hace unos días se supo que la Fiscalía especializada en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado había decidido finalmente investigar la trama de corrupción judicial descubierta con ocasión de las informaciones publicadas por Diario 16, sobre la falsificación de las decisiones tomadas en la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del día 14 de enero de 2016, entre cuyos acuerdos se encontraba  la composición de la terna de los candidatos para un puesto de magistrado de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, entre ellos Pablo Llarena, y de la terna de los candidatos para la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM),  en la que figuraba un sobrino del Cardenal Rouco Varela denunciado por corrupción, Vicente Rouco Rodríguez.

Hay que tener en cuenta que Vicente Rouco ya había sido denunciado por delitos relacionados con la corrupción ante la Sala 2ª del Tribunal Supremo, lo que obligó a Carlos Lesmes a hacerle entrega precipitadamente de la medalla de San Raimundo de Peñafort antes de que fuera admitida a trámite la querella, consiguiendo con ello el archivo anticipado de las actuaciones penales. Por esa misma razón, la terna para cubrir la presidencia del TSJ de Castilla La Mancha era la más vulnerable de todas las que se decidieron en la Permanente del día 14 de enero del año 2016.

La amistad entre Pablo LlarenaVicente Rouco Carlos Lesmes venía de hace tiempo, y se consolidó cuando el primero con ayuda del segundo alcanzó la presidencia de la asociación mayoritaria de jueces, la conservadora y todopoderosa APM (Asociación Profesional de la Magistratura), en enero de 2013. En noviembre de 2015 Pablo Llarena se presentó a la reelección, para un periodo de dos años más en el cargo de presidente de la asociación, mientras su amigo Vicente Rouco trataba de convencer al otro candidato para que tirara la toalla y se integrara en una candidatura “de consenso” liderada por Llarena, pero no lo consiguieron. El paso siguiente fue la candidatura a un puesto de Magistrado en la Sala 2ª del Tribunal Supremo, que esta vez sí que se consiguió.

Era evidente entonces que, si había que protegerse del escándalo que podía provocar el voto particular de la vocal Nuria Díaz Abad, había que hacerlo protegiendo en primer lugar la terna del TSJ de Castilla La Mancha por ser la más vulnerable de todas, según ha desvelado Diario 16.

Por esa razón se sacaron del acta del día 14 los acuerdos sobre la composición de las ternas para la plaza de presidente de los TSJ de Andalucía, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Cataluña, que se llevaron a un acta de una inexistente Comisión Permanente supuestamente celebrada dos días antes, lo que era físicamente imposible porque el día 12 de enero las entrevistas duraron toda la tarde/noche y no hubo tiempo para realizar ningún informe, ni debatirlo.

Por otro lado, decidieron amortizar la candidatura del amigo íntimo de Lesmes, Fernando Román, que no tenía ninguna posibilidad en esa convocatoria y protegieron la candidatura de Pablo Llarena colocando el voto particular en el acuerdo 1.1.2., el referido a la terna para cubrir la plaza de magistrado de lo contencioso administrativo.

Además, para evitar cualquier posibilidad de que el voto particular pudiera ser utilizado en la impugnación de los demás acuerdos, se “desactivó” haciéndolo constar con un simple “voto en contra”, sin más detalle, ocultando en el acta su verdadero contenido, con lo que se vulneró el derecho de la vocal disidente a que se reflejara en el acta la opinión que había expresado, impidiendo también el derecho de los legitimados a pedir la nulidad de todos los acuerdos adoptados  ese día por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, sin tan siquiera poder denunciar ante los tribunales de justicia la evidente falsedad que se acababa de consumar.«

Aquí lo tienen descrito.

Mediante falsedades urdidas en el seno de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, un amigo del Presidente del Consejo, se encarama como Magistrado del Tribunal Supremo.

Con una total y completa impunidad.

¿Es esta la Justicia que tenemos en España? ¿Es esta la Justicia que queremos tener? ¿Son nuestros Jueces ajenos a la Ley?

Finalmente… no podemos olvidar otro reciente artículo que hace referencia a las «peculiares» relaciones entre algunos Magistrados del Tribunal Supremo. En particular Manuel Marchena y Pablo Llarena.

Esto decía el artículo publicado también por Diario 16 en noviembre de 2018.

«El pasado mes de julio la Comisión de Selección – de la que formaba parte la mujer del Juez Llarena– tomó la polémica decisión de crear una plaza de fiscales sin tener competencia para ello y con la finalidad exclusiva de favorecer a la hija del presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, Sofía Marchena, que perdió la oportunidad de acceder a la carrera judicial con su promoción al encontrarse enferma, apareciendo ambas mujeres de esta forma como protagonistas de lo que parece claramente que fue un soborno para pagar un favor anterior: Pablo Llarena era el último de los candidatos posibles – según las propias Normas de Reparto– para instruir las causas contra aforados debido precisamente a su inexperiencia, y sin embargo el presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, permitió su designación como juez instructor en la causa del Procés.las sospechas de soborno que rodean al presidente ponen en cuestión además la imparcialidad de toda la Sala que ha de juzgar la causa del Procés cuyos componentes no hay que olvidar que fueron también designados por Manuel Marchena

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