Cada vez es mayor el agotamiento, hartazgo y repulsión hacia la corrupción generalizada que sufrimos. Hay un verdadero clamor anticorrupción en España y parece que nuestros políticos miran hacia otro lado. Quizá algo peor: parece que de manera voluntaria, evitan por todos los medios que esa corrupción se destape y si lo hace, que sea juzgada. Y si lo es, que sea condenada.

¿Hasta cuándo vamos a permitir en España que este sistema mafioso siga operando? Cada día que pasa siguen robándonos a todos y cada uno de nosotros.

A continuación presentamos el mapa de casos de corrupción abiertos, en los que se investiga a miembros de algunos de los principales partidos políticos españoles:

Recientemente apareció un titular acerca del interés que los principales partidos tienen en que -verdaderamente- se investigue la corrupción.

Ciudadanos españoles ven cómo sus jefes, sus compañeros, sus subordinados, o cómo funcionarios públicos no actúan conforme a lo establecido por la Ley y los denuncian. Algo a lo que además, nos obliga la Ley.

¿Cuál es el precio que pagan en España quienes tienen el valor de hacerlo?.

Esto es lo que les ocurre en España a los que tienen el valor y el compromiso cívico de denunciar la corrupción. Lo dice el artículo previamente referido: acoso, entre otras muchas calamidades. Y es algo que ocurre de manera generalizada.

Incluso por parte de algunos funcionarios del Estado. Y cuando estos funcionarios del Estado protegen a los corruptos -especialmente cuando son funcionarios adscritos a la Administración de Justicia- los corruptos se sienten más fuertes. Actúan con mayor crueldad. En contra de la Ley y en contra de todos y cada uno de nosotros, ciudadanos españoles.

Algunos funcionarios adscritos a la Administración de Justicia, de manera valiente, salen en defensa de los ciudadanos que denuncian. Son plenamente conscientes de la necesidad de protección que necesitan y de lo útiles que son estos ciudadanos responsables para la correcta administración de los bienes del Estado.

La pregunta es… ¿realmente luchar contra la corrupción es tan importante? ¿Afecta a mi bolsillo?

Como Estado, formamos parte de la Comunidad Económica Europea. ¿Qué se dice y qué se piensa en Bruselas de la situación española?

En España hace ya años que se tramita en el Parlamento una Ley para dar protección a los denunciantes o «alertadores» de corrupción.

¿Qué está ocurriendo con ese proyecto de Ley?

En Septiembre de 2017 –hace casi dos años– leíamos el siguiente titular:

Sin embargo, meses después, en Junio de 2018 leíamos la que aparece a continuación.

Pero… leíamos algo todavía más interesante:

El artículo publicado por Digital Sevilla explicaba en detalle el por qué esa Ley no cumpliría con su objetivo. Lo pueden leer pinchando aquí.

Por su interés, extractamos alguno de sus comentarios:

Esta propuesta ley no puede ser considera una Ley Integral Contra la Corrupción Política. Entre otras olvida recoger numerosas medias relativas a la tutela penal, judicial, institucional, de prevención o educativas, todas ellas imprescindibles para hacer frente a esta lacra social. O se omite buscar una solución urgente a la instrucción de los procedimientos judiciales, implementado medidas como podrían ser los juzgados especializados. Es imprescindible abordar de forma rigurosa este tema y modificar la propuesta de Ley existente”, afirma Lara Carrasco, de la ONG española Corruptil.

Un ejemplo llamativo es que el borrador no incluye ni el establecimiento de un Código de Conducta para los parlamentarios ni un registro de transparencia para los grupos de presión –ambos, elementos fundamentales en el control eficaz del abuso de poder en la política. El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) había recomendado también continuamente la aplicación de ambas medidas.

Además, no se prevén mecanismos que mejoren la independencia de la judicatura –hasta la fecha, no hay límites para la participación de los miembros del parlamento en el proceso de selección de jueces en los tribunales superiores en España. “Es necesario mejorar el proceso de selección de jueces en los tribunales superiores, implantando un sistema basado en méritos contrastados, con una audiencia pública para exponerlos. Esto debería combinarse con la participación de la sociedad civil, así como un mecanismo transparente de responsabilidad sobre el desempeño correcto de los funcionarios públicos, para despejar cualquier duda cuando se designe un puesto. Esto tiene una relevancia especial en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tiene la obligación de seleccionar, formar y elegir los puestos de la Judicatura,” afirma Baltasar Garzón, Presidente de FIBGAR.


En cuanto a la protección de los denunciantes, la propuesta tampoco está a la altura de la normativa internacional. No solo está limitada en los tipos de conducta irregular de los que informar, sino que solo protegería a los denunciantes que trabajan en autoridades públicas. La propuesta no permite las revelaciones de información ni los informes a organizaciones externas de forma anónima. Esto tiene un efecto disuasorio a la hora de utilizar eficazmente la protección de los denunciantes como un medio para hacer frente a las conductas irregulares.

“A veces, es posible que los denunciantes no se sientan seguros para informar a nivel interno, o para revelar su identidad, simplemente por el carácter de la información. Para estos casos, deberían poder informar de ello anónimamente. En los casos de corrupción en el sistema, los denunciantes necesitan tener la opción de confiar en un canal externo verdaderamente independiente, como los medios de comunicación, un MP honesto o un organismo especializado. De lo contrario, el interés público puede verse seriamente dañado. La corrupción a gran escala, de la cual los medios españoles han informado en los últimos años, puede continuar sin darse a conocer. Sin duda alguna, esto no es lo que los legisladores españoles quieren que ocurra”, comenta Suelette Dreyfus, de la ONG internacional Blueprint for Free Speech.

“Si el gobierno español está verdaderamente comprometido a luchar contra la corrupción, la ley necesita una intervención urgente”.

Además, la propuesta puede entrar en conflicto con la legislación europea: hace solo unas semanas, la Comisión Europea propuso un borrador de la Directiva sobre la protección de los denunciantes que tiene un ámbito de aplicación mucho mayor que el de la propuesta española. En el caso de que la Directiva se aprobara, España tendría que modificar la ley en consecuencia

En Septiembre de 2018, con motivo de la apertura del año judicial, la Fiscalía General del Estado se pronunciaba a favor de ampliar la protección a los denunciantes de corrupción y que la Ley les diera mayor cobertura ante las represalias y venganzas.»

En Septiembre de ese mismo año, tuvimos noticias de un claro posicionamiento al respecto, por parte de la Fiscalía General del Estado, con motivo de la apertura del año judicial.

A día de hoy, el proyecto de Ley sigue atascado, después de meses de gobierno del PSOE.

Es probable que se esté a la espera de la inminente aprobación de la Directiva Europea sobre protección a «alertadores» de corrupción. Esperemos que esa sea la razón.

Por parte del Parlamento Europeo hace pocas semanas se aprobó una propuesta de Directiva. De ahí pasó a la Comisión, órgano del poder ejecutivo en la Unión Europea, para que ambos Organismos acordaran la redacción final de la misma. Hemos tenido noticias recientes al respecto:

Las noticias que obtenemos de las fuentes comunitarias son que se está trabajando para que esta Directiva vea la luz antes de la disolución del Parlamento, con motivo de las próximas elecciones de Mayo.

Si esto es así, ¿obtendremos de nuestros políticos el apoyo necesario para implementar la Ley y, de nuestros Jueces posteriormente, el apoyo para hacerla cumplir?

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