Hemos conocido las tensiones existentes entre el actual Consejo General del Poder Judicial y algunas de las Asociaciones de Jueces, con referencia a los diferentes nombramientos que se están llevando a cabo para puestos en Altos Tribunales. Hay demandas presentadas y fuertes acusaciones de violaciones de Normas. No parece importar mucho. Las noticias que leemos indican que parece que tenemos un Consejo a galope tendido.

Un Consejo que parece querer colocar en determinados puestos a profesionales a quienes, por turno, los datos dicen que no deberían corresponderles.

Recientemente hemos publicado contenido referido a este asunto en nuestros artículos titulados «Violación de normas y sentencias en el CGPJ» y «El CGPJ abre la guerra entre los jueces«.

Hoy nos encontramos con esta noticia de Público.es:

Reproducimos lo que dice, para que saquen ustedes sus propias conclusiones:

«El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y su presidente, Carlos Lesmes, parecen estar dispuestos a saltarse el principio de igualdad que rige en España. La mayoría conservadora que dirige el órgano constitucional planea aupar como magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al juez Juan Molins, que está ocho posiciones por debajo de otra candidata, Ana Orellana, en el escalafón de los especialistas de esta jurisdicción, según fuentes jurídicas.

El tercero de los candidatos seleccionado es José Manuel González Viñas, mayor que ellos y número uno del escalafón, quien, al parecer, será también tumbado en favor de Molins.

(…)

Es más, la base sexta de las convocatorias impone al CGPJ que nombre a una mujer, si existe igualdad en méritos con un hombre.

La decisión final está en manos del pleno del CGPJ que se celebrará este jueves. Y todo apunta a que el elegido será Molins, según fuentes jurídicas.

La propuesta elevada al Pleno proviene de la Comisión Permanente. En ella Molins figura en primer lugar como favorito.

Los méritos de Orellana están por delante de los de Molins, no en vano es la número dos de la especialidad en toda España y él es el número 10. Ambos son doctores en Derecho, con sobresaliente cum laude, ella por la Universidad Complutense y él por la de Zaragoza. Ella tiene casi 30 años de antigüedad en la jurisdicción social frente a los poco más de 22 del favorito de Lesmes; le dobla en años dedicados a la docencia, en libros publicados, le supera en la antigüedad de trabajo en órganos colegiados, en el número de sentencias y en su complejidad (ella en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y él en el TSJ de Aragón)…

La Permanente explica que eleva su propuesta por orden de preferencia, pero no aporta las razones del adelantamiento de Molins. Los tres candidatos son de la Asociación Profesional de la Magistratura, de tendencia conservadora.«

Y… por si queremos conocer las determinadas relaciones políticas que pudieran tener los Magistrados que están a la puerta de ser nombrados para ocupar cargos en el Tribunal Supremo, sigue diciendo el artículo:

«Tres plazas y tres hombres favoritos

El Pleno elige este jueves a un total de tres magistrados para el Supremo. Para cada plaza del Supremo se propone al Pleno tres candidatos. Los tres favoritos son hombres.

Las plazas a cubrir son las de dos magistrados para la Sala de lo Social, (por los turnos de especialistas y generalistas), y un jurista para la Sala de lo Civil.

Todo apunta a que Lesmes y su mayoría conservadora ya han pactado con una parte del sector progresista los tres favoritos respectivos: Juan Molins García-Atance, Ricardo Bodas y Juan María Díaz Fraile, según el orden de preferencia publicado en la página web del Poder Judicial. El primero ejerce en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y es también de APM; el segundo preside la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y es miembro de Juezas y Jueces para la Democracia, de tendencia progresista y, mientras que el tercero es progresista y registrador de la propiedad.

Juan María Díaz Fraile fue alto cargo en la dirección general de Registros durante la etapa del Gobierno del PP de José María Aznar, mientras que Ricardo Bodas fue director general de Justicia con el Gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero.

Bodas es el único progresista. Su nombramiento es una apuesta de Lesmes. Tiene una larga experiencia profesional, pero también es visto como una concesión al sector progresista y como un gesto de cara al próximo gobierno socialista que debe pactar la renovación del CGPJ y decidir el próximo destino de su actual presidente.

Bodas preside desde hace diez años la sala de la Audiencia Nacional que recientemente rechazó la demanda de conflicto colectivo interpuesta por las cuatro asociaciones de jueces contra el CGPJ.

Y… ahora atención a la manera en que el Consejo General del Poder Judicial tiene presente el papel de la mujer en la judicatura.

Sigue diciendo el artículo:

«Ocho magistradas descartadas

La plaza de la Sala de lo Civil del Supremo que se vota es una vacante por el turno de juristas tras la renuncia de Francisco Javier Orduña. Tuvo 15 solicitantes, de los cuales tres son mujeres. La Permanente no ha propuesto a ninguna magistrada.

La terna está compuesta, además del favorito Díaz Fraile,  por Julio Banacloche Palao, catedrático de Derecho Procesal, y Manuel Rivera Fernández, catedrático de Derecho Civil.

La plaza de la Sala de lo Social que se elige este jueves espor el turno de generalistas tras la vacante de Fernando Salinas. Se presentaron al cargo 14 magistrados, de los cuales dos son mujeres. La Permanente no ha propuesto a ninguna magistrada al Pleno.

La terna está compuesta, además del favorito Bodas, por Juan Manuel San Cristóbal Villanueva, director del Gabinete Técnico del Supremo, y Antonio Jesús Outeiriño Fuente, presidente de la Sala de lo Social del TSJ de Galicia. 

La plaza de la Sala de lo Social por el turno de especialista, fue solicitada por 9 magistrados, de los cuales tres son mujeres. La Permanente sólo propone a una mujer, Orellana, y pone por delante al favorito Molins por delante de ella y del número uno de la especialidad González Viñas, que preside la Sala de lo Social del TSJ Andalucía.

La carrera judicial está expectante. Porque ni ser la número dos de todo el escalafón de jueces de lo Social de España, ni las décadas de especialista, ni ser la primera magistrada académica de España parecen que serán tenidos en cuenta.«

Como decíamos al principio… Consejo a galope tendido.

Y mientras que todo esto está ocurriendo, creemos que no debe pasar desapercibida esta otra noticia publicada recientemente por Diario 16:

En ella se recoge lo siguiente:

«La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha desestimado la demanda de conflicto colectivo promovida por cuatro asociaciones judiciales(Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria, Asociación Profesional de la Magistratura y Foro Judicial Independiente), contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia y varias comunidades autónomas en relación con la regulación de las cargas trabajo de jueces y magistrados a efectos de salud laboral.

La sentencia, en cumplimiento de una anterior del Tribunal Supremo, declara la competencia del orden jurisdiccional social para conocer el litigio, pero estima la excepción de inadecuación de procedimiento planteada por el CGPJ en cuanto que la impugnación de actuaciones administrativas de prevención de riesgos laborales, como en este caso, debe someterse al procedimiento administrativo, aun cuando se apliquen normas laborales. El procedimiento adecuado para impugnar estas actuaciones administrativas es el de impugnación de actos administrativos en materia laboral, regulada en el art. 151 LRJS.

La sentencia, que cuenta con un voto particular, también explica que aunque se admitiera correcta la promoción de conflicto colectivo, se llegaría a la misma conclusión de inadecuación de procedimiento porque las pretensiones de la demanda no contienen un conflicto jurídico, sino un conflicto regulatorio o de intereses.«

Es decir, y si no lo entendemos mal, lo que podría entenderse de lo que dice el artículo, es que la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional lo que viene a decir con su sentencia es algo parecido a: «No vamos a hacer caso a sus pretensiones y lo mismo les dirán si acuden a donde les estamos sugiriendo. Lo importante no es la «calidad» de su trabajo, sino la «cantidad» del mismo«. Hemos, por cierto, hablado previamente en este mismo artículo del actual Presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, Don Ricardo Bodas.

Lo que se ha ocurrido con esta decisión judicial, lo hemos visto hacer en otras sentencias también de diversos órganos jurídicos: el Juez o el tribunal dice no ser competentes, pero eso sí, no contentos con decir que no son competentes para estudiar el caso -para el que vaya a leer posteriormente el contenido de esa disposición jurídica- dejan escrito todo el argumentario que deberá utilizar quien venga después para denegar Justicia o al menos la investigación, si es eso lo que se pretende lograr. Se le llama «mensaje subliminal«. Lo hemos visto recientemente -entre otros- en el Auto por medio del cual la Audiencia Nacional desestimaba la denuncia presentada por una Plataforma Ciudadana por los indicios de un posible «pucherazo electoral» en las pasadas elecciones generales.

Este planteamiento acerca de la calidad del trabajo de los jueces y también la carga de trabajo a que éstos están sometidos es algo en lo que el actual presente Consejo General del Poder Judicial tiene una postura claramente adoptada. Se manifiesta en el pago de primas a los jueces. No se abonan las primas a los jueces por la calidad de sus disposiciones. Se abonan por la cantidad de trabajo que «despachan«.

¿Podemos así pensar en una Justicia de calidad?

¿Podemos así pensar en una Justicia independiente e imparcial?

Y, mientras tanto, como decíamos, el Consejo a galope tendido.

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