Se están multiplicando últimamente las noticias publicadas acerca de la corrupción judicial. Sin embargo la corrupción judicial no parece que sea un problema al que los jueces estén prestando atención.

No hace mucho tiempo Don Carlos Lesmes, Presidente del Consejo General del Poder Judicial y Presidente del Tribunal Supremo declaraba que en España la corrupción es un «mal endémico, incluso sistémico«

Se refería solamente a la corrupción empresarial, a la corrupción política y a los «paraísos fiscales«. En ningún momento se le ocurrió nombrar la corrupción judicial.

Hay que poner de relieve que para Don Carlos Lesmes el asunto de la corrupción no parece que sea algo baladí.

Al acudir a la comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para presentar la Memoria de 2013 del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) declaró que iba a proponer medidas para atajar la corrupción:

Entre las medidas que aparecían publicadas, hacía referencia a:

  • la creación de una Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción para detectar los problemas de los juzgados que tramiten causas relacionadas con la corrupción y proponer soluciones
  • la especialización del servicio de inspección
  • la formación especializada a los jueces y el apoyo del Servicio de Relaciones Internacionales del CGPJ.

Y declaraba que:

«La corrupción constituye hoy en día, sin lugar a dudas, un problema de gran magnitud y motivo de grave preocupación para un porcentaje altísimo de la población española»

Sin embargo, no parece que esa propuesta de medidas a llevar a cabo haya sido efectiva en cuanto hace referencia a la corrupción judicial.

La forma que entiende Don Carlos Lesmes como la mejor para controlar a los jueces, la dejó clara al poco tiempo de hacerse cargo del Consejo General del Poder Judicial.

Sin embargo, no parece que esté funcionando. Ni el «palo«, ni la «zanahoria«.

Recientemente se ha tenido noticia de una importante querella presentada contra la cúpula del Consejo General del Poder Judicial por prevaricación. Pinche en la negrita y podrá leer el artículo.

En el artículo se dice, entre otras cosas:

«…En la fundamentación de la querella, se apunta a la existencia de un “plan perfectamente diseñado, prevaliéndose de la manipulación y del abuso sistemático de la discrecionalidad prevista para la designación de los profesionales llamados a ocupar determinados órganos judiciales”. De esta forma, “los querellados propusieron y aprobaron la cobertura de los órganos más sensibles de la pirámide jurisdiccional con miembros de la carrera judicial seleccionados por su perfil y por su posicionamiento ideológico”, lo cual supone un “explícito quebranto de la garantía constitucional que asegura la imparcialidad de jueces y magistrados”.

Además, en la misma fundamentación se sostiene que los querellados se habrían prevalido de las mayorías generadas en los órganos de gobierno del poder judicial “para alterar las normas de reparto del conocimiento de los asuntos”, de manera que así se aseguraban “que las personas propuestas con tal criterio, asumiesen el despacho de las causas deseadas”. De hecho, denuncian que se trata de una forma de actuar “continuada en el tiempo” que no ha pasado inadvertida por una parte de la ciudadanía ni por un sector crítico de la carrera judicial española…»

Y se incluye en el artículo la querella -hemos puesto el enlace previamente- para que pueda ser conocida por el lector.

La querella viene a redundar en la denuncia presentada meses antes por Jueces por la Democracia, en la que se pedía la dimisión de Don Carlos Lesmes.

En la denuncia presentada por Jueces para la Democracia se ponía de relieve un hilo conductor en determinadas designaciones llevadas a cabo por parte del Consejo General del Poder Judicial y consideraba en ella que los nombramientos obedecían a un plan nada improvisado,  destinado a controlar órganos judiciales especialmente sensibles, por su relación con la persecución penal de los delitos de corrupción. Don Carlos Lesmes, como es conocido, nunca dimitió.

Pero volvamos a la querella. Se dan detalles muy concretos y específicos acerca de la supuesta manipulación política llevada a cabo por aquellos a quienes va dirigida la querella y el lector podrá leerlos en el artículo en el que se presenta la información. Se acusa de manera directa a Don Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a los vocales del Consejo y a los jueces conservadores de la Audiencia Nacional.

Sobre la querella presentada por la asociación de Juristas… la pregunta que nos surge es:

¿qué harán ante una querella así unos jueces a los que se les pide juzgar a otros jueces?

Entre otros, se les pide juzgar al Presidente del propio Tribunal Supremo y también a los Vocales del Consejo General del Poder Judicial.

Como se puede ver, empiezan a aflorar de manera virulenta diversos casos de corrupción judicial.

Ya hacíamos referencia en esta web a una denuncia por corrupción masiva en el CGPJ presentada por la Asociación Europea de ciudadanos contra la corrupción. Una denuncia por «corrupción sistemática y prevaricación permanente» por parte del Consejo General del Poder Judicial.

En la denuncia se hace referencia de manera expresa a:

      • que «…la corrupción del CGPJ ha llegado a tal nivel que inclusive el propio Presidente Don Carlos Lesmes decide sobre lo que proponga el Promotor de la Acción Disciplinaria..» El Promotor de la Acción Disciplinaria es precisamente el vehículo que se debe utilizar por parte del CGPJ cuando se producen denuncias sobre irregularidades por parte de jueces.
      • la «…corrupción sistemática del Ministerio Fiscal al abandonar a los ciudadanos y no perseguir los delitos cuando estos son cometidos por miembros de la Administración de Justicia y en especial por los Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales/Letrados de la Administración de Justicia, u otros funcionarios de la Administración…» diciendo también que «en lugar de investigar los hechos denunciados, se limita a archivar sin más, indicando al ciudadano que inicie el por su cuenta por medio de las querellas pertinentes las acciones que estime oportuno, es decir, en lugar de perseguir el delito de los miembros de la Administración lo tapa y abandona a los ciudadanos, instituciones, letrados y asociaciones a su suerte y al abuso e irregularidades de la Administración de Justicia»

 

De esto último hay también un ejemplo claro en el post publicado por esta web titulado el «Caso Pocoyó» que pueden leer haciendo pinchando aquí. En el post se mostraba documentalmente como, entre otras cosas, el Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid omitía abrir una investigación contra una Jueza, a pesar de constatar por escrito que había mentido en un Auto. El Fiscal no abría investigación alguna y enviaba al denunciante a intentar encontrar Justicia ante el Juzgado de la Jueza a la que este venía a denunciar.

Pero volvamos a la denuncia presentada por la Asociación Europea de ciudadanos contra la corrupción. En ella se ponía de relieve la siguiente información:

«DATOS ESTADÍSTICOS QUE CERTIFICAN LA CORRUPCIÓN Y PREVARICACIÓN SISTEMÁTICA DEL CGPJ y DE LA FISCALÍA:

Memoria del 2017 sobre las actuaciones del CGPJ en el año 2016. https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Memorias/Memoria-anual-2017–correspondiente-al-ejercicio-2016-

En su página 44 indica que hubo 8335 quejas contra Jueces y magistrados. De estos sólo se incoaron 41, elevándose solo a la Comisión Disciplinaria 21, de los cuales según la página 16 sólo sancionan a 16; en definitiva, unicamente prosperaron el 0,001%, dato que manifiesta con absoluta claridad la prevaricación y corporativismo desmedido del CGPJ.

Con relación al Ministerio Fiscal nos encontramos con una situación igualmente insostenible, dado que las sanciones a los Fiscales son inexistentes como se pone de manifiesto en su propia Memoria del año 2016 (punto 5.5: https://www.fiscal.es/memorias/memoria2017/FISCALIA_SITE/index.html) en el se indica que únicamente se abre expediente disciplinario en 61 casos y sólo concluyen en sanción 3 casos.»

Y ponía de relieve una importante información aparecida también en prensa:

Lo que sin duda viene a dejar claro de qué manera el Consejo General del Poder Judicial ignora la prevaricación judicial, que es el modo más habitual de presentarse que tiene la corrupción judicial. El artículo dice explícitamente que no incluyen como corrupción los delitos cometidos por los propios jueces.

En estos días se está poniendo de relieve también en la prensa cómo el Comisario Villarejo contaba con una red de jueces y fiscales con los que podía «maniobrar«.

El artículo detalla que el comisario utilizaba su influencia en la Judicatura y la Fiscalía al servicio de sus clientes multimillonarios.

Entre los instrumentos de que se servía para lograr esa influencia figuraba el instituto Schola Iuris –una entidad privada que dirigía en la sombra a través de su socio y también imputado en el caso Tándem, Rafael Redondo– por el que pasaron juristas tan importantes como el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, o el ex fiscal general del Estado José Manuel Maza, entre muchos otros letrados.

Pone de relieve también el artículo cómo el CGPJ nunca contestó a las denuncias sobre los ingresos de jueces y fiscales en el instituto jurídico privado ‘Schola Iuris’ del comisario Villarejo.

Se dice textualmente en el artículo previamente citado, haciendo referencia a las relaciones de los miembros de la Judicatura vinculados con el Partido Popular:

«…Uno de los más destacados juristas relacionados con Schola Iuris fue el ex fiscal general del Estado José Manuel Maza Martín, quien puso al frente de la Fiscalía Anticorrupción a Manuel Moix, otro de los relevantes letrados que participaban de la trama y que era el preferido por el expresidente de la Comunidad de Madrid del PP Ignacio González, imputado en el caso Lezo, como se comprobó en las escuchas de la investigación.

González se lo dijo por teléfono (pinchado) a Eduardo Zaplana –exministro de Aznar– al explicarle cuál era el primer paso a dar desde el Gobierno de Rajoy para blindar judicialmente al PP: «Vamos a ver, yo creo que a ver si podemos colocar el tema del fiscal Anticorrupción, ¿sabes? Y… yo creo que va a ser él. Si sale es cojonudo. Se llama Moix, es un tío… serio y bueno». Así fue, y nada más tomar posesión como fiscal jefe Anticorrupción, Moix trató de anular las escuchas telefónicas de la Operación Lezo.

Anteriormente, cuando Moix ocupaba el cargo de fiscal superior de Madrid archivó en 2009 la denuncia –sobre el pelotazo en el campo de golf del Canal– que habría destapado la trama del caso Lezo y que el protegido de Maza desestimó sin practicar ni la más sencilla y rutinaria comprobación en Hacienda que solicitaban los denunciantes (Parque Sí en Chamberí). Moix no hizo averiguación ninguna, pero aseguró por escrito que no existía «ni indicio, ni rastro, ni la más leve sospecha» de irregularidad por parte de González….»

¿HAY O NO HAY CORRUPCIÓN JUDICIAL?

¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO PARA PERSEGUIRLA?

Son los jueces quienes deberían perseguirla. ¿Persiguen los jueces a otros jueces? A la vista de las estadísticas que presentábamos un poco más arriba, parece ser evidente que no.

Creemos que una de las formas más sencillas para lograr que los jueces dejen de ser juzgados -y protegidos- por sus compañeros jueces, es la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. Si los jueces fueran juzgados en todas las instancias por un Tribunal Popular y no por otros jueces, creemos que se podría poner en marcha una verdadera actuación para corregir la corrupción judicial.

Esto no es algo difícil. Se trata de hacer pequeñas -aunque importantes- modificaciones a una Ley ya existente.

Confiamos en la Justicia.

Confiamos en que entre nuestros jueces hay multitud de jueces honestos, honrados y trabajadores actuando bajo el imperio de la Ley.

Pero también creemos que los mecanismos actuales permiten dejar claro que no se está controlando adecuadamente a aquellos jueces que, sin embargo, no son guiados en sus decisiones por el imperio de la Ley.  Y la protección que el corporativismo judicial les brinda -y que las estadísticas dejan patente- les da una impunidad que no deberían tener.

Todos debemos ser iguales ante la Ley.

Tendremos que confiar en que existirá la voluntad política para llevar a cabo las modificaciones necesarias. El objetivo a lograr es poder tener una completa seguridad jurídica por parte de los ciudadanos con respecto a sus jueces. Una confianza que se ha visto quebrada en centenares, en millares de casos.

Y los jueces han de ser responsables ante la Ley de sus equivocaciones como lo somos el resto de los ciudadanos.

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