Ayer por la noche escuchábamos el video denuncia de Mario Díez, abogado asturiano defensor de las víctimas en el caso «Kote Cabezudo» y esta mañana nos hemos despertado con una noticia que podríamos decir es completamente opuesta. Todo ello relacionado con las diferentes varas de medir que parece que tienen algunos jueces.

No nos atreveríamos a llamarlo corrupción judicial propiamente dicho, pero sí dejamos a nuestros lectores que saquen sus propias conclusiones.

En este video que ponemos a continuación, Mario Díez pone de relieve que ha recibido la notificación de una querella presentada contra él por dos Magistradas. En la querella, las dos Magistradas le acusan de:

  1. Delitos continuados de injurias y calumnias contra autoridades y funcionarios públicos
  2. Delitos contra la integridad moral

Aclara Mario Díez que él jamás ha utilizado de manera pública el nombre de estas dos Magistradas.

Esta querella se viene a acumular a la Demanda ya presentada también por otra Magistrada a la que Mario Díez denunció por prevaricación continuada.

Pero hay más…  la querella cae por reparto en el Juzgado de Instrucción número 2 de San Sebastián. En ese Juzgado, Mario Díez está personado en dos de las causas contra Kote Cabezudo, representando a víctimas.

Sin embargo, el Juzgado acuerda que sea la Policía Judicial la que con la mayor urgencia localice a Mario, para comunicarle la presentación de estas querellas. Y la Policía, siguiendo órdenes del Juzgado es lo que hace. Se traslada en varias ocasiones al domicilio de Mario «aporreando la puerta» como explica en el video y no sólo eso… también hacen lo mismo en casa de la madre de Mario Díez, a la que una vez que la localizan «instruyen» acerca de la gravedad de los hechos por los que están buscando a su hijo Mario. Imagínense el efecto en la madre de Mario Díez.

Cuando Mario habla con la Policía ante lo extraño de esta actuación, la propia Policia le dice -y reproduce en el video la conversación grabada con la Policía- que están sorprendidos ante lo IRREGULAR de esta actuaciones.

Aprovecha Mario para recordar que en más de una docena de ocasiones él ha presentado querellas contra Kote Cabezudo en los Juzgados de San Sebastián, por delitos tan graves como pornografía infantil, prostitución de menores y violación y en ningún caso los Juzgados enviaron a la Policía al domicilio de Kote Cabezudo a comunicarle nada. Esto sin olvidar que Mario Díez estaba y está personado en ese mismo Juzgado que le ha enviado la Policia a su casa y a la casa de su madre.

Pero no termina ahí la cosa… preguntado el Ministerio Fiscal acerca de la querella presentada, propone el Fiscal aumentar el número de delitos e incorporar a la querella los delitos de acusación y denuncia falsa y el delito de simulación de delito.

Todo ello para concluir solicitando del Juzgado que se le condene a una pena de seis años de cárcel.

Una información importante, que no se nos debe pasar poner de relieve: el Fiscal que solicita ampliar el número de delitos que se le imputan es el hijo de un Fiscal a quien Mario Díez ha denunciado y contra quien tiene presentada una querella hace meses, de la que no ha recibido noticia alguna. Hasta ahora.

 

Esto, como decíamos, ayer por la noche.

Esta mañana nos desayunábamos con este titular:

Esta noticia además tiene bastante relación con el post que publicábamos recientemente, titulado «¡Queremos a los jueces responsables de sus actos!» y que puedes leer pinchando aquí.

Se hacía referencia a varios casos en los que diferentes casos de violencia machista habían terminado en dramas, con asesinatos de niños, suicidios y episodios de violencia doméstica. Y todos ellos a pesar de haber sido ampliamente denunciados ante los Juzgados y en varios de ellos, en varias ocasiones. No se les había prestado la atención debida.

Y claro, luego los Jueces que presumiblemente no habían hecho adecuadamente su trabajo… se habían ido «de rositas«. Es decir, sin hacer frente a responsabilidad alguna por sus actos.

En este caso al que nos referimos ahora, podríamos estar probablemente frente a un caso similar.

Reproducimos una parte del artículo:

«…La víctima denuncia que, tras la revocación de la orden de protección, el magistrado decidió, sin pedirlo las partes, actuar de oficio. Dictó un auto sin posibilidad de recurso en el que le entrega al padre para las «vacaciones escolares» a los dos niños y le amplía el régimen de visitas.

Lo justifica en el artículo 158 del Código Civil «a fin de apartar a los menores de un peligro o de evitarles perjuicios» y como comentan en la animada charla el juez “hace sangre” con la mujer porque explica que con “esta resolución contribuirá además a la recuperación de la madre de los problemas de salud que han motivado su ingreso en de urgencias en un centro hospitalario sin previsión de fecha de alta, impidiéndole atender con normalidad sus tareas cotidianas y el cuidado de los hijos».

El juez y la fiscala cuestionan su estado de salud a pesar de los informes del hospital que incluso activó el protocolo de malos tratos.

Fue una enfermera de la Comisión de Violencia de Género la que activa el protocolo después de que María Sanjuan, en un estado de pánico y ansiedad, contara que le habían retirado la orden de protección y su marido puede por lo tanto volver a la casa. El parte hospitalario de alta señala «la paciente manifiesta pánico a ser agredida o asesinada, ella o sus hijos, por lo que presenta gran estado de agitación, llanto e hiperventilación». » Se presenta muy nerviosa, angustiada y llorosa y manifesta su miedo ante la posibilidad de que su marido pueda hacerle algo a los niños ya que en ocasiones anteriores ya le había amenazado con ello».

El informe médico recoge que la víctima sufre maltrato psicológico continuado desde 2016. Al principio los episodios se producían cuando su marido se encontraba bajo los efectos del alcohol, de noche y cuando estaban solos, pero posteriormente se fueron haciendo más intensos, también por el día, estando sobrio y delante de otras personas. Su relato concreta que desde el inicio de la convivencia, su marido la ha insultado, gritado y amenazado con matarla. También refiere que le ha obligado a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento.

La víctima estuvo 15 horas en las urgencias de La Princesa hasta donde fue trasladada por el Samur. Hasta siete profesionales sanitarios la atendieron pero no lograron calmarla y estabilizarla después de recibir el auto de la Audiencia de Madrid que revocaba la orden de protección. Esta medida se la había concedido la jueza del número 3 de violencia de género María Gracia Parera tras la segunda denuncia presentada y con un informe policial de valoración de riesgo extremo, una valoración extraordinaria. En el mes de agosto solo hay 8 de 56.000 mujeres del sistema Viogen en esa situación, es decir, el 0,01 de las víctimas con algún tipo de seguimiento policial. En su auto, esta jueza afirma que la medida de la protección es proporcionada, el riesgo objetivo y ve indicios de delitos de amenazas, coacciones y hostigamiento.

La jueza Parera detalla que el acusado reconoció que le había dicho expresiones como «que continúe el entierro» y «te espera a ti y a tu padre el sábado una sorpresita». Y que cuando se producen situaciones de conflicto el marido se lleva a uno de los bebés y se encierra en el dormitorio. Además, califica de acoso, coacción y hostigamento hacia su mujer el haberla dejado sin medios económicos al retirarle la tarjeta bancaria, impedirle el uso del coche y contratar a vigilantes de seguridad y metérselos dentro del propio domicilio vigilantes de seguridad para controlarla.

Los guardas jurados se instalaban en el salón de forma «intrusiva e invasiva» y incluso acuden detrás de la mujer al dormitorio de los bebés cuando lloran, según el auto. La jueza, que alude a la vulnerabilidad de la víctima, impone al denunciado una orden de alejamiento de 500 metros. Otorga a la madre la custodia de los hijos y el uso del domicilio y al padre le concede un régimen de visitas. Él recurrió y la Audiencia Provincial le dio la razón al no encontrar indicios de delito….»

Pues bien… ante todo esto y cuando la supuesta víctima de violencia machista denuncia al «…juez que instruye su caso tras comprobar que se ha burlado y se ha mofado de ella hasta el punto de insultarla y llamarle «bicho» e «hija puta»..» ¿cual es la respuesta del Juez?

Estas son, desde nuestro punto de vista, lo que parecen ser evidentes muestras de diferentes varas de medir entre unos jueces y otros.

Será interesante llegar a saber qué ocurra en el futuro con esa recusación que está pendiente de que la Audiencia se pronuncie.

Mientras tanto hay una madre que claramente está sufriendo consecuencias físicas y psicológicas como consecuencia de la situación, a la vista de lo que se puede leer en el artículo citado. Y unos niños que, sin lugar a dudas, deben estar sufriéndolas también. El Juez mientras tanto, está esperando. Si dan la razón a la mujer que le ha recusado, ¿tendrá la actuación del Juez alguna consecuencia para él? ¿o se irá también a su casa «de rositas» sin hacer frente a responsabilidad alguna?

¿Qué pasara con Mario Díez? ¿Se podrá probar alguno de los delitos que se le imputan? ¿tendrá alguna relación el hecho de haber presentado una querella contra un Fiscal y que el hijo de este mismo Fiscal, también Fiscal, sea quien pida que se amplíe la querella y pase unos cuantos años en la cárcel?

Mientras a los jueces no se les juzgue por otros que no sean jueces -en la Constitución de 1812 se establecía claramente que a los jueces deberían juzgarlos Tribunales Populares- y mientras no se les pida responsabilidades por sus actos, de acuerdo con la Constitución en su art. 117,1º que dice que son responsables, nunca terminaremos con la corrupción judicial. 

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