No somos nosotros quienes lo decimos. Nos limitamos a interpretar lo publicado recientemente por el diario digital Público.es. De la lectura del artículo sólo se puede interpretar que se está llevando a cabo todo un Golpe de Estado judicial para asegurar, en puestos de Altos Tribunales, a aquellos Magistradas o Magistrados que sean de la confianza de la mayoría que actualmente conforma el Consejo General del Poder Judicial.

Hemos hablado de ello en artículos previos de esta Asociación de Víctimas de Corrupción Judicial en artículo como «Abuso, mercadeo y trampas«, «El Consejo General del Poder Judicial abre la guerra entre los jueces«, «Consejo a galope tendido» o «Ruidos de sables entre los jueces«.

Como se puede interpretar, aparece como una estrategia bien planificada, que se ha estado organizando y llevando a cabo, en contra de la opinión generalizada de otros colectivos de jueces y magistrados, desde hace meses.

Don Carlos Enrique Bayo, periodista de Público.es introducía el artículo de Julia Pérez con el siguiente tweet:

Un artículo que tenía como titular:

Las afirmaciones que se contienen en el artículo son graves:

«El presidente interino, Carlos Lesmes, quiere aupar al Supremo a Concepción Espejel, magistrada con una mucha menor trayectoria que Ramón Sáez y recusada en el caso Gürtel por afectar su apariencia de imparcialidad debido a su relación con el PP. 

A estas plazas se presentan 28 candidatos. Para conseguir a Espejel, Lesmes habría pactado con un sector de la minoría progresista el nombramiento para el Supremo de Javier Hernández, presidente de la Audiencia de Tarragona (en funciones) o bien de José de la Mata, instructor en la Audiencia Nacional del caso Pujol o el 3% de Catalunya. La otra plaza iría a un presidente de tribunal superior de justicia: el de Andalucía, Lorenzo del Río, o bien el de Catalunya, José María Barrientos.

El CGPJ interino ha nombrado además a 28 altos cargos de la justicia que estarán en el puesto en los próximos cinco años, cuando es una competencia que correspondería al próximo Consejo, pendiente de ser nombrado desde hace más de un año por las Cortes Generales. Entre ellos se encuentran los presidentes de TSJ, de las audiencias provinciales y los presidentes de salas.»

En un reciente artículo publicado por el conocido periodista Melchor Miralles se hacía referencia a las vinculaciones entre el Tribunal Supremo y un caso de un presunto pederasta que está siendo judicializado en San Sebastián.

En el artículo se pone de relieve cómo Don Mario Díez -abogado de víctimas de abusos en el caso Kote Cabezudo, del que también les hemos hablado en el pasado– presentó una denuncia ante la Fiscalía en la Audiencia Nacional relativa a pornografía infantil y abusos sexuales. Meses después, cuando amplió la denuncia con más información y pidió información acerca del estado de la misma, le dijeron que su denuncia había sido destruida.

Una vez el abogado se enteró de aquello, presentó una querella criminal ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Don Javier Zaragoza Aguado.

Un año después de presentada la querella, se le comunicó la inadmisión de la misma porque, supuestamente, «los hechos referidos no son constitutivos de delito alguno«. El abogado ha recurrido la decisión de inadmisión y está pendiente de respuesta.

Un conocido Magistrado, Don Fernando Presencia, recientemente declaró para Diario16.com que:

Y decía textualmente: «Hay dos verdades absolutas que, juntas, se han convertido en el axioma de la lucha contra la corrupción. La primera es que es la corrupción judicial la que proporciona impunidad, asegura y da cobertura a todas las demás. La segunda es que detrás de toda trama corrupta hay un psicópata. Por eso, para que la lucha contra la corrupción sea realmente efectiva hay que empezar por los jueces, evaluando, identificando y expulsando de la carrera judicial al que resulte ser un psicópata». Hemos hablado del caso del Magistrado Presencia en nuestro blog, en el artículo: «Consecuencias por denunciar corrupción«.

Hemos hablado previamente también sobre corrupción judicial en este blog. Un ejemplo el artículo titulado «Corrupción judicial«, el titulado «Justicia y mafia» ó «A ese juez lo tengo untado«.

Doña Elisa Beni, una conocida periodista especializada en asuntos relacionados con Tribunales, en un reciente artículo publicado, calificó el sistema judicial español como un «sistema para robagallinas«. Es decir, interpretamos nosotros, no preparado ni útil para enjuiciar casos relacionados con corrupción «de altos vuelos» o «delitos de guante blanco«.

Hemos escrito en este blog también sobre lo ocurrido en el Juzgado de Sevilla que investiga los principales casos de corrupción ligados al anterior gobierno andaluz. Recordarán ustedes, entre otros, los artículo titulados: «Una juez víctima también» y «Curiosas interpretaciones de los jueces» en el que hablábamos de la Jueza Núñez Bolaños, que sustituyó a la Juez Alaya y comenzó a archivar investigaciones. Todos los Fiscales Anticorrupción de Sevilla presentaron una queja contra ella.

Pues bien, recientemente la prensa nos ha sorprendido con un titular parecido:

El artículo lo expresa con bastante claridad: «El caso más grave de corrupción del Ayuntamiento de Valladolid se instruyó tarde y mal. Además, no resuelve lo más importante: por qué y a cambio de qué el concejal de Urbanismo, el responsable del Área de Urbanismo y el Coordinador Técnico del Área falsificaron el PGOU para favorecer a una decena de empresarios. La caótica instrucción no sólo no despeja esa duda, sino que dejó fuera a funcionarios municipales y a una decena de constructores que se beneficiaron de las alteraciones subrepticias en la herramienta más importante de planeamiento urbanístico de una ciudad, el PGOU.«

En un artículo recientemente publicado por ABC, se ponía de relieve cómo funcionaba la trama de corrupción política y judicial en Cataluña:

«Piqué Vidal poseía una envidiable rapidez mental y una gran facilidad para la extorsión y el chantaje. Con Albert Garrofé, quedaban cada mañana para dar un paseo por Pau Casals –antes General Goded– y acababan desayunando en Can Jaume y decidiendo en ese mismo lugar a qué empresario iban a chantajear. El proceso era siempre el mismo: le daban el nombre del elegido al tercer socio de la trama, el juez Luis Pascual Estevill, que le amenazaba con la cárcel y el embargo de sus bienes y todo el mundo sabía en Barcelona que la única solución era contratar los servicios de Juan Piqué para pactar la cantidad que llevaría al magistrado a retirar los cargos.

No era un secreto que esto ocurría. No era un secreto para nadie. (…) En lugar de denunciarlo, Pujol optó por proponer a Estevill como vocal del Consejo General de Poder Judicial, para «sacárselo de encima», porque tanto su familia como destacados miembros de su gabinete tenían trapos sucios que el juez conocía y que temían que aireara si le enfadaban. En Cataluña hace décadas que cada trama tiene una trama superpuesta y es imposible encontrar un solo rincón libre de mancha.

Estevill cayó porque entre sus chantajeados, uno decidió plantarle cara. Fue el empresario José Felipe Bertrán de Caralt, considerado entonces una de las primeras fortunas de España. Aceptó ingresar en la cárcel Modelo de Barcelona, acusado de fraude fiscal y falsificación de documento. Piqué Vidal le había pedido 50 millones de las antiguas pesetas (300.000 euros) para Estevill, pero en lugar de pagar, Bertrán acusó al juez de prevaricación y éste fue el prinicipio del final del extorsionador. Lo que indignó al empresario no fue tanto la cifra, que no era dinero para él, sino que Piqué y Estevill acudieran a extorsionarle precisamente a él, que ya pagaba al abogado Javier Arraut para «tener contento» a José María Huguet, el entonces jefe de la inspección de Hacienda de Cataluña.«

Hasta qué punto hay confusión entre poderes en España, que un periódico digital, en estas fechas en las que escribimos este post y en las que todavía se están negociando las condiciones para obtener los votos necesarios para la investidura del Presidente del Gobierno, publicaba el siguiente titular:

Y esto, a pesar del reciente Informe publicado por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), que se elaboró antes del verano de 2019, pero para no afectar el resultado de las elecciones, parece ser que se guardó y no se publicó hasta pasadas las mismas. Se ponía de relieve, tal y como explica este titular, justo lo contrario de lo que se decía en el titular anterior

Este relato pretende ser una fotografía de algunas de las noticias que hemos recogido en estas últimas semanas. Seguiremos manteniéndoles informados.

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