Que en España la Justicia sufre el influjo directo de los aires políticos y que algunos Jueces, de una manera cada vez menos disimulada, basan sus decisiones más en influencias ideológicas o políticas, mas que en el imperio de la Ley, parece cada día más evidente. Jueces y políticos parecen compartir en muchas ocasiones, planes y estrategias y se echa de menos la independencia del Poder Judicial con respecto al Poder Político.

Los propios jueces llevan años clamando por el derecho a esa independencia con respecto del Poder Político, pero no parecen estar teniendo mucho éxito esas demandas.

Es un problema que parece cada vez más evidente y que, incluso, traspasa nuestras fronteras.

Recientemente el diario suizo Neue Zürcher Zeitung ha publicado un contundente artículo sobre la “justicia” española titulado:“Los jueces españoles bailan al ritmo de la política”.

El prestigioso medio helvético hace en el artículo un repaso sobre las polémicas decisiones de la justicia española y la mala influencia que reciben de los partidos políticos en determinados casos. Se debería esperar que los jueces resolviesen con total independencia, pero no parece ser así a la vista de los resultados.

«Cada vez más claroscuros en el poder judicial español – demasiada influencia de los partidos políticos en sus decisiones.» dice el diario suizo.

«Por todos es conocida la lentitud con que actúa el Poder Judicial español y que está completamente saturado. Sin embargo, durante mucho tiempo, los ciudadanos no fueron conscientes de la gran influencia de los partidos políticos en los más altos órganos judiciales.

Esto pareció cambiar recientemente con el nombramiento del Presidente del Consejo General del Poder Judicial. Este organismo és el que decide sobre el nombramiento de los jueces más importantes del país.

Pero apenas se hizo público el nombramiento de Manuel Marchena (un juez conservador del Tribunal Supremo) como Presidente del Consejo General del Poder Judicial, estalló la polémica en el Senado. Ignacio Cosidó, portavoz del Partido Popular en esta cámara, comunicó a sus 146 homólogos, que el nombramiento de Marchena les permitiría influir en los procesos judiciales contra los políticos corruptos de su partido, ya que ahora “podía controlar desde la puerta de atrás las decisiones de la Sala Penal del Tribunal Supremo”.

Este mensaje de texto fue publicado por el periódico “El Español”, e inmediatamente todos los medios de comunición españoles se hicieron eco del escándalo.

Mercadeo entre partidos:

También se oyeron críticas desde las filas de los jueces. Ramón Trillo, ex Presidente de una de las salas del Tribunal Supremo, protestó airadamente por el hecho de que cada vez más jueces están dirigidos por el “clan de los políticos”.

La interdependencia entre jueces y partidos políticos es extremadamente perjudicial para la reputación del poder judicial. De hecho el nombramiento de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial, es fruto de un mercadeo entre los principales partidos. Si se llega a un acuerdo para que la derecha eliga al Presidente, la izquierda puede entonces elegir a 11 de los jueces, es decir, la mayoría… y viceversa. Esto es lo que reflejaban los mensajes de texto de Cosidó.

El juez Marchena se vio obligado a no aceptar su nombramiento como Presidente del Consejo General del Poder Judicial. Como contrapartida exigió intervenir en el caso más explosivo de la justicia española, el proceso contra el exvicepresidente del Gobierno catalán y otros 17 independentistas catalanes. Está previsto que el juicio comience en enero.

Oriol Junqueras, en prisión preventiva desde hace más de un año, ya ha informado a sus abogados que recusará a Marchena por parcialidad. Otros cuatro acusados han seguido sus pasos. Marchena fue el protagonista de un pacto que tenía como objeto controlar el sistema judicial español.

La evidente proximidad de Marchena con un determinado partido político (Partido Popular) plantea serias dudas en cuanto a su neutralidad en este proceso. Los acusados basaron su recusación por parcialidad, basándose, entre otras cosas, en los mensajes de texto de Cosidó.

La situación no se presenta demasiado favorable para los políticos catalanes presos. En la instrucción de Pablo Llarena, también magistrado conservador del Tribunal Supremo, se les acusa de haber instigado una “rebelión” para conseguir la independencia de Catalunya. Llarena también los acusa de sedición y de malversación de fondos públicos en la organización del referéndum de autodeterminación del 1 de Octubre de 2017.

Sin embargo, incluso en España se ha desatado cierto malestar por la forma en que el Poder Judicial aborda el conflicto catalán. Hace unos días, 300 prestigios juristas y constitucionalistas españoles firmaron un manifiesto en el que calificaban de “error” el cargo de “rebelión” contra los independentistas catalanes y exigían su inmediata puesta en libertad.

Recientemente, una sentencia polémica y su rectificación repentina por parte del Tribunal Supremo causó una gran indignación. En principio, se adoptó la decisión que los gastos del registro de la propiedad para los contratos hipotecarios debían correr a cargo de los bancos, y poco después se corrigió la decisión en sentido contrario.

De este modo los bancos se ahorraron la devolución de las cantidades abonadas por sus clientes, que ascendían a varios miles de millones de euros “In dubio pro banco” (ante la duda, a favor del banco) ironizaron los medios de comunicación. “Con este veredicto damos la impresión de estar bailando al son que nos marcan los bancos”, admitió Nicolás Maurandi, uno de los 28 jueces del Tribunal Supremo.

Independencia amenazada.

El poder judicial español también ha sido ridiculizado en el extranjero. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo dictaminó en noviembre que el político vasco Arnaldo Otegi, que trabajó como mediador para miembros de la organización terrorista vasca ETA, no había tenido un juicio justo.

El Poder Judicial español se verá obligado a revisar el proceso y la inhabilitación a la que fue condenado y que todavía sigue en vigor.

El propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunció en contra de la sentencia del tribunal español que impuso una multa de 14.400 euros a dos jóvenes catalanes por quemar una foto del ex rey Juan Carlos I durante una manifestación.

Por otra parte, las autoridades belga decidieron proteger al rapero mallorquín Josep Miquel Arenas por supuestos insultos a “su majestad” y “enaltecimiento” de los crímenes de ETA. El joven, de 25 años y conocido con el nombre artístico de Valtonyc, no puede regresar a España porque sería detenido inmediatamente.

En su último informe, el Grupo de Estados contra la corrupción (GRECO), una organización dependiente del Consejo de Europa, criticó duramente la interferencia política y la opacidad en el sistema de nombramiento de los jueces españoles.

Recomendaron que al menos la mitad de los jueces sean elegidos por sus colegas y no por el Congreso de los Diputados o el Senado. Se consideraba que esta desafortunada práctica habia llegado ya hasta las provincias de España y que necesitaba ser corregida urgentemente.

GRECO también pido criterios objetivos en la selección de candidatos. Los doce miembros del Tribunal Constitucional español ni siquiera necesitan ser jueces, basta con que hayan seguido estudios jurídicos.

Cuatro de los miembros del Tribunal Constitucional, que se ocupa de las cuestiones legales más delicadas, son nombrados por el Parlamento, cuatro por el Senado, dos por el Gobierno, y únicamente dos por el Tribunal Supremo.

(Traducido por Xavier F. Domènech y obtenido de la web diario6.com)

De la cuestión relacionada con lo ocurrido en torno a los mensajes de texto enviados al Grupo Parlamentario del Partido Popular por parte de Don Ignacio Cosidó con referencia al nombramiento del Magistrado Don Manuel Marchena, hablamos también en nuestro artículo titulado: «Corrupción Judicial«.

Jueces y políticos, como decimos, parece que caminan unidos, pervirtiendo el deber de imparcialidad e independencia de los jueces.

Cuando escribimos estas líneas, estamos todavía pendientes de la Sentencia que deba dictar el Tribunal Supremo sobre el asunto del procès. Hablamos también de ello en nuestro artículo «Invitación a la reflexión«, en el que poníamos de relieve los Informes realizados por la organización International Trial Watch en los que se venían a poner de relieve las diferentes y presuntas violaciones de Derechos Humanos en el procedimiento. Un procedimiento con marcados tintes políticos, con independencia de las presuntas irregularidades o ilegalidades cometidas por los investigados en el mismo.

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