Algunas veces parece que para que los Jueces y Fiscales expresen sus verdaderas opiniones, deben abandonar la Carrera Judicial. Sólo entonces es cuando aparecen determinados testimonios a los que pensamos que se les debe dar credibilidad. Especialmente creemos que debe ser así cuando el testimonio viene de un ex Juez y de un ex Fiscal.

¿Por qué abandonó su carrera y su vocación? Lo desconocemos, pero nos atrevemos a suponer que fue -entre otros motivos seguramente- porque no debió encontrar ni las fuerzas, ni los apoyos necesarios para velar por el imperio de la Ley en España.

Ni es el único, ni será el último de los testimonio de este tipo de profesionales con el que nos encontraremos.

En este caso nos referimos a Don Ramiro Grau Morancho, ex Juez, ex Fiscal y actualmente abogado y Académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.

Si pinchan aqui, podrán acceder al Blog personal de Don Ramiro Grau. Podrán conocerle un poco mejor.

En este caso, sus opiniones las publica el diario digital Alerta Digital. Pueden leer el artículo pinchando aquí.

Lo reproducimos por su importancia.

Ramiro Grau Morancho*.- Hace años ya escribí de la existencia de “jueces instructores y jueces destructores”, que son aquellos que desde una supuesta instrucción se dedican a hundir personal, profesional y socialmente a los pobres desgraciados que caen en sus manos.

Voy a tener que republicarlo, pues es evidente que, por desgracia, sigue siendo un tema de excesiva actualidad.

Parece ser que hay personas que se refugian en un juzgado de instrucción para, y desde allí, proyectar su odio a todo el género humano, y especialmente a las personas de ideologías políticas distintas a la suya.

Y no es por nada, pero abundan más las mujeres que los hombres, que proyectan sus frustraciones personales, sus fracasos matrimoniales, su antipatía hacia los hombres, incluso su insatisfacción sexual, sobre los hombres que tienen la desgracia de caer en sus manos, ¿o debería decir en sus garras?

Algunos jueces, y muchas juezas de instrucción, siguen pensando que la letra con sangre entra, y que hay que mantener a los investigados el máximo tiempo posible en prisión, para “que canten”… ¡Tesis defendida por cierto por todo un presidente de audiencia provincial, próximo a Zaragoza!

El propio ministerio fiscal muchas veces colabora en esa tarea de “adobo” del investigado, ofreciendo a sus abogados su informe favorable a la puesta en libertad del preso preventivo, por su “colaboración” con la justicia, si canta La Traviata, y lo que haga falta, acusa a otras personas, aunque sean inocentes –eso es lo de menos-, etc.

En definitiva, tenemos un sistema de instrucción penal absolutamente impropio de un estado que dice ser social y democrático de derecho, desde hace 40 años, nada menos.

Pero la actuación de la juez doña María Isabel Rodríguez Guerola ya roza el rizo de la arbitrariedad, y digo arbitrariedad por no decir prevaricación, presunta, por supuesto, faltaría más, que yo me pongo los guantes antes de ir a mear, por lo que pudiera suceder.

Denegar el consuelo religioso a un interno hospitalizado, con una grave enfermedad que le tiene al borde de la muerte, como es don Eduardo Zaplana, e incluso la visita de un Príncipe de la Iglesia, a un fiel de la religión católica, que siempre ha hecho públicas manifestaciones de su fe y principios religiosos, se me antoja similar a la tortura medieval.

Pretender que vuelva a prisión, hasta que muera, cuándo aquí se libera a peligrosos asesinos etarras, para que puedan morir en paz, y con su familia, etc., cuándo no ha sido ni juzgado ni condenado –o absuelto, como es muy posible-,  y es más, previsiblemente, y por desgracia, nunca llegue a ser juzgado por los humanos, me parece digno de intervención del CGPJ.

Sí, ya sé que el CGPJ no puede inmiscuirse en la jurisdicción, pero una cosa son las resoluciones judiciales y otra bien distinta el maltrato a los investigados o acusados, presos preventivos, etc., el ejercicio arbitrario del Derecho y la prepotencia judicial.

Desconozco la situación personal y familiar en la vida de doña María Isabel Rodríguez Guerola, si lo que pretende es hacer carrera política, que otras han llegado a ministras de justicia con menos “méritos”, pero parece obvio que está dispuesta a seguir unida a don Eduardo Zaplana hasta que la muerte de don Eduardo les separe.

Urge reformar la jurisdicción, la prisión preventiva y el excesivo poder de los jueces de instrucción, muchos de los cuales se refugian en sus “juzgados de destrucción”, pues fuera del poder judicial no son nada ni nadie.

Rezaré por el señor Zaplana y por su pronta recuperación o, por lo menos, para que pueda morir en paz, y rodeado del cariño de sus seres queridos.

Es un derecho humano que toda persona merece.

*Ex juez y fiscal, abogado, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.”

Desconocemos desde esta Asociación los motivos por los que la Juez mantiene a este señor en prisión preventiva y en ningún caso nos pretendemos inmiscuir en un proceso que se mantiene actualmente bajo instrucción.

Lo que nos interesa de este artículo son las opiniones de Don Ramiro Grau acerca del funcionamiento de la Justicia y de determinados Jueces. Es lo que pretendemos poner de relieve.

El artículo refleja las opiniones de un ex Fiscal al que debemos, desde luego, presumir que conoce bien el funcionamiento de los Juzgados.

Lo que en él se dice se está convirtiendo en gritos para la sociedad civil.

Los ciudadanos empezamos a estar hartos de las presuntas irregularidades, ilegalidades y delitos -presuntos, por supuesto, tal y como bien viene a puntualizar Don Ramiro Grau en su artículo- que se cometen desde la administración de Justicia.

Y hartos de que todos ellos -o al menos la inmensa mayoría de los mismos- queden impunes.

Los que los cometen, Jueces y personal adscrito a la Administración de Justicia, no son perseguidos, no son investigados y mucho menos enjuiciados en la gran mayoría de los casos. Las investigaciones -si llegan a producirse- se archivan y si no se archivan, terminan en condenas nimias. Y, mientras tanto, la impunidad campa entre ellos.

¿Cómo pensar que terminaremos con la corrupción en España si a aquellos que deben actuar contra ella, cuando toman decisiones o dictan sentencias incorrectas no los perseguimos? Pueden presumir que no les pasará nada. ¿Por qué iba a actuar contra la corrupción cuando es ahí donde está el dinero y el poder en la inmensa mayoría de los casos?

¿Dónde quedó el cumplimiento de la literalidad del texto de nuestra Constitución en el artículo 117, 1º en el que claramente dice que los Jueces han de ser “responsables“?

¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo esto?

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