La prensa ha comunicado recientemente la apertura de juicio oral contra un nuevo Magistrado, Don Miguel Florit -y contra el Estado como responsable civil subsidiario- por la incautación de móviles a  redactores que cubrían el ‘caso Cursach’. Por tanto.. otro juez al banquillo. Y nos surge la pregunta habitual: ¿habrá más?.

La noticia la recogía Europa Press.

Una noticia que se venía a completar con otra aparecida días después.

Noticia recogida por el diario Público. En ella se afirmaba:

«Después de haber sido apartados de la causa e imputados por cuatro atestados policiales chapuceros de ser ellos los que formaban una «organización criminal» sui generis para encarcelar a un montón de supuestos inocentes que toda Palma de Mallorca sabía que formaban parte de la mafia de Tolo Cursach, el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán finalmente han pasado al contraataque. Y su ofensiva es demoledora: no sólo se han querellado contra el exjefe superior Antonio Jarabo, el comisario José Luis Santafé y el inspector-jefe Antonio Suárez –exjefe de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO)– por ordenar presuntamente que se falsificase un informe con el fin de destruir la investigación sobre la mafia policial balear, sino que hace sólo dos días han presentado un recurso en el que presentan unas acusaciones sin precedentes, al que ha tenido acceso este diario.

Este recurso de reforma sostiene que el procedimiento abierto contra ellos para apartarlos de la causa «está viciado completamente de nulidad» por numerosos motivos, empezando por la inconstitucionalidad de las resoluciones del juez Miguel Florit –hoy procesado ante el Tribunal Superior de Justicia por presunta prevaricación–, quien supuestamente cometió al menos tres delitos contra los derechos fundamentales de dos periodistas para incautarse de sus móviles y poner así en marcha la campaña contra los investigadores conocida como el «caso de los whatsapps».»

Como se puede apreciar, todo parece indicar que el Magistrado Don Miguel Florit, participó y utilizó su cargo de Juez para beneficiar a una supuesta trama mafiosa. Ahora es otro juez al banquillo.

Recientemente hemos conocido la sentencia contra el Magistrado Alba en el pleito entre él y la también Magistrada Victoria Rosell. Hemos hablado del caso anteriormente en artículos como «Un juez al banquillo…. ¿habrá más?«, «Justicia y mafia«, «Crueldad inusitada» y «¿Quién dice la verdad?«.

Como se puede leer en el encabezado del artículo de Público, el Magistrado Alba ha sido condenado en Primera Instancia a seis años y medio de cárcel, pérdida de su condición de Juez e inhabilitación durante dieciocho años. La sentencia no es firme y es de esperar que el Magistrado presente Recurso ante el Tribunal Supremo. De momento ha anunciado que además presentará una querella contra la Magistrada Victoria Rosell, que fue quien le acusó y a quien él, según la sentencia, claramente perjudicó en contra de la Ley.

Pero… no todo son condenas, ni caminos de un juez al banquillo.

También hemos conocido recientemente la presentación de una querella contra Doña Elena García Garde, Magistrada que ejerce su labor en los Juzgados de Majadahonda.

Tal y como describe el artículo de Ramba Libre:

«El querellante manifiesta en su querella que la denuncia de la Juez fue una denuncia falsa, hecho que reviste mayor gravedad aún dado que la juez sirve un Juzgado de Violencia de Género, y es hoy lugar común entre la ciudadanía que tal ámbito son numerosas las denuncias falsas.

La juez, en su denuncia del año 2016 sostenía que el denunciado (ahora querellante) señor Romeral, cometía actos de acoso al repartir a la entrada de los Juzgados folletos relativos al mal funcionamiento de los mismos. En la denuncia que presentó la magistrada, y luego en sus declaraciones como denunciante, sostenía que el Sr. Romeral había preguntado a una señora de la limpieza de los Juzgados si la magistrada trabajaba allí; sostuvo igualmente en instrucción que mientras el Sr. Romeral estaba a las puertas del Juzgado ella no podía salir ni a tomar café por temor a él; o que cuando terminaba su jornada laboral la alargaba para no coincidir a la puerta con el Sr. Romeral y antes de salir tenía que hacer que el guardia de seguridad mirara por las cámaras por ver si aún estaba el mismo en las inmediaciones del Juzgado.

Sin embargo, en el Juicio contra el Señor Romeral (que fue absuelto por medio de Sentencia de fecha 28 de noviembre de 2018) el personal de limpieza aseguró no solo que el Sr. Romeral no les preguntó nunca nada, sino que siquiera le conocía, y que, además, cuando llegaban al Juzgado la Juez ya no estaba, por lo que tampoco la conocían. El Guardia Jurado no dijo nada de que la Juez le hiciera mirar las cámaras por si el Sr. Romeral estaba en las inmediaciones; del mismo modo que aseguró que la Juez no cambió sus hábitos. Finalmente, varios agentes de la Guardia Civil, que de incógnito estuvieron vigilando esos días al Sr. Romeral, acreditaron que efectivamente la magistrada salía del Juzgado a tomar café.

Así, en el juicio contra el Sr. Romeral quedó demostrado que la Juez había mentido, según se sostiene en la querella, y que lo hizo con objeto de que el comportamiento del Sr. Romeral pudiera ser subsumido en un tipo penal. Y es que sin esos detalles que luego se demostraron falsos el comportamiento del Sr. Romeral no era delito, pero si esos detalles se hubiera confirmado si lo hubiera sido.»

Parece que las pruebas son inequívocas. La pregunta que nos surge es… ¿se aceptará la querella a trámite? ¿Querrán los compañeros jueces de esta Magistrada investigar estos presuntos delitos, que por lo demás, parece que están probados?

Será, en pocas palabras, ¿un juez al banquillo u otro juez impune?

El caso de esta Magistrada no es el único caso que conocemos que está pendiente de resolución. Recientemente se ha publicado el caso de una Juez de Paz que abiertamente mintió acusando a su marido y para hacerlo utilizó al hijo de ambos de escasos meses de edad.

Lo publicaba el diario La Razón.

Y siendo llamativo ya de por sí el titular de la noticia, lo que dentro de la misma aparecía como incluso más llamativo es la actitud pasiva del Consejo General del Poder Judicial ante semejante actuación:

«La condición que ostenta, aunque por poco tiempo, de jueza de paz de un municipio de Jaén no resultó ningún obstáculo para que intentara por todos los medios alejar a su hija de apenas 15 años de su padre, del cual se había separado poco antes, aunque para ello denunciara que la pequeña podía haber sido objeto de abusos sexuales por su ex marido con pleno conocimiento de tal hecho era falso. Ello ha derivado en que un juzgado de lo Penal de Jaén le haya condenado (a la jueza) a seis meses de cárcel y una multa de algo más de dos mil euros. Consecuencia de esta condena, el Consejo General del Poder Judicial ha iniciado los trámites para suspenderla provisionalmente, al menos hasta que la Audiencia Provincial resuelva el recurso interpuesto. Esta decisión fue acordada por la Comisión Permanente del pasado día 12 y ha dado traslado a la Fiscalía y a la propia interesada para que se pronuncien a tal efecto. Sin embargo, en estos casos no hay dudas ni margen para la interpretación, y una condena conlleva una suspensión. De hecho, esa medida, según fuentes jurídicas, se debería haber adoptado cuando se acordó por el juzgado de Instrucción la apertura de juicio oral. Si la Audiencia de Jáen confirmase la condena perderá su condición de juez de paz.»

Los Jueces de Paz no pertenecen a la carrera judicial, pero «son nombrados por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia por un periodo de cuatro años. Prestan juramento ante el Juez de Primera Instancia e Instrucción. Cesan por las mismas causas que los Jueces de carrera en cuanto les sean de aplicación» tal y como explica el portal del propio Consejo General del Poder Judicial. Es decir, hacen un papel equivalente al de los Jueces, están tutelados por los mismos y por tanto tienen unas prerrogativas y también unas obligaciones y responsabilidades equivalentes a las de un Juez.

Por lo que podemos leer.. sorprendente. Estamos hablando de Jueces que utilizan su condición para abiertamente mentir y buscar condenas a inocentes.

Pero el asunto no termina ahí.

Conocemos casos en los que jueces de un Tribunal Superior de Justicia, se niegan a investigar a otros jueces, a pesar de la clara evidencia de las pruebas. Esto, entendemos que es mucho más grave.

En el así llamado «Caso Pocoyo» presentado por esta Asociación a través de un artículo, recientemente, una de las víctimas presentó querella criminal contra dos juezas que habían participado en el procedimiento.

Aportó las pruebas a la denuncia. Pruebas documentales que venían a sustentar todas y cada una de las acusaciones y que, como mínimo, deberían ser consideradas como indicios de delitos. Como tales, elemento necesario para poder dar apertura y comienzo a una investigación. Según la Ley debería ser de obligatorio cumplimiento por parte de los Jueces dar comienzo a una investigación. De manera muy especial además en este caso en el que las presuntas delincuentes son Jueces.

¿Qué hicieron los Magistrados que estaban llamados a decidir si investigaban o no? Desestimar la querella. ¿En base a qué? En uno de los casos, no aceptar las pruebas que son esenciales y nucleares, obtenidas todas ellas de manera legal, y en el otro caso, simplemente negar la evidencia.

¿Un juez al banquillo? No.

Dos juezas hasta ahora exculpadas. Impunes. Que destrozaron con sus disposiciones y actuaciones la vida de diferentes personas y sus compañeros las dejan libres de sospecha. Decimos «hasta ahora» porque a la hora de escribir estas líneas se está pendiente de la resolución del recurso presentado.

Sorprendente.

O… ¿no tanto?

En un reciente artículo publicado por nosotros bajo el título «Corrupción judicial«, traíamos al lector un artículo publicado hace más de once años por el ilustre abogado Don Luis Bertelli . En el año 2008.

En ese artículo describía el letrado la actuación típica de los jueces frente a denuncias contra otros jueces. Extractamos del artículo citado:

«5º) Y si una persona de forma responsable, plenamente acertada y ajustada por completo a la legalidad, se atreve a denunciar de forma reiterada los comportamientos ilegales que sufre o que presencia de los integrantes de la magistratura española, es objeto de tremendas represalias por el conjunto de la judicatura (hay por supuesto jueces que no participan en tan deleznable persecución). 

Las querellas que esa persona presente se inadmitirán a trámite, como decimos sucede, pero se decidirá además ir contra ella por «acusaciones falsas». 

Y en tales procesos kafkianos no le permitirán obviamente demostrar la verdad de sus imputaciones, negándosele toda la prueba que solicite. 

Se encontrará además indefensa porque le resultará imposible contar con un abogado que la defienda y tendrá que enfrentarse en solitario al desaliento que supone ver a unos jueces actuando extramuros de la legalidad y con absoluta impunidad, conscientes dichos jueces de que hagan lo que hagan, no les sucederá nada. 

6º) Los órganos y autoridades del Estado que tienen como primera misión respetar la Constitución y los derechos de los ciudadanos (entre otros la Corona, el Gobierno, los propios tribunales, el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo y demás instituciones estatales y autonómicas), cuando conocen las quejas de los justificables por comportamientos supuestamente prevaricadores de jueces y magistrados, no cumplen con la obligación que les viene impuesta por la Ley Orgánica del Poder Judicial de poner tales hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, para que éste ejerza la correspondiente acción penal.

Y también es inusual que el Ministerio Fiscal interponga demandas, querellas o recusaciones contra jueces o magistrados, oponiéndose sistemáticamente a las que promueven los particulares.«

Exactamente lo que está ocurriendo actualmente en ese «Caso Pocoyó» del que les hablamos y lo que ocurre en otros muchos casos. Algo descrito con detalle ¡¡hace once años!!.

Aún así, esta Asociación sigue confiando en la Justicia y confiando en los miles de jueces honestos, que trabajan de manera responsable, imparcial e independiente, sólo guiados por el imperio de la Ley.

Es por ellos por quienes, además de por las víctimas, ponemos de relieve estas execrables actuaciones de determinados jueces y magistrados.

Son unos pocos los que destruyen la imagen de la Justicia. Los que destruyen el prestigio de la Carrera Judicial y desmoralizan y agotan a los miles de Jueces que día a día se dejan su vida por hacer con excelencia el trabajo que tiene encomendado.

No podemos, ni debemos, quedarnos en silencio.

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