El pasado martes 20 de noviembre, el Comité de Asuntos Legales del Parlamento Europeo aprobó el borrador que establecerá la legislación destinada a garantizar que los denunciantes dentro de la Unión Europea podrán informar y reportar infracciones de la Ley en Europa en el área de evasión de impuestos, corrupción, protección del medio ambiente y seguridad y salud pública, sin temer represalias o intimidación. El Comité de Asuntos Legales aceptó que estas mismas medidas de protección deberán aplicarse también a aquellas personas que asistan al denunciante. Por ejemplo, periodistas.

Mecanismos seguros para reportar

Para asegurarse que los potenciales denunciantes puedan sentirse seguros y sean conscientes de la existencia de los canales para denunciar, el Comité de Asuntos Legales acordó que:

  • Los Estados Miembros sean requeridos para asegurar que los sectores privados y públicos establezcan los canales de denuncia adecuados, internos y externos.
  • Los organismos creados para ello deberán asegurarse que el denunciante sea notificado que su denuncia ha sido recibida en no más de una semana, mientras que el informe sobre seguimiento de la denuncia deberá recibirse no más tarde de dos meses tras ser recibida la denuncia
  • Será el denunciante quien decida el canal más apropiado para denunciar, ya sea externo o interno, dependiendo de las circunstancias.

Prohibición contra represalias y apoyo

El texto acordado prohíbe explícitamente represalias y los Estados Miembros deberán tomar las salvaguardas necesarias contra las represalias hacia los denunciantes. El Comité de Asuntos Legales también urge a los Estados Miembros para que provean de información y asesoramiento de manera gratuita tanto legal, como financiero y psicológico.

Cita

La eurodiputada frances presentadora de la iniciativa Virginie Roziere dijo:

«Tras los recientes grandes escándalos como Luxleaks y las grandes dificultades a las que se enfrentan los denunciantes en Europa, esta Directiva protege a los individuos que vienen a denunciar mucho mejor de lo que se hacía hasta ahora. El Parlamento ha introducido mejoras significativas al texto inicialmente presentado por la Comisión. La creación de una autoridad pública en cada Estado Miembro, individual y fácilmente identificable, que vendrá además a ofrecer asesoramiento gratuito a aquellos que están pensando denunciar o ya lo han hecho, unido a la asistencia legal y financiera, son escalones importantes para asegurar que protegemos eficientemente el derecho a hablar libremente»

Siguiente pasos

El texto ha sido adoptado con 22 votos a favor y ninguno en contra y con una abstención. La decisión para comenzar las negociaciones fue aprobada por 22 votos, ninguno en contra y dos abstenciones. Una vez que el Plenario del Parlamento ha avalado el mandato negociador, las conversaciones entre el Comité de Ministros de la Union Europea podrá comenzar para poder llegar a un acuerdo sobre la forma final que tendrá la Legislación a establecer.

Pasado

Actualmente la protección a denunciantes está fragmentada o es sólo parcial entre los Estados Miembros. Son sólo 10 países los países de la Unión Europea (Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Países Bajos, Eslovaquia, Suecia y UK) los que proveen una protección legal exhaustiva a los denunciantes.

La propuesta legislativa de la Unión Europea da continuidad a la Recomendación sobre Protección a Denunciantes del Consejo de Europa y a la Resolución del Parlamento Europeo de 24 de Octubre de 2017 sobre Medidas Legítimas para proteger a denunciantes.

Un estudio llevado a cabo en 2017 por la Comisión estimó que las pérdidas de beneficios potenciales debido a la falta de protección para los denunciantes, sólo en cuanto a recursos públicos, está entre 5.8 y 9.6 Billones de Euros cada año en la Unión Europea como conjunto.

Pueden ver la Nota Emitida por el Parlamento Europeo pinchando aqui.

El grupo Europeo de los Verdes publicó la siguiente noticia completando la información. Puede verla pinchando aqui.

Traducimos su contenido:

Grandes noticias para los denunciantes: 

  1. Fuertes medidas de protección contra represalias: Está prohibido represaliarse contra un denunciante, ya sea en el puesto de trabajo o fuera de él. Habrá sanciones para aquellas personas que pretendan prevenir a denunciantes para que no hablen y también para aquellas personas que pongan en marcha procedimientos vejatorios -por ejemplo ante los Tribunales- contra los denunciantes. Además, toda aquella persona que tome medidas contra el denunciante será quien deba probar que dichas medidas no son una consecuencia directa de la denuncia. Además, los jueces podrán inadmitir casos contra denunciantes por ejemplo, en caso de difamación, copyright, secretos profesionales o peticiones de compensaciones por parte de terceras personas. Los Denunciantes podrán también solicitar medidas de compensación contra represalias y medidas cautelares hasta que el caso sea visto. En el voto de hoy, el Parlamento ha añadido también la obligación para los Estados Miembros de establecer medidas de tal forma que aquellos Denunciantes que sufran, puedan presentar reclamaciones por la pérdida de ingresos presentes y futuros así como por otros daños. Por otra parte, el Parlamento también ha mejorado la situación de los Denunciantes quitando el lenguaje puesto por la Comisión acerca de sanciones por denuncias «maliciosas o abusivas» y lo ha transformado en algo mucho más objetivo, de tal manera que sólo habrá sanciones para aquellos que presenten denuncias «falsas de manera consciente». 
  2. Más libertad para denunciar: Las buenas noticias para los Denunciantes son que los «tres pasos» estrictos establecidos por el sistema de la Comisión, que obligaban primero a los Denunciantes a hacerlo ante sus jefes a no ser que cumplieran una de las excepciones, han desaparecido. Aquellos que tengan algo que denunciar podrán hacerlo directamente ante las autoridades competentes o ante los reguladores, si no se sienten cómodos de hacerlo internamente.  Las restricciones establecidas en cuanto a denuncias públicas, por ejemplo a través de los medios de comunicación, también se han suavizado, de tal manera que las estrictas excepciones establecidas originalmente por la Comisión para justificar denuncias públicas, se han convertido en una lista no exhaustiva de ejemplos y la carga para el Denunciante es mucho menor de lo que lo era anteriormente (los Denunciantes sólo necesitarán una «creencia razonable» de que tenga sentido el que se hagan públicas).
  3. Está permitido denunciar de manera anónima: Las denuncias anónimas también deberán ser investigadas si se hacen de manera interna y tampoco las autoridades competentes podrán ignorarlas, siempre y cuando la Ley nacional lo permita. Si alguien presenta una denuncia de manera anónima pero luego su identidad es revelada, deberá ser protegido como cualquier otro Denunciante. 

Grandes noticias para periodistas

Se ha producido una victoria sorpresa hoy para aquellos de nosotros que queríamos que aquellos periodistas que deciden informar acerca de los Denunciantes no sufran como resultado (por ejemplo Edouard Perrin que reportó el caso Luxleaks y fué llevado a juicio en Luxemburgo). Al final, ha habido un sentimiento mayoritario para asegurar la protección a los periodistas, como a los Denunciantes, cuando publican noticias importantes. 

Protección para colegas o individuos que trabajan en ONG’s

Aunque queríamos proteger de manera completa a aquellas ONG’s que trabajan con denunciantes, no ha existido mayoría en torno a este punto y se ha logrado proteger tan sólo a los individiuos que trabajan para las ONG’s. Aquellos colegas que ayudan a un Denunciante en su proceso de denuncia, estarán protegidos de la misma manera que lo están los Denunciantes. 

Una victoria para los derechos de los trabajadores

Si los Denunciantes reportan violaciones de las Leyes de la Unión Europea en lo referido a la salud y la seguridad de los trabajadores, a sus condiciones de trabajo, a los derechos de información y de consulta de los trabajadores y también al derecho de igualdad entre hombres y mujeres en el puesto de trabajo, también estarán protegidos a partir de ahora. La propuesta de la Comisión incluía muchas áreas importantes como intereses financieros de la Unión Europea, contrataciones públicas, servicios financieros, prevención y blanqueo de capitales, financiación de terrorismo, seguridad de los productos, seguridad del transporte, protección del medio ambiente, seguridad nuclear, seguridad alimentaria, salud y bienestar de los animales, salud pública, protección a los consumidores, protección de la privacidad y de datos personales, seguridad en la red de sistemas de información e infracciones tributarias de las empresas. En cualquier caso, había una exhaustiva lista de legislación europea sobre la que los Denunciantes estarán protegidos al denunciar (en un anexo) y con el voto de hoy, el Parlamento lo ha transformado en una lista no exhaustiva, que deja por tanto abiertas las posibilidades de denunciar y reduce posibles confusiones. Los Sindicatos y otros representantes de los trabajadores podrán tambien acompañar y dar soporte a los Denunciantes durante el proceso de denuncia. 

¿Qué pasa con los secretos comerciales?

Si una persona denuncia, aunque venga a revelar secretos comerciales, también estará protegida si se cumplen las condiciones incluidas en la Directiva de Protección a los Denunciantes. 

Malas noticias para las ONG’s

Como se ha mencionado brevemente más arriba, las ONG’s y equivalentes no estarán cubiertas por la protección de la Directiva. Lo que es todavía peor, han sido casi excluidas del texto. Había un artículo, por ejemplo, en la propuesta original de la Comisión en el que se mencionaba a las ONG’s como posible parte independiente que podría recibir denuncias o asistir a Denunciantes. Pero esto creó controversia y al final fue removido. La esperanza es que por la vía de no regularlo de manera específica, nada cambiará sobre el terreno, pero encontramos esto como la parte más insatisfactoria de la votación llevada a cabo en el día de hoy. 

Siguientes pasos

Ahora el Parlamento está listo para entrar en negociaciones. Estamos sólo esperando al Consejo de la Unión Europea (formado por todos los gobiernos de la Unión Europea) para que aporte su posición al respecto, de tal manera que las tres Instituciones puedan comenzar con las negociaciones «tripartitas». El Consejo está intentando encontrar un acuerdo común para antes de final de año, de tal manera que las negociaciones puedan llevarse a cabo durante la Presidencia Rumana, comenzando en Enero del próximo año. Esperamos que el Gobierno de la Unión Europea sea ambicioso en el nivel de protección que quieran dar a los Denunciantes. Con la fecha tope que establecen las próximas elecciones europeas, debería haber un acuerdo en Febrero para que el plenario del Parlamento Europeo pueda adoptar la Directiva en Marzo o Abril de 2019.»

Pueden ver la propuesta original de la Comisión para una Directiva Europea relativa a la protección de personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, pinchando aqui.

Y pinchando aquí las votaciones y cambios aprobados tras la votación del Parlamento Europeo.

Curiosamente, han sido pocos los medios de comunicación en España los que han recogido la noticia.

En este sentido nos parece importante poner de relieve algunos titulares:

 

Artículo que pueden leer pinchando aquí.

De este artículo nos gustaría poner de relieve el siguiente contenido:

«…Denunciar la corrupción en España es un acto casi suicida, sobre todo si el denunciante se encuentra dentro de la administración. Son muchos los ejemplos, como el de la Sargento Primero de la Guardia Civil, María Serrano, que lleva años acosada por su propio cuerpo por denunciar los actos corruptos de un subordinado. En las Fuerzas Armadas contamos con el caso del Teniente Luis Segura que, no sólo fue expulsado del Ejército, sino que el aparato corrupto del Estado ha convertido su vida en un infierno. Lo mismo ocurre en la Justicia. El juez Fernando Presencia denunció la corrupción existente en el tercer poder y está sufriendo la venganza de todo el entramado que dirige el Poder Judicial, llegando a producirse situaciones tan esperpénticas como que se dicta sentencia contra Presencia por ir muy rápido en su el cumplimiento del deber. Nombres hay muchos: Ana Garrido, Azahara Peralta, Roberto Macías, Fernando Clemente o Maite Morao. Sin embargo, todos tienen algo en común: su vida se ha convertido en un infierno por haber dado ese paso adelante, por denunciar la corrupción.

España es el país más corrupto de Europa y la reacción del Estado ante quienes pretenden con su denuncia terminar con esta lacra son tratados como criminales por los verdaderos delincuentes. El problema de España con la corrupción es que está institucionalizada, es sistémica, y quienes tienen el valor de denunciarlo se enfrentan a la ejecución más cruel del poder, se les inhabilita para poder desarrollar su vida. No sólo terminan con sus carreras, sino que impiden que puedan volver a iniciar una nueva vida. No se perdona a quienes tienen el valor de denunciar tipos de corrupción que están instalados dentro del sistema, sino que se les fustiga y sufren una represión constante que se convierte en un muro infranqueable, dejándolos en un limbo del que es muy complicado salir.

 

Pueden ver el artículo de La Vanguardia pinchando aquí.

Pueden ver el artículo de Confilegal pinchando aquí.

De este artículo nos gustaría destacar la siguiente información:

«…En el plano legal, el 15 de septiembre de 2016, el grupo parlamentario de Ciudadanos presentó una proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, nº 122/000022, que fue tomada en consideración en votación plenaria de 21 de febrero 2017 por 337 votos a favor y cinco abstenciones, pero cuya tramitación efectiva se alarga desde entonces.

Actualmente está en fase de ampliación de enmiendas desde noviembre del año pasado.

En el mismo sentido, la Memoria Anual del Ministerio Público 2017 pedía modificar la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección de testigos y peritos en causas criminales, como han recomendado Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y Transparencia Internacional, recordando que la Comisión Europea, ya en febrero de 2014, dijo que “España no dispone de normas específicas que protejan a los denunciantes” y que “las reformas legislativas previstas no llegan aún a establecer mecanismos de protección eficaces”.

De hecho, en dicha ley no se contempla la posibilidad de incentivar económicamente a los denunciantes, y únicamente se prevén ciertos incentivos laborales a los que pueden optar los funcionarios por el hecho de comunicar alguna irregularidad.

El Ministerio Público hace hincapié en la memoria en el hecho de que quien ha tenido conocimiento de un delito de corrupción, aunque no haya participado en él, no suele denunciarlo.

Ni tampoco quien ha recibido un soborno, “bien por desconfianza en la justicia” o por “la inexistencia de una regulación protectora específica” que hace “muy difícil confiar en una denuncia” por temor a sufrir algún tipo de represalia.

Esta  necesaria reforma de la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales, está también entre las recomendaciones contenidas en el Informe anual correspondiente al año 2017 del Defensor del Pueblo y es, asimismo, una de las propuestas de la ministra de Justicia Dolores Delgado, en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el pasado día 11 de julio, durante la que explicó que es imprescindible actualizar la norma y reforzar las acciones del Estado para asegurar la integridad de todos aquellos que colaboran con la Justicia.

La ministra también recordó en la Comisión de Justicia que la Cámara Baja está tramitando la Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, porque se hace imprescindible implantar instrumentos que protejan a “aquellos que en un ejercicio de responsabilidad ciudadana se atreven a dar el paso de alertar sobre la comisión de delitos relacionados con la corrupción”.

Delgado destacó que es urgente modificar la ley de 1994 que regula la protección de testigos para incluir a los denunciantes de los casos de corrupción a fin de  “frenar el aumento de las intimidaciones o el miedo a sufrir represalias”.

De hecho, algunas Comunidades Autónomas han dado ya pasos en este sentido, como las disposiciones sobre protección del denunciante de las Normas de Actuación de la Oficina Antifrau de Cataluña; una ley de la Comunidad Autónoma de Castilla y León que establece garantías para los informantes sobre hechos relacionados con la Administración y, en la Comunidad Valenciana, una ley de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción que otorga un estatuto particular al denunciante…»

Es importante también poner de relieve unas recientes declaraciones del Fiscal Anticorrupción, Don Alejandro Luzón, publicadas por El Confidencial:

Se pueden leer pinchando aquí.

Del artículo recogemos lo siguiente:

«…Según Luzón, esta es una lacra que impide luchar con mayor eficacia contra los delitos económicos, ya que la protección de los denunciantes es “escasa”. Luzón reconoce la importancia de la directiva comunitaria que comenzó a tramitarse en abril, y que parte de una realidad. Como dice la propuesta de directiva, las personas que trabajan en una organización o están en contacto con ella por razones laborales “son a menudo las primeras en tener conocimiento de tales hechos y, por lo tanto, se encuentran en una posición privilegiada para informar a quienes pueden abordar el problema”.

Esta falta de protección, según Luzón, es un problema real que, hasta ahora, sin embargo, ha sido desatendido por el legislador español. De hecho, la proposición de ley que presentó Ciudadanos en septiembre de 2016 no ha tenido por el momento consecuencias prácticas después de 25 ampliacionesde enmienda y pese a ser tomada en consideración…»

Desde esta Asociación confiamos en que esta Directiva se convierta en una realidad a la mayor brevedad posible. Y que se termine con la práctica habitual en España que denunciaba Diario 16:

«…Denunciar la corrupción en España es un acto casi suicida… todos tienen algo en común: su vida se ha convertido en un infierno por haber dado ese paso adelante, por denunciar la corrupción.

España es el país más corrupto de Europa y la reacción del Estado ante quienes pretenden con su denuncia terminar con esta lacra son tratados como criminales por los verdaderos delincuentes. El problema de España con la corrupción es que está institucionalizada, es sistémica, y quienes tienen el valor de denunciarlo se enfrentan a la ejecución más cruel del poder, se les inhabilita para poder desarrollar su vida…»

El Confidencial lo resumía con este ilustrativo titular:

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