Vuelven a saltar noticias sobre malas decisiones judiciales. Una vez más recordamos que queremos a los jueces responsables de sus actos. ¿Por qué los jueces son diferentes al resto de los ciudadanos? ¿Por qué a ellos no se les pide responsabilidad, no se les exige responsabilidad sobre sus decisiones?

No podemos dejar de recordar dos importantes artículos de nuestra Constitución.

El artículo 14 dice lo siguiente:

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”

Y el Artículo 117 1º:

La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”.

Es decir:

  1. Todos somos iguales ante la Ley

  2. Los jueces -que deberían ser iguales a nosotros- son responsables de sus actuaciones

¿Por qué no se les exigen responsabilidades ante sus errores?

Hoy saltaba una noticia que ya había aparecido en días anteriores:

En la noticia se explica que:

«…En el Juzgado de Violencia sobre la Mujer constan dos procedimientos contra el supuesto asesino. Uno se abrió en enero, tras recibir un parte médico. El otro, en febrero, se inició tras la denuncia de la madre y expareja por amenazas. Ambos se archivaron a petición del fiscal y de la propia víctima, que se había acogido a su derecho a no declarar. La mujer pidió una orden de alejamiento, que le fue denegada en dos ocasiones por el fiscal y el juzgado. Tras esa negativa, la denunciante recurrió la decisión judicial, pero mientras se tramitaba su recurso desistió de seguir pidiendo la orden de alejamiento. Se mantuvo como acusación particular en el procedimiento por amenazas hasta el pasado mayo, cuando concluida la instrucción ella y el fiscal pidieron el archivo de la causa…»

¿Qué NO ocurrió para que el hombre pudiera asesinar a sus hijas?

Este otro artículo se explica claramente:

«…La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Castellón rechazó el recurso de la madre de Nerea y Martina, las niñas asesinadas presuntamente por su padre el pasado martes, a la decisión de denegarle protección al considerar que el hombre no estaba amenazando a las niñas y al advertir incoherencias de la Itziar tanto en su relato de los hechos como en sus conductas hacia su marido.

La juez también reseña que la madre «no fue persistente en su relato» ante el juzgado de guardia, con fechas equivocadas y cambios de versión, y le llama «poderosamente la atención» que no pidiera ante ese juzgado medidas de protección para ella, sino solamente la suspensión del régimen de visitas del padre con las menores…»

¿De verdad se puede pensar que una persona que está siendo amenazada y que se siente atemorizada, puede prestar una declaración que sea plenamente consistente, como si no le estuviera ocurriendo nada?

Y no es que no existieran pruebas…

«…La madre de las niñas presentó una denuncia por amenazas el 24 de febrero en la que decía que el hombre, Ricardo, amenazó con matarla a ella y a las pequeñas, de seis y tres años, en una cafetería de Castellón. El juzgado de guardia celebró una vista, según el presidente de la Audiencia de Castellón, José Manuel Marco, en la que ella pidió «la suspensión del régimen de visitas», a lo que el fiscal se opuso y «no pidió orden de alejamiento».

El 27 de febrero, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer volvió a citar a los afectados y en esa ocasión el fiscal y la mujer solicitaron una orden de protección de alejamiento de 250 metros, lo cual denegó la juez. La fiscalía se opuso al recurso que presentó la mujer ante esa denegación y pidió que se confirmara el auto, lo que finalmente hizo la juez en su escrito del 6 de abril, donde señala que en ese momento procesal, la instrucción había avanzado y tras requerir a la denunciante que aportara las grabaciones de las conversaciones a las que aludía en su denuncia, los indicios de criminalidad contra el marido eran «más bien endebles»…»

Desde 2013, cuando se empezó a contabilizar también a los hijos como víctimas de violencia machista, han sido asesinados 27 menores. Este 2018 se ha confirmado un caso en Almería. Otros dos están en investigación.

No creemos desde luego que se deba criminalizar a los ex maridos por meras sospechas. Sin embargo en este caso parece que había pruebas más que consistentes como para, al menos, haber concedido a la mujer lo que pedía: una orden de protección de alejamiento de 250 metros. La Jueza y el Fiscal no le hicieron caso.

Algo muy diferente a lo que, sin embargo, le sucedió a Mariano Orta y de lo que hemos dado rendida cuenta en nuestro Post «Mariano Orta: un nuevo caso de tortura» que podrás leer pinchando aqui. A Mariano lo encarcelaron -un ciudadano que nunca antes había tenido problemas con la Justicia, abogado y con 66 años- sobre la base de un mera denuncia de su ex esposa de la que llevaba más de cinco años separado. Una denuncia sin prueba alguna. Todo parece indicar que detrás estaban sus persistentes denuncias contra la corrupción de algunos jueces.

Viene, sin lugar a dudas, esta información a estar en relación con esta otra noticia también conocida hoy a través de Diario16.com:

De esta noticia no podemos dejar de citar lo que se dice en referencia a la denuncia presentada por la Asociación Preeminencia del Derecho:

«…Según la asociación que dirige José Luis Mazón, aunque los hechos hayan prescrito, lo cual afectaría solo a una posible sanción, “ello no es óbice para que se abra una investigación”. “Es una vergüenza supina que estas cosas salgan a la luz pública y que no sean investigadas, como aquel otro caso promovido ante esta misma instancia, que se negó a investigar sobre aceptación de invitaciones a gastos pagados de magistrados de la Audiencia Nacional a viajes de vacaciones con pareja incluida a los Estados Unidos sufragados por el departamento de Estado de dicho país, magistrados que luego del agasajo examinan los pleitos –extradiciones y otros– afectantes al Estado benefactor. Y claro, cómo no, siempre gana, pues el que obsequia es favorecido”, asegura la denuncia de Preeminencia del Derecho a la que ha tenido acceso Diario16….»

Otro caso sobre el que consideramos que merece la pena llamar la atención es el de la Jueza titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Lugo, Doña Pilar de Lara, en el que se instruyen macrocausas como Pokémon, Carioca y Cóndor. 

Si se examina la prensa se podrá ver cómo esta Jueza se ha visto en los titulares de las noticias con información que claramente provenía de aquellos a los que estaba o está investigando.

Después de años larguísimos de instrucción, según parece por lo que se publica en muchos medios, están apareciendo gravísimos errores en la instrucción, se están archivando casos después de años de mantener investigados a personas a las que se les ha sometido durante estos años a un juicio mediático paralelo y están en riesgo importantes macrocausas por las irregularidades cometidas en su tramitación.

Como explica este artículo de La Voz de Galicia:

Las investigaciones de la jueza Pilar de Lara (Carioca, Pokémon, Pikachu, Manga) han puesto patas arriba muchas instituciones. Entre el 2011 y el 2014 su lucha contra la corrupción transformó el panorama político gallego. Alcaldes, exalcaldes y concejales como Orozco (Lugo), Francisco Rodríguez (Ourense), Conde Roa y Currás (Santiago), Adolfo Gacio (Boqueixón) y Julio Flores (A Coruña), entre otros, se vieron en dificultades por las investigaciones de la jueza. Muchos se sienten indefensos al llevar varios años bajo la lupa de De Lara. «¿Es esto la Justicia democrática?», se pregunta Orozco, cinco años después de su primera declaración ante la jueza.

PAULA PRADO

Caso archivado. Otra investigación llevó al banquillo a Paula Prado, diputada y portavoz del PP en el Parlamento gallego. Su carrera se frenó en seco. Al cabo de dos años, el Tribunal Superior archivó el caso.

CASO JOSMÁN

Caso Archivado. Uno de los casos más llamativos. La jueza enfiló al ahora conselleiro José Manuel Rey por una grabación telefónica cuando era alcalde de Ferrol. Meses después se comprobó que la voz que se oía no era la de Rey Varela. 

REGALO DE BOTELLAS DE VINO

No había delito. De Lara implicó al eurodiputado José Blanco(PSOE), al senador José Manuel Barreiro (PP) y al presidente de la Xunta, Núñez Feijoo, y a su vicepresidente, Alfonso Rueda. Fueron investigados por el Supremo (Blanco y Barreiro) y por el Tribunal Superior de Xustiza (Feijoo y Rueda) por haber recibido cajas de botellas de vino enviadas en Navidad por el presidente de Monbus, Raúl López. Ambos casos fueron archivados al no ver delito en esos regalos.

La información se completa por este otro artículo también de La Voz de Galicia:

CARIOCA

El mundo de la prostitución. De las macrocausas que convierten el juzgado de Pilar de Lara en el primer centro de interés judicial de Galicia, la que se remonta más atrás en el tiempo (2009) es la llamada Carioca, una investigación centrada en el mundo de la prostitución, en la que se bucea en posibles tramas policiales. En este caso llegaron a formarse hasta 47 piezas. En una de ellas, referida a dos adolescentes de 17 años, llegadas una de Rumanía y la otra de Colombia, la Fiscalía lucense entiende que los delitos de abusos sexuales y omisión del deber de perseguir delitos ya habían prescrito en la primavera del 2016, cuando el ministerio público se hizo cargo del caso. La posición de la Fiscalía en este caso provocó una indignada reacción de la Rede Galega contra a Trata. En la Carioca prosigue la instrucción de unas 16 piezas. En el conjunto de este caso llegó a haber casi un centenar de imputados.

POKÉMON

El caso que hizo temblar al mundo político gallego. Con todo, la instrucción con mayor proyección política y social es la de la Pokémon, surgida del hilo de la Carioca, en la que a partir de la investigación de supuestos pagos de empresas a políticos y técnicos se abrió un escenario judicial que alcanzó incluso a Asturias y Cataluña. Entre los personajes más conocidos afectados por el tsunami Pokémon están el exconcejal lucense y expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil Francisco Fernández Liñares, que pasó una temporada en prisión; hay también exalcaldes, entre ellos el más emblemático de los socialistas, el lucense José López Orozco. Harto de una situación que cree injusta, confesó a La Voz: «He iniciado una lucha sin cuartel para que se considere mi inocencia». Ha recurrido ante la Audiencia la desestimación de su solicitud de sobreseimiento libre en el caso de la adjudicación de la grúa. Algunas de las piezas separadas, abordadas en instancias diferentes a la De Lara, dieron lugar a desimputaciones, como sucedió en su día con Paula Prado (PP). Para declarar como investigados están citados para marzo Liñares, tres técnicos municipales y el responsable de una empresa constructora que ejecutó obras para el Concello.

PULPO

Un tsunami en la Diputación de Lugo. Pulpo y Garañón son otras de las macrocausas que instruye el juzgado de Pilar de Lara. En la primera se investigan un posible caso de acoso laboral, irregularidades en el programa Kilómetro 0 (visitas turísticas por la provincia) y presuntas ilegalidades en contratos y concursos en la Diputación. Entre los investigados se encuentra el expresidente de este organismo José Ramón Gómez Besteiro (PSOE). El fiscal jefe de Lugo, Roberto Brezmes, solicitó su división en piezas, porque considera que, tal como se llevó la investigación, hay riesgo de nulidad.

GARAÑÓN

Urbanismo bajo sospecha. Besteiro, que tuvo que renunciar como secretario general del PSdeG, está también investigado en el caso Garañón, al igual que Orozco. Esta instrucción intenta desentrañar posibles delitos en relación con una frustrada urbanización en el entorno del parque Rosalía de Castro de Lugo. Mediante auto del pasado día 10, De Lara da por finalizada la instrucción de la pieza separada número 3, sobre la etapa de Liñares en la presidencia de la Confederación Hidrográfica. Investigó la posible concertación con empresas para beneficiarlas en la concesión de obras y servicios a cambio de obsequios. Además de Liñares están imputados 13 empresarios y dos funcionarios.

CÓNDOR

En las entretelas del mundo del transporte. En la Cóndor, la jueza investiga supuestos delitos contra la Hacienda Pública, delito contable, tráfico de influencias y otros en relación con empresas de transporte, entre las que se encuentra la firma Monbus, del empresario lucense Raúl López. Mediante una providencia fechada el pasado día 3, la jueza De Lara, una vez digitalizada la causa y corregidos los errores advertidos, fijó los folios correspondientes a cada una de las piezas formadas, 16 en total; una de ellas, la número 14, se refiere a un presunto delito de tenencia ilícita de armas, por las incautadas en el domicilio de un hostelero.

Pues bien, por lo que podemos extraer de la prensa, las irregularidades cometidas son flagrantes y han causado enormes daños en personas y familias durante años.

En el caso Pokemon toda la investigación parece ser que se sostiene sobre la base de unas declaraciones obtenidas fuera de la Ley.

El artículo de La Voz de Galicia describe lo ocurrido:

«El letrado recuerda que Liñares fue detenido el 20 de septiembre de 2012, a las 8.15 horas, en la calle, cuando se dirigía a su trabajo. Ya en calidad de detenido, fue trasladado a su domicilio. El registro siguió hasta las 15.20 horas, según el abogado, y «la prometida presencia de la letrada» seguía sin existir. El registro se reanudó por la tarde «sin la presencia letrada». Seguidamente se trasladan a la casa de Liñares en A Ponte y pasada la medianoche se interrumpe el registro hasta el día siguiente. «De nuevo -señala el abogado- sin la presencia de letrado (…); se reanuda al día siguiente, también -asegura- sin presencia de abogado. Dice que en este trámite Liñares sufrió cierta «presión», con recomendaciones como «no seas tonto y no te comas tu solo el marrón» o «tiene que saber mucho de las cuentas del partido».

El abogado asegura que el día 21 por la mañana «un funcionario de Vigilancia Aduanera, visiblemente enfadado, le dijo a mi representado que si no aparecía el dinero que tenían guardado el alcalde y mi defendido, removerían y pondrían patas arriba toda la parcela, incluso la casa si era necesario».

Finalizado el registro en A Ponte, se trasladan a la propiedad de Liñares en Vilar de Olveira (Dumbría), donde el registro es muy rápido porque la casa está vacía.

Declaración en un bar

El abogado de Liñares explica así lo que, según él, sucedió después: «A continuación mi representado entra en el vehículo de Vigilancia Aduanera, y sucede algo procesalmente irregular. Nos explicamos: Los agentes deciden parar en la localidad de Santa Comba en un bar, al efecto de proceder a cenar. Ahí se produce una declaración totalmente anormal, sin presencia letrada. Nada más y nada menos que en un bar, sin lectura de derechos, después de 23 horas de registro, sin presencia de abogado, se le toma declaración manuscrita a mano por un agente, y se une a autos, en la cual, en esa declaración, mi representado se comprometía a ratificarlo en sede judicial. Simplemente impropio de un estado de derecho, vulnerando innumerables preceptos procesales, penales y constitucionales incluyendo el artículo 24 de la Constitución». Añade: «Esa fue la razón por la que en sede judicial mi representado, a pesar de que su letrada le recomendó no declarar, lo hizo en cumplimiento de lo pactado con los agentes de Vigilancia Aduanera, por tanto decidió declarar, ratificando lo manifestado en el bar. Estamos así ante unos acontecimientos completamente anómalos y especialmente graves, en contradicción plasmante con un Estado de Derecho».

Las consecuencias de estos hechos, no podían ser más que estos otros que describe el artículo de El Progreso:

Las quejas de los abogados han sido incansables. Tanto ante la Audiencia Provincial, como ante el Consejo General del Poder Judicial:

Y ahora también traemos esta otra noticia:

A esta investigación abierta por el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ,  la Juez ha contestado con contundencia y datos por lo que se puede entender de este otro artículo.

El artículo lo pueden leer pinchando aquí.

Reproducimos una parte del mismo por su interés de cara a esta información:

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, ha declarado este miércoles ante el promotor de la acción disciplinaria contra ella que está abierta por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que los supuestos retrasos indebidos en las macrocausas que instruye «estaban justificados» y en todo caso, no fueron por culpa suya. 

De Lara ha declarado durante tres horas en la sede del CGPJ en Madrid acompañada por su abogado, Agustín Azparren, quien ha explicado a Europa Press que la jueza ha presentado «abundante documentación» así como respuesta por escrito a todas las objeciones planteadas por la acción disciplinaria y ha respondido punto por punto al informe «muy exhaustivo» en el que se sustenta la investigación sobre su labor. 

«Tenemos una sensación muy buena porque contestó con bastante firmeza y con todo lujo de detalles y memoria sobre cada uno de los procedimientos, exponiendo que los retrasos estaban justificados y cuando no, era porque dependía de otros funcionarios o de trámites que estaban pendientes y no se podía hacer nada mientras tanto», ha explicado el letrado

‘CARIOCA’, MÁS VOLUMINOSA QUE EL 11-M. En concreto, la magistrada ha defendido que «en ninguno» de los casos señalados, las supuestas dilaciones fueron por su responsabilidad, sino que obedecían en unos casos a trámites pendiente de informe, diligencias pendientes de periciales, exhortos o recursos de apelación que aún no se habían resuelto. Ha presentado documentación de las distintas causas para acreditar que en lo que de ella depende directamente, resuelve «el mismo día o en dos o tres días, con muy poco margen». 

Según explica el letrado, «casi todas» las objeciones versaban sobre la macrocausa por la operación Carioca que investiga corrupción y prostitución en Lugo, lo que en su opinión es razonable dado que se trata de una causa más voluminosa incluso que la de los atentados del 11 de marzo de 2004: Tiene 272 tomos, unos 130.000 folios y diez fiscales asignados. La causa del 11-M contaba con 241 tomos y 43.000 folios y un juez asignado en exclusiva, mientras ella «no sólo lleva esa instrucción». 

Nos surgen varias preguntas al leer la información que hemos traído hasta ustedes:

  1. Si fuese encontrada culpable la Juez de Lara -que ya sabemos que de 8,335 quejas contra el sistema judicial, el CGPJ sólo incoó 16 sanciones y la mayoría de estas fueron ridículas- ¿se le pediría a esta Juez responsabilidad por todo el daño causado a ciudadanos y al Estado?
  2. ¿Cual es la «vara de medir» del Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ? A la vista de la información, llama la atención que a la Juez de Lara se le haya abierto este Expediente, mientras que a la Juez Martín Alonso no se le abriera Expediente alguno, a pesar de las pruebas que venían a demostrar las irregularidades cometidas. Pinchen aqui y lean post de esta misma Asociación para entenderlo.

Volvemos a repetir:

¿Qué hace a los jueces seres diferentes al resto de los ciudadanos? ¿Se les exige de manera real responsabilidades por sus actos? ¿Por qué permitimos ese corporativismo entre ellos que les permite ser y sentirse completamente inmunes ante la Ley? 

¿Hasta cuando tendremos que tolerar los ciudadanos este comportamiento insolidario, anti democrático y en algunas ocasiones también, abiertamente delictivo? Y todo ello.. sin que sea perseguido y castigado. 

Hay dos razones que sustentan este comportamiento por parte de los jueces:

  1. Son juzgados por otros jueces. Y esos jueces -a la vista de las cifras estadísticas que ellos mismos ofrecen- se niegan a juzgarlos. Debería instaurarse el Juzgado Popular para juzgar a los jueces.
  2. Todo parece indicar que no se sienten responsables, ni parece que se les exija responsabilidad alguna por sus actos. Debería exigírseles responsabilidad, como se nos exige al resto de ciudadanos. ¿Se hace? ¿Por qué son diferentes a nosotros?

 

De nuevo recordamos los dos artículos de nuestra Constitución previamente citados:

El artículo 14:

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”

Y el Artículo 117 1º:

La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”.

Recordamos el post publicado por esta Asociación, titulado «La mejor manera de permitir la corrupción en España». Lo pueden leer pinchando aquí.

¿Cuántas sentencias erróneas se producirían, cuántas muertes se podrían evitar, cuantos casos se archivarían sin investigar a pesar de las pruebas contundentes en contra de los supuestos delincuentes…. si los jueces supieran que serían juzgados, sentenciados, condenados, encarcelados y privados de sus bienes si no actuaran de acuerdo con el imperio de la Ley, tal y como establece la Constitución?

Es esencial que tengamos jueces responsables. Que lo sean de sus propios actos y decisiones.

Si son recursos los que les faltan, ellos mismos se encargarían de luchar porque se les aumentaran los recursos. Si es formación, ellos mismos se pelearían en las calles y en los despachos porque se les diera la formación adecuada. Si es porque creen que necesitarían Juzgados especializados…  ellos mismos los pedirían.

¿Por qué se quejan pero, sin embargo, no pelean seriamente por lograr lo que necesitan? Porque es más que probable que no les importe. Se sienten impunes. Es más que probable que no les importe mucho equivocarse. Saben que nadie vendrá después a exigirles responsabilidades.

Una vez más recordamos las palabras de la Asociación citada: «detener el proceso de desintegración del Poder Judicial en España, cada vez más endiosado y más odioso»

 

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