Denunciar irregularidades, poner de relieve el mal funcionamiento de la Justicia y tener un criterio claro acerca de la importancia del imperio de la Ley también trae consecuencias para aquellos jueces que lo dicen alto y claro. No sólo los ciudadanos de «a pie» somos víctimas de la presumible corrupción judicial. También puede ser una juez víctima de ese mismo tipo de corrupción judicial.

Es el caso de Doña Mercedes Alaya, Jueza que fue, entre otros muchos casos de investigación de la corrupción, responsable de poner en marcha la investigación sobre las supuestas malversaciones millonarias llevadas a cabo en Andalucía con el ERE.

Presenta la noticia DigitalSevilla.com con este titular:

Pueden leer el artículo pinchando aquí.

Lo reproducimos a continuación.

«A la juez Alaya la apartaron con engaños de su puesto de trabajo porque estaba descubriendo hechos sumamente graves según ella misma denunció. Al parecer le prometieron que seguiría llevando los casos de los fraudes multimillonarios de los ERE y los cursos de formación si aceptaba la plaza que le habían creado ex profeso y que nunca había existido con anterioridad.

En cuanto acepto su ascenso, le arrebataron estas causas y se las dieron a María Núñez Bolaños, una instructora mucho más lenta, que ha despiezado la causa y que ha archivado numerosas de estas piezas con la oposición de la fiscalía, algunas de ellas por prescripción.

Núñez Bolaños además ha sido recusada ya que su cuñada trabajaba en la zona cero de la corrupción de Andalucía, la Agencia Idea, y además controlando las transferencias irregulares motivo de estos macrojuicios. Su marido además fue elegido a dedo director del Instituto de Medicina legal por la Junta y es amigo desde “chiquitito” del ex Consejero de Justicia Emilio de Llera.

Alaya se quejó de cómo la habían engañado para apartarla y además criticó a determinados jueces por su manera de instruir las causas.

La magistrada afirmó además que había un pacto de silencio entre Mariano Rajoy y Susana Díaz sobre casos de corrupción utilizando la Justicia. 

El CGPJ, Consejo General del Poder Judicial, va a advertir a la magistrada Mercedes Alaya o la va a sancionar por cuestionar las instrucciones de algunos jueces, sobre todo en causas relativas a la corrupción en Andalucía, como es el caso de la titular María Núñez Bolaños.

Según ha informado el TSJA, Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que promovió la sanción disciplinaria, se está investigando si sus comentarios son motivos de sanción disciplinaria. Le van a recomendar previsiblemente que sea más prudente en sus afirmaciones.

De esta forma la magistrada que destapó los mayores casos de corrupción de España está al borde de la sanción disciplinaria por lo que mucha gente piensa en la calle, que PP y PSOE han controlado a su arbitrio la Justicia para tapar sus vergüenzas.»

Sorprende ver en este caso la supuesta efectividad del Consejo General del Poder Judicial, no dejando pasar ni una sola oportunidad para sancionar a un Juez.

En estas mismas páginas casos hemos visto casos completamente opuestos. Traemos dos a la memoria de nuestros lectores.

Hace poco presentábamos el caso del Juez de Diego y lo hacíamos a través de un artículo titulado: «¿Han perdido la vergüenza?«. Lo pueden leer pinchando aquí.

En él reproducíamos un texto publicado a través de El Mundo, que venía a explicar cómo interpreta el Consejo General del Poder Judicial que un Juez se durmiera de manera habitual durante las sesiones de un largo juicio, en este caso el referido al caso Gürtel:

“El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado las diligencias abiertas contra el magistrado Julio de Diego por dormirse durante el juicio del caso Gürtel. La responsable del Área de Actuaciones Previas y Expedientes Disciplinarios, tras analizar las innumerables ocasiones en las que el juez da cabezadas y permanece durante largos periodos de tiempo completamente somnoliento, concluye que no cabe actuar contra él porque, a su juicio, De Diego se encontraba “ensimismado en sus reflexiones”….”

Otro caso similar es el de la Jueza Doña Olga Martín Alonso. Se presentó contra ella queja ante el Consejo General del Poder Judicial por mantener una «relación íntima» con un Procurador que, al mismo tiempo que mantenía esta relación con la Jueza, mantenía la representación de diversas personas ante el Juzgado del que ella es titular, y participaba activamente como tal en el Juzgado.

La relación fue probada por un Informe de detectives que hicieron un seguimiento al Procurador durante semanas. La Jueza Martín Alonso negó todo, faltando supuestamente a la verdad. Por lo que se deduce de los documentos conocidos por esta Asociación, engañó también a sus compañeros del CGPJ en sus alegaciones y… finalmente, la Fiscalía del TSJ de Madrid vino a corroborar tanto la existencia de la «relación íntima» entre Jueza y Procurador como el hecho de que la Jueza en uno de sus Autos negara la relación entre ambos, lo que debería interpretarse al menos como un supuesto delito.

Pueden encontrar la documentación que acredita lo anterior en el artículo titulado: «Caso Pocoyó«, pinchando aquí.

Pues bien, el Consejo General del Poder Judicial no vio motivos para abrir un expediente disciplinario a la Jueza.

En este caso la Jueza, Doña Mercedes Alaya, denuncia un «pacto de silencio» entre dos partidos con el fin de intentar tapar la corrupción y… sin embargo a ella sí se le abre un expediente sancionador.

No podemos olvidar el titular que esta misma Jueza dió hace no mucho tiempo en el diario ABC y que en varias ocasiones hemos utilizado en artículos de esta Asociación:

Parece claro que decir lo que se piensa y pensar que es el imperio de la Ley el que debe regir entre los jueces -algo que claramente establece nuestra Constitución- puede convertir a una juez en víctima de sus propios compañeros jueces.

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