Las víctimas de la corrupción judicial no son siempre los ciudadanos de a pie o las personas jurídicas que acuden en búsqueda de justicia y terminan encontrando lo contrario. Hoy traemos el caso de un hoy ya ex juez, Fernando Ferrín, que es la víctima de esa presunta corrupción judicial.
Hemos conocido el caso a través del diario digital Hispanidad.com, que lo publica con estos titulares:
Reproducimos el artículo a continuación:
«Todo se remonta al año 2006. Tal como explica Religión en Libertad, el juez Fernando Ferrín Calamita ejercía en un Juzgado de Familia en Murcia cuando le llegó un caso de una mujer lesbiana que quería adoptar a la hija pequeña de su pareja. El magistrado encargó entonces informes sobre si esta situación sería la mejor para la niña por lo que fue acusado por ellas, distintos lobbies y de sus propios compañeros y jefes -tanto filosocialistas como filopeperos- de un retraso malicioso para no resolver el caso. Ferrín Calamita fue víctima de la campaña más dura que se recuerda, por considerar que lo mejor para una niña era ser educada por un padre y una madre.
Ni siquiera pudo llegar a fallar si accedía o no a la adopción. No hizo falta. La mera consulta de informes fue suficiente para su persecución. Fue inhabilitado por 10 años, desprestigiado y arruinado. Y como consecuencia de la persecución que sufrió por parte de jueces, políticos y de algunos medios de comunicación, nunca más podrá ejercer como juez. El Consejo General del Poder Judicial le expulsó definitivamente de la carrera judicial y el Tribunal Supremo más tarde ratificó esta decisión.
El juez Ferrín Calamita pagó un alto precio por mantenerse firme en sus posiciones y por el hecho de ser cristiano. De hecho, contó esta persecución en el libro Yo, víctima de la Cristofobia (Libros Libres), donde el propio magistrado (hoy ya ex gracias a sus compañeros) relataba en primera persona “el calvario de un juez católico por cumplir la ley en España”.
Y aunque la persecución al juez se desarrolló en tiempos de Rodríguez Zapatero, participaron tanto el PSOE como el PP, ya que la campaña se desarrolló en Murcia con un gobierno y una administración de justicia consideradas peperas.
Todo para que al final, el magistrado tuviera la razón. Ha sido el propio Calamita -quien en ningún momento se ha olvidado de la pequeña- y ha informado de que, desgraciadamente, tenía razón: la pareja de lesbianas que le persiguieron hasta el final se ha divorciado y ha abandonado a la niña (hoy ya adolescente) por el que se generó el caso y se la ha entregado a los servicios sociales.
A través de una carta abierta en Facebook a Candela, nombre de esta niña, Calamita cuenta esta historia. Calamita escribe: “ha llegado a mi conocimiento recientemente que se han divorciado y que te han abandonado y entregado a los servicios sociales. Lo siento mucho. El tiempo me ha venido a dar la razón, por desgracia. He hecho gestiones para averiguar tu paradero, pero lógicamente no me han facilitado ningún dato en ese organismo de la Consejería de la CARM que ahora se llama de Familias y LGTBI”. Y concluye esta carta abierta a esta niña recordándola que al tener más de de doce años “tienes derecho a ser oída por un juez y que, cuando cumplas los 16, puedes instar la emancipación o habilitación de edad, y ejercitar acciones legales acto seguido contra el Estado y/o la CARM -y contra tus dos «mamás». A tu disposición para lo que te pueda ayudar, tanto en lo personal como en lo profesional jurídico. Se ha menoscabado tu dignidad y tus derechos básicos como persona, sujeto de derechos. Una grave injusticia.»
Es un caso en el que todo parece indicar que se ha pretendido imponer la ideología de género sobre lo que intentaba ser un trabajo riguroso por parte de un juez.
Hoy en día no parece que nadie dude de los derechos de gays, lesbianas y otros colectivos LGTB. Después de años de difícil y desigual lucha, gozan de unos derechos equivalentes a los de cualquier otro ciudadano para el ejercicio de todos y cada uno de sus derechos. En este caso no parece que se estuviera poniendo en duda ninguno de esos derechos. Se estaba analizando si en el caso concreto y particular de quien ha terminado siendo la segunda víctima -la menor de nombre Candela– la unión de su madre con otra mujer era lo más conveniente para su formación.
El hecho de pedir informes independientes por parte de este ex juez de familia, parece ser que puso en estado de alarma a una parte del colectivo LGTB, que acto seguido llevaron a cabo una campaña de desprestigio y ataque contra el juez, que terminó siendo la víctima de todo el proceso.
No parece que por parte del Juez Ferrín Calamita se estuviera buscando en forma alguna un pronunciamiento general sobre las parejas de lesbianas. Tan sólo se estaba analizando el caso en cuestión de Candela y su madre. Parece ser que eso no fue entendido por el colectivo.
Pero como los excesos nunca son buenos y la radicalidad tampoco, dado que muchas veces en ella se pierde la capacidad de razonar, el caso ha terminado con una segunda víctima: la menor de edad hoy abandonada por su madre y entregada a los servicios de tutela de menores del Estado.
En el camino, llaman la atención las consecuencias.
Primero y sobre todo, lo acaecido a la menor: abandonada en manos del Estado.
En la gran mayoría de ocasiones, cuando se pretende imponer una determinada ideología, es la radicalidad y la irracionalidad, quien verdaderamente se impone, y suelen ser los menores de edad -cuando los hay- los perjudicados.
En los casos relacionados con ideología de género, además, sacrificados en aras de una ideología que, sin embargo está ya perfectamente instalada y normalizada en nuestra sociedad.
Fuimos testigos no hace mucho tiempo de algo parecido en el caso de Juana Rivas frente a su marido italiano.
Todo terminó siendo un montaje de la madre, apoyada por esa parte radicalizada que parece que siempre hay en determinados colectivos, cuando sin embargo, tal y como explica este artículo de El Mundo, Juan Rivas lo que en realidad estaba haciendo era utilizar a sus hijos como «escudos humanos«, como «envases de angustia«, con «manipulación materna» en el conflicto entre ella y su marido.
Terminó condenada a cinco años de cárcel, separada de sus hijos por orden del juez de familia y calificada por éste como «peligro patológico» para sus hijos.
Como bien explica el artículo que estamos citando, mientras todo esto estaba siendo llevado a cabo por parte de Juana Rivas, en España, en vez de someter la cuestión a la jurisdicción ordinaria -en este caso la italiana- se organizaron manifestaciones multitudinarias por todo el país, en supuesto beneficio de la madre y, por supuesto, en desprotección absoluta hacia sus hijos menores de edad. Incluso la entonces Ministra de Justicia, hoy Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, «llegó a dirigirse a su homólogo italiano para interceder en favor de la granadina» tal y como explica el artículo de Quico Alsedo en El Mundo.
Lo segundo, al respecto de nuestro caso de hoy, es que -de forma similar al caso de Juana Rivas- todo parece indicar que fue un proceso que estuvo guiado por la irracionalidad y la radicalidad. En este caso además, logrando acabar con la carrera profesional de un juez de familia que lo que sin embargo pretendía era asegurar la mejor vida familiar posible a una menor. Y en esto no caben ni banderas ideológicas, ni banderas sobre creencias de tipo religioso.
En modo alguno estas palabras deben entenderse como un ataque o como una duda sobre el colectivo LGTB. En todos los colectivos hay personas radicales, de la misma forma que personas razonables.
Éste caso, entendemos nosotros, aparece claramente como un caso de radicalidad, con dos víctimas que no debieron serlo. El juez, la primera víctima y la menor, a quien se ha terminado presentando un futuro, sin lugar a dudas, difícil.