Nuestra triste experiencia es que la Justicia en España funciona de manera irregular. Estamos convencidos, conocemos y estamos seguros de que hay magníficos Jueces, Fiscales y Letrados de la Administración de Justicia, tanto en el ámbito civil como el ámbito militar.

Estamos convencidos que hay y conocemos también magníficos funcionarios públicos, esforzándose cada día por llevar a cabo su trabajo muchas veces de las maneras más difíciles. Pero también estamos convencidos y tristemente conocemos muchos casos de personas que no actúan de acuerdo con la Ley y con sus obligaciones y cuando esto ocurre con quienes deben impartir Justicia o con quien tiene delegada autoridad como Oficial Público y asimilado, las consecuencias son funestas para los que se encuentran «al otro lado» de su mesa.

España forma parte de la Unión Europea y tiene firmados tratados de adhesión con multitud de Organismos Internacionales. Nuestro objetivo es poder poner de relieve ante estos Organismos Internacionales lo que ocurre en España de manera generalizada y sistemática cuando un ciudadano denuncia hechos o personas corruptas: se le persigue para intentar su completa destrucción personal, familiar, social y profesional.

Estos hechos están tipificados a través de leyes y jurisprudencia como tortura. Y la tortura en estos casos se convierte en crimen de lesa humanidad. Un crimen que no prescribe

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