Es extenso el trabajo editorial de Antonio Barreda en su denuncia contra lo que está ocurriendo en Andalucía con la sanidad. Tomaremos sólo algunos de los múltiples textos publicados por él para entender lo que está denunciando y la grave sospecha de corrupción que se cierne sobre la manera de gestionar la Sanidad en Andalucía.
En este primer artículo que analizaremos pone de relieve:
Destaca que todo parece indicar que el objetivo por parte de la Junta de Andalucía está en intentar convencer a los andaluces que abandonen la Sanidad Pública y se vayan haciendo con seguros privados.
La opinión de Antonio Barreda es que:
«…Tanto el gobierno central como el andaluz de Susana Díaz están obsesionados con los recortes de la sanidad, con el objetivo final de quien pueda pagarse la sanidad privada que se vaya de la pública. El deterioro sistemático de la sanidad pública aprovechando la crisis de 2008 ha sido una constante. A la sanidad pública andaluza se le han abierto intencionadamente las arterias por donde se desangra el sistema sanitario. La fusión hospitalaria que nos vendieron no era más que una forma de ahorrar, pero no era una forma de gestionar la salud de los andaluces. Las listas de espera han ido aumentando exponencialmente desde las fusiones, al tiempo que la sanidad privada se ofrecía para aliviarlas a cambio de hacer caja. Hasta la Cruz Roja, una institución que se nutre de abundantes subvenciones públicas, ofrece anuncios en los que se oferta alejarse de las listas de esperas de la sanidad pública y acceder a sus urgencias, por ejemplo, en el hospital Victoria Eugenia de Sevilla por tan solo 55 euros mes.«.
En su segundo artículo al respecto, ya no habla de opiniones. Pasa a dar datos muy concretos:
«…La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública publicó, en su último informe, que a partir de 2009 los servicios sanitarios públicos han sufrido una agresión continuada con un proceso de recortes muy importante, entre 15.000 y 21.000 millones de euros menos de presupuesto anuales según las diversas fuentes, recortes que se han producido en todas las CCAA sin excepción, pero cuya intensidad ha variado mucho de unas a otras, y aunque en los 2 últimos años se han producido algunos incrementos presupuestarios (de nuevo con mucha variabilidad según las CCAA), estos, ni de lejos han recuperado la situación previa.»
Presenta después los recortes en cuanto a personal sanitario:
«El año pasado, el sindicato CC.OO ponía números a los recortes médicos en sanidad en Andalucía. La federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (CC.OO) indicaba que Andalucía es la región que más plazas formativas y empleos de médicos había perdido entre 2011 y 2017, señalando la cantidad de 771 puestos. Además, los recortes en sanidad, indicaba CC.OO, se habían traducido en la destrucción de 7.265 puestos de trabajo en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), especialmente en las provincias de Málaga y Sevilla.»
Y después, los recortes globales en cuanto a gasto sanitario en Andalucía:
«En 2008 el año de la crisis, el gasto sanitario en Andalucía alcanzaba los 10.307 millones de euros mientras que en el año 2014 alcanzó tan solo los 8.737 millones de euros. Estas cifras nos indican que se recortaron o se dejaron de invertir en sanidad durante estos 6 años 1.570 millones de euros. (Recuerden que el dinero defraudado con los ERE fue de 844 millones de euros). El tajo que se le pegó a la joya de la corona de Susana Díaz provocó todos y cada uno de los problemas que desde entonces arrastra la sanidad andaluza.»
Detallándolo por partidas:
«En Investigación y Formación en 2007 se gastaron en Andalucía 22,5 millones de euros, cantidad que fue reduciéndose hasta llegar a los 11,7 gastados en 2016. La investigación queda claro que no es una prioridad para los gestores de la sanidad andaluza.
En cuanto a servicios hospitalarios la mayor cantidad del gasto se produjo en 2008 con 5.352 millones de euros, mientras que la menor cantidad se invirtió en 2010 con 4.883 millones de euros, quedando en 2016 en 5.532 millones de euros. Es decir, que se recortaron 469 millones de euros entre servicios hospitalarios.
En cuanto a la remuneración del personal de servicios hospitalarios, el mayor gasto se generó en 2009 con 3.335 millones de euros. Cantidad que se fue recortando por los despidos que se iban produciendo en la sanidad produciéndose en 2014 tan solo un gasto en remuneración de personal de tan solo 2.861 millones de euros. Es decir, que la Junta de ahorró en sueldos de personal sanitario desde 2009 a 2014 la Junta dejó de gastar 474 millones de euros gracias a prescindir de personal sanitario.
En cuanto a la atención primaria, en 2008 hubo un gasto de 1.669 millones de euros, cantidad que fue disminuyendo hasta los 1.086 millones de euros gastados en 2014, lo que supuso que se dejaran de invertir en atención primaria 583 millones de euros. La cifra en se quedó en 1.173 millones de euros, muy alejados de los 1.669 millones de euros empleados en 2008.
En cuanto a sueldos de este personal de Atención Primaria en 2009 el gasto supuso 1.378 millones de euros, mientras que en 2014 supuso 1.044 millones de euros, lo que indica que la Junta de Andalucía dejó de gastar 334 millones de euros en sueldos en atención primaria.
Si sumamos el gasto ahorrado en remuneración de personal de los servicios hospitalarios y de la atención primaria, tenemos que la Junta se ahorró, porque dejó de gastar, 808 millones de euros en remuneraciones.»
Y explicando después la estrategia que se está llevando por parte del Gobierno Andaluz en su camino por intentar «privatizar» la Sanidad Pública:
«Las empresas públicas sanitarias forman parte del sistema de salud ideado por la Consejería de Salud. La Junta de Andalucía hace años que ha elaborado un nuevo modelo de sanidad para Andalucía y ha venido creando toda una red de agencias públicas empresariales y empresas públicas para gestionar la sanidad, con hospitales que no son otra cosa que empresas públicas y cuyo personal no está integrado en el SAS, como la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, el Consorcio Sanitario Público del Aljarafe, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias o la Escuela Andaluza de Salud Pública. Muchos ven en este modelo sanitario el principio de la privatización de la sanidad en Andalucía.
Fueron 5 las Empresas Públicas con personal laboral propio y totalmente ajeno al SAS que se crearon entre 1993 y 2006, la primera de ellas, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) fue creada para prestar asistencia a las emergencias sanitarias en toda la Comunidad Autónoma; las cuatro restantes, en la actualidad, asumen la gestión de 17 hospitales públicos y prestan servicios de atención especializada a una población de 1.287.938 habitantes. Son hospitales de especialidades (1), comarcales (3) y de alta resolución (13).»
En otro artículo habla del «Drama de Salud Responde«, un servicio privatizado por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) con sede en Málaga.
Otra más de las agresiones de la Junta de Andalucía a la sanidad andaluza. No les basta ya con crear una sanidad paralela llena de agencias públicas empresariales – sujetas al derecho privado – ajenas al SAS, sino que, además, privatiza servicios que deberían ser esenciales para la ciudadanía.
Con los problemas que esto está generando para los trabajadores:
«Con el principal objetivo de evidenciar el malestar que existe en los centros de trabajo por las condiciones de trabajo a los que los someten las empresas adjudicatarias de Salud Responde, los sindicatos realizaron paros parciales los pasados 5, 6 y 7 de mayo, y huelga en la plantilla. Denuncian que hay personas con contratos de entre 8 y 12 horas a la semana, con sueldos que rondan entre los 200 o los 250 euros al mes, y una media de entre 15 o 20 contratos. Y los que trabajan 39 horas semanales perciben un sueldo de 1.000 euros, pagas incluidas. Reclaman estabilidad laboral y la solución a los problemas de conciliación familiar, entre otros.»
Lo que lleva a Antonio Barreda a escribir un nuevo artículo titulado «La Sanidad Andaluza está en crisis absoluta» con explicaciones tan concretas como que:
«Una de las causas del caos en la gestión de la sanidad andaluza es la creación de 1.300 mandos intermedios que gestionan las 1.060 Unidades de Gestión Clínica creadas tras la reordenación del sector público sanitario. Contra esta estructura paralela en la sanidad ya hay una cascada de sentencias judiciales – la mayoría en contra – cuestionando este nombramiento de personal de libre designación, y son vistos, además, como ejecutores políticos de los recortes sanitarios impuestos por la Junta de Andalucía, ya que, como indican desde algunos sindicatos y partidos políticos, el Servicio Andaluz de Salud paga más sueldo a los médicos que más recortan. Lo hace a través del plus variable de productividad que abona a sus profesionales, en función del cumplimiento de objetivos que se marcan a través de las unidades de gestión clínica (UGC).
A lo que se añade el problema que los pacientes andaluces no tienen la posibilidad de elegir, como sí ocurre en otras autonomías, entre todos los medicamentos que se encuentran a precio más bajo. Es lo que algunos llaman ya el corralito farmacéutico andaluz. De los 10.000 medicamentos que se pueden vender en toda España con cargo a la Seguridad Social, en Andalucía solo se pueden dispensar 400, y tienen que ser de las subastas. A lo que se añade el que la Junta de Andalucía no ha publicado aun el supuesto ahorro que se da con las subastas, y menos aun dónde invierte ese supuesto ahorro farmacéutico.»
Y en cuanto a la disponibilidad de camas hospitalarias en Andalucía da los siguientes datos:
«Según datos del portal estadístico de la Comunidad Europea, Eurostat, se cuenta en Europa con una cama hospitalaria por cada 192 habitantes, mientras España continúa muy lejos de esa media con apenas una cama por cada 415 habitantes. Andalucía, además, está a la cola de España con una por cada 595 habitantes y la provincia de Sevilla, a la cola de toda Andalucía, tiene una cama hospitalaria por cada 663. Esto provoca las imágenes tercermundistas que vemos por los hospitales andaluces en nuestra sanidad, tan habituales ya para todos nosotros, de enfermos en camillas en los pasillos que se deben, precisamente, al insuficiente número de camas hospitalarias.»
Externalizando también la investigación que se lleva a cabo en los propios Hospitales de titularidad pública, pero que sin embargo no llegan ni siquiera a ser titulares de las patentes obtenidas como resultados de su propio trabajo:
«Se ha ido tejiendo por toda la red sanitaria una serie de fundaciones que detentan la investigación y las patentes que generan el sistema público sanitario andaluz. Es el caso de la Fundación Progreso y Salud, que tiene varias líneas de trabajo entre las que destacan la Agencia Andaluza de Calidad Sanitaria de Andalucía, la Línea Iavante (antigua fundación Iavante hoy integrada en la Progreso y Salud) para la formación y evaluación de Competencias profesionales, y la línea I+i donde está la Red de Fundaciones Gestoras de la Investigación y la Gestión de Centros y Proyectos, entre los que destacan la Iniciativa Andaluza de Terapias Avanzadas, el CABIMER (donde trabaja el exministro Bernat Soria), GENYO Centro Pfzier-Universidad de Granada-Junta de Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica, BIONAND Centro Andaluz de Nanomedicina y Biotecnología, GBPA Genomics and Bioinformatics Platform of Andalusia, LARCEL Laboratorio Andaluz de Reprogramación Celular, La Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público Andaluz (que dirige Verónica Juan Quilis, la mujer del citado exministro de sanidad socialista) y el BIOBANCO del Sistema Sanitario Público Andaluz.
El marco que regula las relaciones entre el SAS y la RFGI-SSPA, lo componen principalmente la Encomienda de Gestión a la Fundación Progreso y Salud, de derechos y transferencia de resultados derivados de investigaciones en ciencias de la salud realizadas en centros del SAS (BOJA nº 100; mayo de 2010) y el Convenio de Colaboración entre el SAS y las Fundaciones Gestoras de la I+D+i del SSPA firmado en febrero de 2012. La Red de Fundaciones Gestoras de la Investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía (RFGI-SSPA) está compuesta por siete fundaciones: FCÁDIZ (Cádiz), FIBICO (Córdoba), FABIS (Huelva), FIMABIS (Málaga), FISEVI (Sevilla), FIBAO (con carácter interprovincial, dando cobertura a Granada, Jaén y Almería) y la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud (FPS) como entidad coordinadora de la Red.»
Estos artículos le llevan a escribir uno después, con título significativo: «Hoy siento miedo en Andalucía«.
«Hoy, consagrados los derechos del hombre por la todopoderosa institución de las Naciones Unidas, aun hay quien tiene miedo en Andalucía, en Cataluña, en Madrid, en Galicia…. de expresar sus ideas en libertad. Lo sentimos todos los días. Y desde este día lo sentimos más. Ha vuelto el miedo. La voz baja y mirar para todos lados. Parece que volvemos a estar en la España de la clandestinidad. En la España del NODO y del blanco y negro. En la España donde nunca salía el sol.
Y hoy no hay nada ni nadie que nos consuele. Pero al menos teníamos la sensación de que había una Justicia que nos acogía a todos. Y es ese engaño del que nos han despertado con un atronador cañonazo de realidad. Nada es lo que es, pero también nada es lo que parece. La mentira se apodera de todas las instituciones y las secuestra. La deja sin voz y sin representados. Es la institución del pueblo sin el pueblo. De los partidos y de sus funcionarios. Los intereses de la mayoría desparecen por los desagües del estado mientras nadie hace nada. Mientras todos callan.
Los derechos del pueblo empiezan a ser borrados a golpe de decretos y de leyes en unos parlamentos que empiezan a dejarnos huérfanos a todos. Unos parlamentos que nos señalan como los perdedores de todos los males del estado. Unos parlamentos que nos recolectan nóminas e impuestos para pagar la deuda que ellos generan desde los gobiernos. Y cada vez que nos dicen que ya salimos de una crisis todos nosotros somos más pobres, todos nosotros somos los que más sufrimos. Y nada cambia desde que los legendarios tribunos de la plebe eran asesinados. Hoy nos asesinan quitándonos derechos que no recuperamos.»
En el artículo «Pedro Sánchez y la aplicación del artículo 155 en Andalucía» da otros datos escalofriantes:
«Después de 39 largos años y manejar cerca de 200 billones de euros por parte de la Junta de Andalucía poco o nada ha cambiado. Seguimos a la cabeza o a la cola de las peores estadísticas. Seguimos en la misma posición de principios de los años 80.
En los puestos de cola de PIB por habitante.
En los puestos de cola en convergencia con Europa.
A la cabeza en la presión fiscal.
A la cabeza en concurso de empresas.
A la cabeza del paro.
A la cabeza en gastos de prestaciones por desempleo.
A la cola en cobro de prestaciones por desempleo.
A la cola de los salarios.
A la cola en pensiones.
A la cola en renta anual media por hogar.
A la cola en renta por persona.
A la cabeza en el umbral de la pobreza.
A la cabeza de pobreza infantil.
A la cabeza en ciudades pobres.
A la cabeza en barrios pobres.
A la cola en gasto público por estudiante.
A la cola en inversión sanitaria.
A la cabeza de los recortes sanitarios.
A la cabeza en hospitales privados.
A la cola en servicios sanitarios.
A la cola en camas hospitalarias.
A la cabeza de las reclamaciones sanitarias.
A la cola en el informe PISA»
Terminamos esta entrada en nuestro blog comentando otro artículo de Antonio Barreda, titulado «A la caza de Spiriman«.
Hablaremos en otra entrada diferente del Dr. Jesús Candel, Spiriman, y de su impresionante trabajo para dar a conocer lo que ocurre en Andalucía tanto con la Sanidad -a través de sus videos en su canal de Youtube como desde la Asociación Justicia por la Sanidad– como en apoyo de víctimas de tortura por corrupción .
Tan sólo destacar las siguientes palabras de Antonio al respecto:
«Quien denuncia la corrupción en Andalucía tiene un futuro extremadamente incierto. La lista de damnificados y perseguidos por denunciar la corrupción es cada vez más larga. Se ponen en juego con estas actuaciones nuestra democracia y nuestro estado de derecho. No hay nada más lejano de la democracia que usar las instituciones para acallar la denuncia y para acallar las voces que se levantan contra la corrupción. Los andaluces queremos conocer qué pasa en la región.
Parece que muchos han ido olvidando lo que pasaba en la Europa de entreguerras cuando la palabra empezó a ser perseguida con total impunidad. Cuando las personas empezaban a ser señaladas. Cuando la libertad de expresión, uno de los bienes más preciados del hombre, dejó de tener valor para los estados y los gobiernos. Los regímenes buscan todos los elementos a su alcance para perpetuarse en el poder, sea como sea, al precio que sea. Y buscan a sus enemigos para aplastarlos de manera inmisericorde. Así sirven de ejemplo para la ciudadanía, y para que todos callen y guarden silencio.»