La Asociación contra la Corrupción y por la Regeneración Social (ACCORS) fue constituida en mayo de 2013 con el fin de poder denunciar las prácticas corruptas e irregulares llevadas a cabo tanto por personas como organizaciones públicas; potenciar el ejercicio ético y responsable de la política y promover un control efectivo de la actividad pública.
Presidida por Elena de Vicente, subdirectora del Tribunal de Cuentas, Accors es una de las más importantes plataformas actuales para que la sociedad civil pueda canalizar sus inquietudes ante la corrupción y su lucha contra la corrupción. Para conocer un poco el pensamiento sobre el particular de su Presidenta, reproducimos aquí declaraciones recientes suyas en el Diario El Mundo:
La web de ACCORS incluye un apartado en el que, de manera confidencial, se pueden formular denuncias.
Entre otras medidas, esta asociación viene demandando que no se incluyan a imputados en las listas electorales, que se eliminen los paraísos fiscales en el ámbito europeo, la prohibición de indultar a implicados en casos de corrupción y garantizar la transparencia de la contabilidad relativa a las campañas electorales.
“ACCORS está convencida de que la calidad democrática requiere ejemplaridad y credibilidad de los representantes públicos, pero también concienciación social y exigencias de responsabilidad a quienes no sean dignos de recibir la confianza de los ciudadanos, o la defrauden. Y, desde luego, tolerancia cero con la corrupción”.
Los objetivos de ACCORS, Asociación contra la corrupción y la regeneración social, tal y como quedan descritos en su página web, son múltiples:
El objetivo prioritario es la lucha contra la corrupción y conseguir una regeneración social.
Para ello podrá:
1 – Denunciar todas aquellas situaciones de corrupción y prácticas irregulares de las que tenga conocimiento en todos los ámbitos.
2 – Exigir un ejercicio ético y responsable de la política y de las instituciones públicas y privadas a nivel local, autonómico, nacional y europeo y denunciar públicamente las que se conozcan en cada uno de estos ámbitos.
3 – Demandar de todos los órganos de los Partidos políticos un decidido, eficaz y sostenible posicionamiento contra la corrupción y sobreponer siempre los intereses generales de la nación por encima de los partidarios y personales.
4 – Verificar que las Organizaciones Empresariales y Sindicales en todos sus ámbitos y sectores, centran su labor institucional y operativa en la defensa de los intereses generales y que su actuación es transparente y contraria a cualquier tipo de corrupción.
5 – Reclamar de los empresarios, autónomos y trabajadores en su gestión profesional, relaciones laborales y en la de estos con sus clientes y proveedores, un permanente posicionamiento anticorrupción y de denuncia de tales prácticas.
6 – Instar iniciativas legislativas más eficaces para restringir, impedir las prácticas corruptas y que requieran un mayor control, vigilancia y transparencia incluida la exigencia de responsabilidades personales asociadas a las transacciones con dinero público entre empresas y entes privados y las Administraciones y empresas públicas, así como en la aprobación de los presupuestos de obras e inversiones públicas y sus posteriores ajustes y liquidación.
7 – Definir y promocionar códigos de buenas prácticas y sensibilizar a la sociedad civil para su asunción y cumplimiento a nivel social y personal.
8 – Reclamar de todos los servidores de las instituciones, entes y empresas públicas un decidido y permanente posicionamiento anticorrupción y así como la denuncia de tales prácticas, de descubrirse en su propio entorno profesional o de cualquiera de las Administraciones Públicas.
9 – Promover una participación social que permita garantizar la transparencia en la vida institucional y el control efectivo de la actividad pública.
Recientemente han publicado la firma de un acuerdo de colaboración con la World Compliance Association (WCA), que tiene como pirncipal objetivo procurar el establecimiento de nuevos canales y procedimientos para prevenir la corrupción al mismo tiempo que luchar contra la corrupción, tanto en las administraciones y empresas públicas como en las empresas privadas y difundir sistemas para evitarlo es cada vez más una necesidad importante.
Ambas asociaciones han acordado que trabajarán conjuntamente en el establecimiento de canales y procedimientos entre sus asociados para ayudar a prevenir el fraude. Además, organizarán jornadas y eventos informativos sobre aspectos relacionados con la detección temprana del fraude y su prevención, a la vez que fomentarán sesiones de formación para todos los asociados. Asimismo, se han propuesto realizar campañas de difusión y concienciación ciudadana, especialmente entre el colectivo estudiantil.
Este acuerdo de colaboración firmado entre Albert Salvador, Secretario General de la WCA y Elena Vicente, Presidenta de ACCORS, supone según han manifestado, «un paso importante para poner en marcha mecanismos que permitan reducir los altos índices de corrupción en los diferentes sectores«.