Hemos seguido recientemente la evolución del juicio que ha analizado las posiciones encontradas entre el Magistrado Alba y la Magistrada Victoria Rosell. Finalmente, el Juez condenado ha sido el Magistrado Alba.

Lo recogía Público, al igual que otros diarios como El País, El Mundo, ABC o El Diario.

Como se puede ver en los titulares de las noticias, los delitos por los que ha sido condenado el Magistrado Alba en Primera Instancia son varios: prevaricación, cohecho y falsedad documental.

Cuando un juez se convierte en delincuente, normalmente lo hace entrando en la delincuencia «por la puerta grande«. Es decir, no cometiendo un pequeño delito. Es la consecuencia que tiene esa sensación de impunidad que tienen algunos Jueces, al sentirse cubiertos y revestidos por un rancio corporativismo entre los jueces que en ocasiones permite que presuntas actuaciones delictivas, documentadas y probadas, queden sin investigar.

Lo hemos visto recientemente con el «Caso Pocoyó» y las dos juezas denunciadas mediante querella. Sus compañeros jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se han negado a investigar los claros indicios de delito.

En el caso del Magistrado Alba, la prensa ha presentado recientemente indicios que hacen pensar que la conducta delictiva que ha quedado demostrada en el juicio que ha terminado, parece que se venía repitiendo con anterioridad. O, al menos, eso parece. Lo pueden leer en este artículo de ElDiario.es

Esto es lo que dice el artículo de El Diario:

«Suspendido de funciones por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de baja médica y recién aterrizado de un viaje con su familia a las Islas Maldivas. Así firmó Salvador Alba la que, si el Tribunal Supremo no lo evita, será su última sentencia como juez. La dictó para absolver a los siete acusados que no reconocieron los hechos (otros 21 procesados sí lo hicieron) en el denominado caso Faycán, una trama de comisiones ilegales en el ayuntamiento grancanario de Telde entre los años 2003 y 2006, con el Partido Popular (PP) liderando el gobierno local. También pretendió absolver a la formación conservadora de la responsabilidad civil, limitada a 740 euros, pero sus compañeros de tribunal lo impidieron. 

Condenado a seis años y medio de cárcel y a 18 de inhabilitación por conspirar contra la también jueza Victoria Rosell, actual diputada de Unidas Podemos, Alba colgará la toga -salvo que prospere su recurso- dejando tras de sí un reguero de resoluciones polémicas desde que se conociera, a través de la grabación entregada en los juzgados por el empresario Miguel Ángel Ramírez, cómo maquinó un plan que, según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), solo perseguía un objetivo: perjudicar personal y profesionalmente a su compañera de promoción y, de paso, alimentar la querella que contra ella había interpuesto el popular José Manuel Soria, exministro de Industria, Energía y Turismo y rival político de la magistrada. 

Alba utilizó los casi 800 días que transcurrieron desde que se difundieron esos audios (el 11 de mayo de 2016) hasta que el órgano de gobierno de los jueces acordó su suspensión provisional (el 19 de julio de 2018) para tratar de sentar jurisprudencia sobre asuntos que encontraban reflejo en la causa que el alto tribunal canario instruía en su contra. Así lo apreció, al menos, el fiscal Javier Ródenas, quien deslizó, en el marco del caso Unión de corrupción en la isla de Lanzarote, que el magistrado había anulado las grabaciones que dieron origen a esa causa pensando en su propia defensa. Ese auto, como otros, acabaría siendo corregido por el TSJC.  Las rectificaciones de compañeros o instancias superiores y las absoluciones en grandes tramas de corrupción han sido otras de las constantes en esta última época del magistrado.«

Y sigue el artículo, describiendo cada uno de los casos de relevancia en los que ha intervenido el juez condenado.

Saquen ustedes sus propias conclusiones.

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