¿Qué es realmente lo que tenemos en España con nuestro Consejo General del Poder Judicial? ¿Justicia o Escándalo?


Hoy analizamos, entre otras, la decisión adoptada por el Consejo General del Poder Judicial contra la Magistrada de Lara.

La jueza lleva en su, hasta ahora, Juzgado de Lugo numerosos casos de corrupción.

En ellos están involucrados e investigados importantes personalidades políticas -de diversos partidos políticos-, empresarios y funcionarios públicos. La decisión del Consejo General del Poder Judicial de confirmar por unanimidad la sanción previa, la traen hoy como noticia diversos medios de comunicación. Pueden verla entre otros en El País

Analicemos un poco, desde nuestra perspectiva, la cuestión a la que nos enfrentamos.

La Jueza de Lara no sólo investiga casos de corrupción en los que están implicados políticos, funcionarios y empresarios conocidos. También tuvo la Jueza De Lara el «atrevimiento» de enfrentarse con otros compañeros jueces. Lo recogía El Confidencial en su artículo del 5 de enero de 2019:

«Por ejemplo en el presidente de la Audiencia Provincial de Lugo, José Antonio Varela Agrelo, al que abrió una investigación por su relación con (el empresario Jorge) Dorribo.

El empresario implicó a Varela Agrelo en la trama de explotación sexual de mujeres y mafias policiales de la Carioca y la juez investigó las fiestas que organizaba un club gastronómico, el Acción & Klasse, fundado por Dorribo y al que pertenecía el presidente de la Audiencia.

El empresario aseguró que pagó a Varela Agrelo a cambio de asesoramiento jurídico y que contrató a una familiar del juez en una de sus empresas, mientras el exportero del Deportivo Jacques Songo’o afirmaba que el empresario y el presidente de la Audiencia iban a ser socios en un negocio eólico en Camerún.

El caso de (el Juez) Varela fue archivado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.«

Hecho este comentario, que lo consideramos importante para entender los «potenciales enemigos» que en el camino hacia la justicia y la verdad se haya podido granjear nuestra protagonista… permítasenos ahora hacer una breve referencia a los diferentes casos de corrupción y proxenetismo que se llevan el Juzgado de Lugo, hasta ahora bajo la responsabilidad de la Magistrada de Lara:

CARIOCA 

El mundo de la prostitución. Una de las macrocausas que convierten el juzgado de Pilar de Lara en el primer centro de interés judicial de Galicia. Esta es la que se remonta más atrás en el tiempo (2009). Una investigación centrada en el mundo de la prostitución, en la que se bucea en posibles tramas policiales. En este caso llegaron a formarse hasta 47 piezas. En una de ellas, referida a dos adolescentes de 17 años, llegadas una de Rumanía y la otra de Colombia. En la Carioca prosigue la instrucción de unas 16 piezas. En el conjunto de este caso llegó a haber casi un centenar de imputados.

POKÉMON 

El caso que hizo temblar al mundo político gallego. Con todo, la instrucción con mayor proyección política y social es la de la Pokémon, surgida del hilo de la Carioca, en la que a partir de la investigación de supuestos pagos de empresas a políticos y técnicos se abrió un escenario judicial que alcanzó incluso a Asturias y Cataluña. Entre los personajes más conocidos afectados por el tsunami Pokémon están el exconcejal lucense y expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil Francisco Fernández Liñares, que pasó una temporada en prisión; hay también exalcaldes, entre ellos el más emblemático de los socialistas, el lucense José López Orozco. Algunas de las piezas separadas, abordadas en instancias diferentes a la De Lara, dieron lugar a desimputaciones, como sucedió en su día con Paula Prado (PP).

PIKACHU

Versión coruñesa de la anterior, con más de una treintena de implicados, se mantienen a la espera de que se determine si la magistrada es competente para seguir su instrucción, debe pasar a la Audiencia Provincial o al Juzgado Central de Instrucción.

PULPO 

Un tsunami en la Diputación de Lugo. Pulpo y Garañón son otras de las macrocausas que instruye el juzgado de Pilar de Lara. En la primera se investigan un posible caso de acoso laboral, irregularidades en el programa Kilómetro 0 (visitas turísticas por la provincia) y presuntas ilegalidades en contratos y concursos en la Diputación. Entre los investigados se encuentra el expresidente de este organismo José Ramón Gómez Besteiro (PSOE). El fiscal jefe de Lugo, Roberto Brezmes, solicitó su división en piezas, porque considera que, tal como se llevó la investigación, hay riesgo de nulidad. Acabó por transformarse en una investigación sobre supuestas contrataciones ilícitas en la Diputación lucense, manipulación de concursos, desviación de fondos públicos o subvenciones injustificadas.

GARAÑÓN 

Urbanismo bajo sospecha. Besteiro, que tuvo que renunciar como secretario general del PSdeG, está también investigado en el caso Garañón, al igual que Orozco. Esta instrucción intenta desentrañar posibles delitos en relación con una frustrada urbanización en el entorno del parque Rosalía de Castro de Lugo. Investigó la posible concertación con empresas para beneficiarlas en la concesión de obras y servicios a cambio de obsequios. Además de Liñares están imputados 13 empresarios y dos funcionarios.

CÓNDOR 

En las entretelas del mundo del transporte. En la Cóndor, la jueza investiga supuestos delitos contra la Hacienda Pública, delito contable, tráfico de influencias y otros en relación con empresas de transporte, entre las que se encuentra la firma Monbus, del empresario lucense Raúl López.

GANDOY 

Nacida de denuncias de supuestos malos tratos y acoso en un centro de día lucense. Tras pasar por la instrucción de la jueza, desencadenó en una investigación sobre posibles contrataciones a dedo

MANGA

Contratos en el Concello de Santiago y en Asturias

Pues bien, dicho lo anterior y por lo que hemos podido leer…

el Consejo General del Poder Judicial ayer acordó confirmar la sanción de siete meses que le había sido impuesta previamente y, como consecuencia de ello, la pérdida de destino.

Es decir: a su Juzgado irá otro Juez a sustituirla.

Más o menos como pasó en Sevilla con la Jueza Alaya, que fue sustituida por la Jueza Núñez Bolaños.

Jueza Nuñez Bolaños de la que recientemente hemos oído hablar mucho y hemos leído mucho -quizá demasiado-. Entre otras cosas porque todos los Fiscales Anticorrupción de Sevilla la denunciaron porque supuestamente no estaba haciendo bien su trabajo y no permitía que los Fiscales Anticorrupción lo hicieran. De esa manera, se estaba logrando que un numeroso grupo de políticos y funcionarios públicos, presuntos delincuentes y corruptos, quedaran libres de sospecha por la vía de archivar procedimientos -supuestamente de manera irregular- o dejar que prescribieran los casos en los que se les investigaba.

Nos referíamos a este caso de la Juez Nuñez Bolaños en nuestro artículo titulado «Curiosas interpretaciones de los jueces«.

Podría ser -no decimos que lo sea-, pero podría ser un caso parecido al que ahora nos referimos al hablar de la Magistrada De Lara.

No podemos olvidar que la Magistrada De Lara ha defendido de una manera clara su posición frente a las acusaciones recibidas ante el Consejo General del Poder Judicial y ha argumentado documentalmente esa defensa.

Entre otras cosas, no deja de ser sorprendente comprobar cuáles eran las declaraciones del abogado de Doña Pilar de Lara a El Correo Gallego en enero de este mismo año:

El abogado que hizo las declaraciones no parece ser un lego en la materia de la que está hablando. El articulo dice textualmente:

«El letrado Azparren, el principal experto español en defensa de jueces en apuros disciplinarios, aclaró que «en este momento» se está en la «fase del pliego de cargos, que se notificó en Navidad, y se notificó con ocho días para hacer alegaciones». «Y estamos en el momento de elaborar las alegaciones», matizó. 

Del pliego de cargos puntualizó que «viene a ser lo mismo, la reproducción de las fechas por los que se inició el expediente, lo único, entre las posibles sanciones queda excluida la más grave que sería la separación de la carrera judicial». 

El abogado asegura que en las alegaciones que se presentarán al pliego «se contestará a cada uno de los retrasos que se enumeran, que se deben a causas ajenas a la responsabilidad de Pilar de Lara». «Luego se puede solicitar prueba, y una vez que se practique la prueba ya solo quedaría que el promotor acordara el archivo de las actuaciones si ve que no hay responsabilidad por parte de la magistrado o la propuesta de resolución, que es una propuesta que tendría que ir a la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial», subrayó. 

MUCHOS ASUNTOS. El letrado Agustín Azparren espera que se «archive» dicho expediente disciplinario, y así se esfuerza en sostener que «los retrasos o desatención supone una actitud pasiva del juez, y aquí cualquier persona, incluso ajena a los tribunales, sabe de la excesiva dedicación de Pilar de Lara».«

No sólo ha sido su abogado. También ella misma se ha defendido de una manera exhaustiva ante el Consejo General del Poder Judicial

En el artículo de El Progreso se hace referencia a las contestaciones ante el Consejo General del Poder General frente a la queja por la que ahora le han confirmado la sanción. Y decía el artículo:

«La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, ha declarado este miércoles ante el promotor de la acción disciplinaria contra ella que está abierta por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que los supuestos retrasos indebidos en las macrocausas que instruye «estaban justificados» y en todo caso, no fueron por culpa suya. 

De Lara ha declarado durante tres horas en la sede del CGPJ en Madrid acompañada por su abogado, Agustín Azparren, quien ha explicado a Europa Press que la jueza ha presentado «abundante documentación» así como respuesta por escrito a todas las objeciones planteadas por la acción disciplinaria y ha respondido punto por punto al informe «muy exhaustivo» en el que se sustenta la investigación sobre su labor

«Tenemos una sensación muy buena porque contestó con bastante firmeza y con todo lujo de detalles y memoria sobre cada uno de los procedimientos, exponiendo que los retrasos estaban justificados y cuando no, era porque dependía de otros funcionarios o de trámites que estaban pendientes y no se podía hacer nada mientras tanto», ha explicado el letrado

‘CARIOCA’, MÁS VOLUMINOSA QUE EL 11-M. En concreto, la magistrada ha defendido que «en ninguno» de los casos señalados, las supuestas dilaciones fueron por su responsabilidad, sino que obedecían en unos casos a trámites pendiente de informe, diligencias pendientes de periciales, exhortos o recursos de apelación que aún no se habían resuelto. Ha presentado documentación de las distintas causas para acreditar que en lo que de ella depende directamente, resuelve «el mismo día o en dos o tres días, con muy poco margen». 

Según explica el letrado, «casi todas» las objeciones versaban sobre la macrocausa por la operación Carioca que investiga corrupción y prostitución en Lugo, lo que en su opinión es razonable dado que se trata de una causa más voluminosa incluso que la de los atentados del 11 de marzo de 2004: Tiene 272 tomos, unos 130.000 folios y diez fiscales asignados. La causa del 11-M contaba con 241 tomos y 43.000 folios y un juez asignado en exclusiva, mientras ella «no sólo lleva esa instrucción». 

Ahí tienen la versión de la Magistrada de Lara frente a la queja recibida.

Llegados a este punto, no podemos dejar de poner de manifiesto que en esta Asociación de Víctimas de Corrupción Judicial conocemos casos en los que el Consejo General del Poder Judicial se ha negado a revisar pruebas esenciales en procedimientos.

Conocemos cómo han llegado incluso a rechazar determinadas pruebas que eran esenciales para poder sustentar quejas que se estaban presentando. En los casos que conocemos, todo parece indicar que con el sólo fin de exculpar a aquel Juez contra quien se estaba presentando queja. En concreto estamos pensando ahora en el «Caso Pocoyo» también presentado ante ustedes por esta Asociación. Volveremos a hablar de ello un poco más adelante.

Pero volvamos a lo que estábamos hablando: el uso de pruebas, presuntamente «a conveniencia» de quien ha de juzgar.

Si esto se comprobara y este fuera el caso, podríamos pensar que en el caso de Doña Pilar de Lara podría estar pasando lo mismo: rechazo de pruebas lícitas y legales.

En este caso, sería justo para todo lo contrario. En el caso al que nos referíamos previamente -el «Caso Pocoyo«- se hacía para dejar impune a una juez. En este caso estaríamos asistiendo a la no consideración de las mismas para sancionar a una Juez.

Si ya hemos visto que lo hacen en determinados casos, ¿por qué no lo iban a volver a hacer?.

Si es eso lo que a ellos interesa, repetimos, ¿por qué no lo iban a volver a hacer?. Hemos visto cómo presuntamente lo han hecho en otras ocasiones.

Continuando con el argumento… podría darse el caso y, repetimos, podría, que lo que se estuviera persiguiendo fuera sacar a una determinada Juez de un Juzgado, para nombrar a otro. En este caso, una Juez en un Juzgado que, como dice hoy El País en su versión de papel, es el Juzgado con más casos de corrupción de Galicia:

No nos queda más remedio que preguntarnos:

¿Es verdad todo lo que dice el Consejo?

¿Es falso todo lo que dice la Jueza?

¿A quien tenemos que creer?

¿Tenemos Justicia o Escándalo?

Por ahondar un poco en el argumento… dos días después de conocer la confirmación de la sanción a la Juez Pilar de Lara, sanción que le lleva a perder su plaza en el Juzgado de Lugo en el que, hasta ahora, ha estado llevando los casos que hemos referido previamente, hemos leído este artículo en El País.

Lean el artículo de El País. Nosotros reproducimos sólo unas líneas del primer párrafo del artículo:

«Según el juzgado, este proxeneta que la Operación Carioca sacó de las tinieblas tenía, como tantos otros, sus negocios clandestinos atados y bien atados con su ley del «terror». Y no corría el riesgo de que se le rompiera el cántaro contra el suelo, porque supuestamente el recipiente estaba blindado por representantes de todos los cuerpos policiales que recibían a cambio compensaciones en metálico y en especie.»

Evidentemente… es de suponer que Pilar de Lara se habrá buscado enemigos poderosos. Como hemos visto, ha abierto causas a algún compañero juez -investigación que fue archivada-, a proxenetas, políticos, funcionarios públicos, empresarios…

Parece normal que más de uno quiera apartarla.

Las preguntas que nos hacemos en esta Asociación de Víctimas de Corrupción Judicial son…

¿A quien protege el Consejo General del Poder Judicial?

¿Quien será nombrado para sustituir a Pilar de Lara en ese Juzgado?

¿Tendrá la o el nombrado para sustituir a Pilar de Lara tiempo suficiente como para estudiar los diferentes procedimientos en profundidad, de tal modo que sus disposiciones estén correctamente motivadas o, sin embargo, nos encontraremos con algo parecido a lo que está pasando en el Juzgado de Sevilla de donde salió la Jueza Alaya y que ahora permite que prescriban investigaciones dejando libres a presuntos corruptos y delincuentes y en el que la Juez que sustituyó a la Jueza Alaya ha sido denunciada por todos los Fiscales Anticorrupción por no estar haciendo ni permitiendo que ellos hagan su trabajo adecuadamente?

Con algunas de las decisiones de este Consejo General del Poder Judicial nos surgen muchas dudas. Y no sólo a nosotros: a la gran mayoría de las Asociaciones de Jueces también.

Hemos hablado de ello en «Violación de normas y sentencias en el CGPJ» y «El CGPJ abre la guerra entre los jueces«.

Pero concretemos un poco.

Ayer mismo, este mismo Consejo General del Poder Judicial nombró magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al juez Don Juan Molins que…. estaba ocho posiciones por debajo de otra candidataDoña Ana Orellana– en el escalafón de los especialistas de esta jurisdicción, según fuentes jurídicas.

Hablábamos de ello en nuestro artículo «Consejo a galope tendido«.

Lo adelantaba el diario Público el día antes de producirse el nombramiento


Como decimos en nuestro titular de hoy: ¿Justicia o Escándalo?

Por otra parte, parémonos un momento a analizar otra cuestión.

Curiosamente, parece que solo prosperan ante este Consejo General del Poder Judicial determinados tipos de denuncias contra Jueces:

  • Las denuncias contra Jueces que afectan a políticos: actualmente tenemos recientes los casos del Juez Alba -que afecta a una Diputada de Unidas Podemos– y el caso del Juez Florit, -que afecta a miembros del Partido Popular– . En este caso, el de la Juez De Lara, que afecta a miembros del Partido Popular y miembros del PSOE.
  • Las denuncias que afectan a miembros del Poder Judicial que son denunciados por otros Jueces, como es el caso de Juez Presencia. Hablábamos de ello en el artículo «Consecuencias por denunciar corrupción«. Como hemos visto previamente, también la Juez de Lara tuvo el «atrevimiento» de encausar a un Juez de un Tribunal Superior de Justicia. Caso que, por cierto….. quedó archivado.

Sin embargo, cuando son ciudadanos los que descubren, prueban y denuncian actuaciones presuntamente delictivas de jueces… parece que los jueces se niegan a investigar.

Por lo que hemos visto en algún caso que conocemos, algunos jueces deciden rechazar y desestimar las denuncias para no tener que investigar a otros Jueces. Es lo que está ocurriendo recientemente en el “Caso Pocoyo”.

En el «Caso Pocoyo» hay rotundas pruebas de presuntos delitos llevados a cabo por parte de determinados jueces y funcionarios. Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial archivó la investigación, negándose a aceptar como pruebas las que eran las pruebas fundamentales de la queja que se había presentado.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha negado también a investigar los indicios claros de los presuntos delitos. De una manera parecida al CGPJ: negando la validez de una de las pruebas fundamentales y por la vía de desestimar la querella interpuesta. En este caso, estos jueces han dejado impunes a los presuntos delincuentes.

En ambos casos hicieron lo mismo, tal y como decimos: negar la validez de una de las pruebas más importantes que se estaba presentando. Prueba que era y es perfectamente legal y contundente. No aceptándola en el procedimiento, dejaban impune a una presunta delincuente.

Es como si en una acusación de robo que se produce en un parque público, robo del que se han obtenido fotos y grabaciones por medios completamente legales, los jueces decidieran que esas fotos y esos vídeos no fueran legales y negaran que pudieran ser usadas en el procedimiento de acusación. Estarían dejando al ladrón libre como un pajarito, mientras la víctima del robo era despojada ¡¡por parte de los jueces!! de su derecho fundamental a encontrar Justicia y, por supuesto, despojado también de sus bienes, que quedarían en el bolsillo del ladrón.

La prueba en este caso era el Informe de unos Detectives Privados que habían hecho un seguimiento de uno de los Procuradores que participaban en el procedimiento en el que la víctima sería saqueada. Los detectives encontraron a la Jueza y al Procurador manteniendo, durante meses, una relación íntima estable. La jueza negó reiteradamente en documentos judiciales esta relación antes de conocer la existencia del Informe de los Detectives y cuando lo conoció, pidió por todos los medios a su alcance que no se tuviera en cuenta el Informe. Los jueces se ve que le hicieron caso y la realidad es que no han aceptado ese Informe como prueba, a pesar de perfectamente legal.

Cosas de los jueces, dirán unos. Violaciones de la Ley y del principio de legalidad, dirían otros.

Pero… fíjese usted por dónde los mismos jueces del Consejo General del Poder Judicial ¡no siempre actúan así!.

Miren este otro caso:


En este caso -por lo que dice el artículo- el Consejo General del Poder Judicial sí aceptó el Informe de los Detectives y sancionó al Juez.

El Juez había dictado… ¡¡sin pruebas!! en contra del ex marido de la mujer. Y fue pillado por unos detectives, manteniendo una relación estable con esa mujer. Lo pueden leer en ElEspañol.com.

Una sanción -la del Consejo- por cierto, que parece bastante blanda: se supone -por lo que se entiende de la lectura del artículo- que el Juez en cuestión fue pillado cometiendo una prevaricación y una presunta falsedad documental agravada en cuanto a su condición de Juez.

El Consejo le pone una sanción de un año. Luego que vuelva a juzgar normalmente.

Por algo equivalente al Juez Alba -al que han aplicado las penas menores aplicables en delitos de prevaricación y falsedad documental- le han caído seis años y medio de cárcel, la pérdida de su condición de Juez e inhabilitación por dieciocho años.

A este Juez del artículo de El Español no. Un año de inhabilitación.

Algunos dirán… «¡es que es un proceso administrativo el que se lleva ante el Consejo General del Poder Judicial y lo otro es un proceso penal!». Pero… ¿qué dice la Ley en cuanto a la obligatoriedad de denunciar delitos cuando éstos son conocidos? Y más conocido que haber hecho toda una investigación y hacer decidido sancionar por lo que todo parece indicar que son claros y evidentes delitos… nos hace pensar que no siempre los Jueces actúan de acuerdo con lo que establece la Ley. Especialmente cuando las actuaciones se refieren a otros jueces.

En el «Caso Pocoyó» del que les hablábamos previamente, a modo de ejemplo, los jueces no han aceptado el Informe de los Detectives como prueba.

Ni ante la queja presentada ante el Consejo General del Poder Judicial, ni ante la querella presentada contra la Jueza ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La Jueza ha quedado libre de cualquier sospecha, sus actuaciones judiciales sin investigar y los efectos de las mismas impunes.

¿Qué es esto?

¿Justicia o Escándalo? 

Esta forma de actuar por parte de determinados jueces en España es, por cierto, una manera de actuar que parece ser que guía desde hace tiempo a algunos jueces españoles.

Está perfectamente descrita en un artículo que un ilustre Letrado español escribió y publicó en 2.008. Es decir, hace ¡¡más de once años!! y que reproducíamos en nuestro artículo titulado: «Corrupción Judicial«.

Léanlo y sorpréndase.

En el artículo a que hacemos referencia, se pone de relieve también lo que el Letrado llegó a decir al Tribunal Constitucional en una Demanda por violación de Derechos Fundamentales que presentó el 6 de noviembre de 1995 (¡¡hace casi 25 años!!) : 

«Veintitrés intensos años de convivencia con el Poder Judicial avalan la manifestación de este Letrado de que en su seno tenemos a los mayores criminales de este país, no sólo por vulnerar impunemente las Leyes penales sino por haber arruinado, abusando de su poder, la vida de infinidad de ciudadanos y obligado a tantos justiciables y profesionales a prostituirse conocedores de que los pleitos los ganan los más allegados al juez» y continuaba afirmando que los jueces que habían fallado en el caso que recurría, habían vulnerado los derechos fundamentales de sus representados «brutalmente sacrificados por el omnímodo poder de unos jueces que vienen actuando por encima del propio Estado, conscientes de que nadie pone freno a sus actuaciones«.

¿Qué tenemos en España? ¿Justicia o Escándalo?

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