Parece ser que la tan reclamada «independencia» por parte de los jueces, no lo es tal. Sorprende este titular de El Pais en el que se ponen de relieve los incesantes y cada vez menos silenciados ruidos de sables entre los jueces. ¿Por qué un Consejo General del Poder Judicial que está «en funciones« tiene tanta prisa por dejar nombrados cargos tan importantes como son los de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y otros de igual o superior calado?

Que el actual Consejo General del Poder Judicial estuvo nombrado con una más que discutible y elevada participación del poder político, no parece que tenga duda a la vista de todo lo publicado.

El actual giro en el Gobierno de la Nación, tras la moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy, y la nueva estructura del Parlamento tras las elecciones generales después, invita a pensar que la sensibilidad del poder ejecutivo y del poder legislativo son diferentes a la que había en los tiempos inmediatamente precedentes.

Que hablemos de esto al referirnos al órgano de Gobierno del que es el «tercer poder«, el poder judicial, ya de por sí debería preocuparnos y llamarnos la atención. Es de suponer que los jueces, en beneficio del imperio de la Ley, deberían ser independientes. Así lo establece nuestra Constitución en su artículo 117, al igual que la doctrina y la correcta práctica jurídica.

Sin embargo, no parece que sea lo que está ocurriendo.

¿Por qué tres de las cuatro asociaciones de jueces que existen, se oponen frontalmente a los nombramientos que ese Consejo General del Poder Judicial, nombrado en tiempos del Gobierno de Mariano Rajoy, está llevando a cabo?

El artículo dice que las Asociaciones enfrentadas contra el Consejo son todas , excepto «la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura«. Curiosa coincidencia.

¿Qué esconden esos nombramientos que tanto disgustan a la mayoría de los jueces? ¿Cómo es posible que les disgusten tanto, y hasta el punto de llevarlo a enfrentamientos en el plano incluso de la Justicia?

Es conocido el férreo corporativismo que existe entre los Jueces. Ahora parece que ese corporativismo comienza a resquebrajarse. Lo que desde luego suena a una magnífica noticia para los ciudadanos.

Pueden leer el artículo de El País pinchando aquí.

Reproducimos a continuación el artículo publicado por J. J. Gálvez:

«El Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde 2018, acumula recursos de magistrados y asociaciones judiciales contra los procesos abiertos en los últimos meses para designar los cargos de responsabilidad en los tribunales.

Pese a que el órgano presidido por Carlos Lesmes defiende la «transparencia» de sus acuerdos, las alegaciones se suceden e, incluso, dos jueces han llevado esas decisiones al Supremo. Los colectivos también han recurrido 13 puestos por la vía administrativa. Y las críticas han provocado que un vocal se aparte de un nombramiento.

El enfrentamiento entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y tres de las cuatros asociaciones profesionales —todas, excepto la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura— se ha intensificado desde el pasado mayo después de que el órgano presidido por Carlos Lesmes decidiese poner en marcha el nombramiento de los presidentes de varias Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia (TSJ).

«¿Por qué existe prisa en nombrar unas plazas que pueden ser prorrogadas?», se preguntaban entonces, con cierto retintín, los tres colectivos —Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente—, que pedían en un comunicado la paralización del proceso y recordaban a los miembros del Consejo que, desde 2018, «ya no deberían permanecer» en sus puestos.

Un tono que, posteriormente, ha ido subiendo a medida que se sucedían las convocatorias de los puestos y se acumulaban los recursos. De hecho, JJpD ha llegado a afirmar que el actual CGPJ «carece de la legitimidad necesaria para adoptar decisiones de trascendencia para la carrera judicial, en tanto que su actividad debería limitarse al despacho mínimo ordinario de los asuntos». Y la AJFV ha acusado al órgano de «falta de imparcialidad» y de «pastelear con los nombramientos discrecionales» pese a encontrarse en una situación de provisionalidad.

El Poder Judicial se encuentra en funciones desde el pasado diciembre, cuando las Cámaras debían haber aprobado la renovación de sus miembros. De hecho, PP y PSOE pactaron un reparto y el Congreso llegó a poner en marcha la comisión consultiva por donde desfilaron los primeros candidatos a convertirse en vocales.

Pero todo saltó por los aires cuando se desvelaron unos mensajes de móvil del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, donde presumía de un futuro control de los populares sobre el Supremo y el CGPJ al asegurarse el nombramiento de Manuel Marchena, de perfil conservador, como su presidente.

Entonces, la renuncia de Marchena tras estallar la polémica y la inestabilidad política, que acabó con la convocatoria en febrero de Pedro Sánchez de nuevas elecciones, paralizaron todo el proceso de renovación. Aún así, según han denunciado las tres asociaciones judiciales, el Consejo aprobó solo dos meses después y por «sorpresa» las bases para aprobar los nuevos nombramientos de la cúpula judicial.

Amparo al Supremo

A raíz de ello, según explica el portavoz de la AJFV, Raimundo Prado, ya han recurrido por la vía administrativa este proceso para el nombramiento, de momento, de 13 altos cargos: la presidencia de la Audiencia Nacional; la presidencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional; las presidencias de ocho Audiencias Provinciales (Albacete, Castellón, A Coruña, Lleida, Valencia, Valladolid, Toledo y Zamora); la presidencia del TSJ de Galicia; y las presidencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Castilla y León y de la Sala de lo Social del TSJ de Aragón. Además, incide el portavoz de la Francisco de Vitoria en que, cuando se materialicen, tienen intención de llevar cada designación al Supremo.

«Las asociaciones están en su derecho a recurrir», recalca un portavoz del Consejo, que insiste en que las convocatorias «tienen unas bases muy detalladas, donde se establecen claramente los méritos y cómo se van a valorar».

Este frente de las asociaciones no es el único que se le ha abierto al CGPJ. La magistrada Rosa María Freire, instructora del caso de los discos duros de Bárcenas, ha llevado al Supremo la decisión del Consejo de nombrar como magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional a un juez con un número escalafón menor que ella —el elegido ocupa el 4.212, frente al 1.271 de Freire—.

Además, tras el recurso de otra juez, el Supremo también ha pedido al Poder Judicial que explique qué criterios siguió en mayo para mantener a los magistrados Enrique López y Eloy Velasco como adscritos a la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, después de que el alto tribunal anulara las plazas en propiedad que les habían otorgado.

Y a todo esto se suma que la magistrada María José Hernández, que aspiraba a la presidencia de la Sala de lo Social del TSJ de Aragón, denunció la pasada semana un trato «indigno» y «discriminatorio» en la entrevista que le hizo el Consejo.

Una acusación rechazada en el seno del órgano, pero que ha provocado que el vocal José María Macías haya decidido abstenerse en el nombramiento de la presidencia de la Sala de lo Social del TSJ de Aragón tras la denuncia de María José Hernández y el respaldo de la AFJV, asociación a la que pertenece.

La juez afirmó durante su exposición que en esa Sala no había habido ninguna mujer en 30 años. Y Macías, tras recordarle que solo el presidente de ese órgano era elegido directamente por el Consejo, le preguntó si conocía que la normativa prevé que solo tiene que primarse a una candidata mujer cuando haya igualdad de méritos entre los candidatos.

«Se están produciendo lo que solo sé interpretar como agrios ataques contra mi persona, que no tengo la menor duda de que pretenden y pueden influir en el procedimiento de nombramiento al que se refiere dicha convocatoria», ha afirmado Macías en una carta, a la que ha tenido acceso EL PAÍS y remitida a sus compañeros y a Lesmes.

El vocal, que enmarca esta denuncia en los ataques de las asociaciones contra el actual CGPJ, también afirma en ese texto que sabe que puede «estar abriendo una puerta muy peligrosa, en la que basta con atacar a un vocal para apartarlo de un procedimiento selectivo o para intimidarlo».

Pueden ver a continuación la comunicación de la AJFV a sus propios miembros:

Como se habrá podido entender de la atenta lectura del artículo… no parece que las aguas estén tranquilas en el seno de nuestro Poder Judicial.

Todo parece indicar que el actual Consejo General del Poder Judicial «en funciones» -como hemos dicho previamente, nombrado en tiempos del Gobierno de Mariano Rajoy y el Partido Popular- está intentando dejar atado y bien atado el futuro de los más altos órganos del gobierno judicial.

Un Consejo presidido por un Magistrado que arrancó su tiempo de gobierno con la famosa frase de que a los jueces «se les controla con el palo y la zanahoria» como bien podemos extraer de la hemeroteca.

Saquen cada uno de ustedes las interpretaciones que consideren oportunas.

Tan sólo nos gustaría recordar lo que establece el artículo 117.1 de nuestra Constitución:

«1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.»

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies