Corrupción judicial

Hoy les traemos tres artículos diferentes, que tratan asuntos diferentes, pero que convergen en torno a una temática que a nosotros nos interesa y entendemos que debería interesar a toda la ciudadanía: la corrupción judicial.

El primer artículo tiene fecha «lejana«. Se produjo en mayo de 2006, como consecuencia de una entrevista realizada por la revista Discovery Salud al ilustre abogado Don Luis Bertelli y fue titulado: «El derecho a la salud no es posible sin una justicia independiente«.

Don Luis Bertelli es abogado, especializado en asuntos relacionados con Derechos Humanos, defensor de asuntos relevantes ante el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sito en Estrasburgo y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Autor de libros como «Clan Judicial» (1990), «Colección de Derechos Fundamentales» (2004); «Jueces a juicio» (2009); «Compendium of Rights» (2016) y «Guía útil para Abogados (teórica-práctica)» de reciente aparición. Es también Presidente de la Fundación JUREI (Justicia Responsable e Independiente).

El segundo artículo a que hacemos referencia hoy es reciente, septiembre de 2019, escrito por Don Ignacio Gomá Lanzón y publicado por El Mundo con el título: «Independencia del Poder Judicial«.

Don Ignacio Gomá es Notario de Madrid, Miembro del Consejo de Redacción de la Revista El Notario del Siglo XXI y de Cuadernos de Derecho y Comercio. Editor de Hay Derecho, Presidente de la Fundación Hay Derecho y editor también del blog Transparencia Notarial. Conferenciante activo en foros como la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la Academia Matritense del Notariado, la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid, el Master de Abogacía del Colegio de Abogados de Madrid o el Master del Instituto de Empresa.

Ambos autores, como se puede deducir, con una amplia práctica jurídica, amplios conocimientos del Derecho y dilatada experiencia.

Pues bien, los dos vienen a coincidir -desde planteamientos distintos- en una misma cuestión: la existencia de corrupción judicial en España, la gravedad de la misma y las nefastas consecuencias para los ciudadanos, para la democracia y para la buena salud del Estado de Derecho.

Nos referimos a jueces que no actúan de acuerdo con la Ley. Presuntos delincuentes que tienen entre sus manos y de quienes dependen con sus decisiones las vidas, carreras profesionales y haciendas de millones de ciudadanos.

Jueces que no cumplen con lo establecido por el art. 117.1 de la Constitución Española, que define a los jueces como «independientes, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley«.

Al afrontar la cuestión de la corrupción judicial en su artículo, Don Ignacio Gomá hace una aproximación desde la cuestión de las influencias del estamento político. Es decir, de qué forma puede el político lograr influir o determinar la decisión de un juez. Una forma de poner en activo la potencial corrupción judicial.

Dice textualmente:

«El poder no se ejerce hoy por groseras órdenes o descarnadas intromisiones que desluzcan la imagen formalmente impoluta del poderoso. Hoy el control remoto de las instituciones se ejerce -como si fuera una rudimentaria Cambridge Analytica- a través de la inoculación indetectable de sesgos cognitivos mediante el condicionamiento de la carrera profesional del juez a decisiones que, finalmente, son políticas porque el órgano que ha de tomarlas -el CGPJ- está nombrado por políticos y compuesto por personas que previsiblemente van a cumplir, aunque podrían no hacerlo, las indicaciones que les den los partidos. Y lo van a hacer porque, por un lado, están en sintonía ideológica con quien los ha nombrado y, por otro, porque saben que su futuro profesional o político dependerá de la opinión que de su actuación tenga el que les ha nombrado: como paladinamente quedó patente en los tristes mensajes de Cosidó del año pasado, en los que traslucía quien iba a ser el presidente del Consejo antes de que éste se hubiera reunido y lo hubiera acordado, como era su prerrogativa. En realidad las decisiones no las toma el Consejo, sino quien nombraba a sus miembros, que ufanándose groseramente de su poder provocó, les recuerdo, la renuncia del juez Marchena.«

Reproducimos a continuación un extracto de los mensajes de Don Ignacio Cosidó a que hace referencia el párrafo anterior:

Estos mensajes hacían referencia al nombramiento negociado entre los partidos políticos de Don Manuel Marchena como nuevo Presidente del Consejo General del Poder Judicial.

Pocas horas después de hacerse público el mensaje, así como el reconocimiento de Don Ignacio Cosidó de la autoría del mismo, Don Manuel Marchena -protagonista de esta negociación- publicó una carta renunciando a cualquier potencial nombramiento en el Consejo General del Poder Judicial

Mas adelante en su artículo, sigue diciendo Don Ignacio Gomá:

«el deterioro (de la independencia del Poder Judicial) aparece ya asumido como irremediable por los partidos clásicos que, sin rubor, a través de sucesivos ministros de justicia, reivindican el derecho a controlar el CGPJ a través del Parlamento. Por eso el bloqueo político de hoy es también el bloqueo de la renovación del CGPJ.

La gravedad de esta situación no es una manía de cuatro activistas: lo ha señalado el Consejo de Europa (Recomendación 2010/12), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) específicamente para nuestro país. Y, por supuesto, su corrección no consiste en que los jueces nombren a todos los miembros del CGPJ: eso también podría suponer un poder sin control. Bastaría una solución equilibrada como la que previó la primera LOPJ interpretando adecuadamente la Constitución. La solución no es complicada».

Como hemos visto, una aproximación a un problema real: la corrupción judicial, expuesto desde la perspectiva de la potencial falta de independencia del Poder Judicial debido al elevado poder que sobre ellos mantiene la clase política.

La aproximación de Don Luis Bertelli a la cuestión de la corrupción judicial es diferente a la anterior. Más directa.

En el artículo a que hacíamos referencia anteriormente, al hablar de su vida dice Don Luis Bertelli que su único mérito profesional es:

«no resignarme jamás a aceptar que 4.000 jueces puedan destruir la vida, el patrimonio y la dignidad de más de 40 millones de personas, sin que les pase nada«.

Describe los fines que reivindica la Fundación JUREI «la independencia institucional del Poder Judicial para lograr la absoluta autonomía frente a los demás poderes del Estado… (y) un diferente control de la Magistratura para que ésta tenga el deseado equilibrio entre poder y responsabilidad que nuestra sociedad necesita … (así como ) la pretensión de que los Derechos Humanos garantizados en los Convenios y Pactos internacionales y en la Constitución Española sean efectivamente reconocidos y respetados a todos por igual«.

En el artículo se pone de relieve lo que Don Luis Bertelli decía al Tribunal Constitucional en la Demanda que presentó el 6 de noviembre de 1995 por violación de Derechos Fundamentales:

«Veintitrés intensos años de convivencia con el Poder Judicial avalan la manifestación de este Letrado de que en su seno tenemos a los mayores criminales de este país, no sólo por vulnerar impunemente las Leyes penales sino por haber arruinado, abusando de su poder, la vida de infinidad de ciudadanos y obligado a tantos justiciables y profesionales a prostituirse conocedores de que los pleitos los ganan los más allegados al juez» y continuaba afirmando que los jueces que habían fallado en el caso que recurría habían vulnerado los derechos fundamentales de sus representados, «brutalmente sacrificados por el omnímodo poder de unos jueces que vienen actuando por encima del propio Estado, conscientes de que nadie pone freno a sus actuaciones«.

Más adelante en el artículo, seguía diciendo:

«Necesitamos una Magistratura responsable. Los jueces no pueden escapar al principio axiomático de todo Estado de Derecho según el cual nada es incontrolable ni nadie irresponsable. Hay que exigir al Gobierno que implante el Jurado que prometiera para juzgar a nuestros jueces porque mientras sigan siendo juzgados por sus propios compañeros la irresponsabilidad del Poder Judicial continuará siendo la excepción de ese principio.

Y, por otro lado, hay que lograr la independencia del Poder Judicial, que los políticos dejen de controlar el nombramiento y ascenso de nuestros jueces… Desgraciadamente el Gobierno se ha introducido en la Justicia.»

Más adelante, con referencia a nuestra democracia española, dice Don Luis Bertelli :

«Empezó a morir el día en que los perseguidos y atropellados, pudiendo ya luchar por sus derechos, se resignaron. Desde entonces hemos tenido varios cambios de Gobierno pero los códigos de restricciones y castigos permanecen invariables y hoy estamos verdaderamente como en la Edad Media. Los ‘humilores’ nos sentimos igual de impotentes frente a toda clase de impuestos, servidumbres y vejaciones de los ‘potentioris’. España parece no querer salir de la Servocracia y continúa con el mismo miedo de hace siglos.

Por eso rebelarse, que en Francia por ejemplo es el primer derecho inalienable de la persona -aparece incluso recogido en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1.789- aquí sigue siendo considerado como una sedición a la Servocracia».

Con referencia a los medios de comunicación y la importancia que éstos podrían tener en denunciar la corrupción judicial, dice:

«en el periodismo se ha instalado la esencia del hombre hueco de Thomas S. Eliot: «obedece, calla y gana dinero». Lo que se traduce en una falta absoluta de independencia. Y sin ella desaparece todo atisbo de incitación a la rebeldía y a la protesta. Por eso seguimos anclados en la frase que mejor puede definir lo acontecido durante la dictadura: «No te enfrentes, déjalo que si no va a ser peor»»

Y concluye esta parte diciendo:

«El miedo a las represalias atenaza a casi todo el mundo pero no podemos seguir así, si de verdad queremos desterrar de una vez por todas el enorme daño que nos hizo la Inquisición y tomamos conciencia de que debemos legar a las próximas generaciones la Justicia que a nosotros nos ha sido negada…. Debo reconocer que hoy afortunadamente son cada vez más los abogados, periodistas e, incluso, jueces que se enfrentan a las injusticias lo que resulta muy alentador«.

Como continuación y confirmación de lo anteriormente expuesto, también consideramos interesante traer hoy a este artículo, el recogido por el blog Padres Divorciados en julio de 2008.

En él se citaban declaraciones también de Don Luis Bertelli acerca de la situación de la Justicia española. Las declaraciones a que hacían referencia, aparecían en la web de la Fundación Jurei, publicadas el 14 de abril de 2008.

Por su extraordinario realismo e importancia, las reproducimos textualmente:

«1ª) No tenemos una Justicia responsable ni independiente, razón por la que se ha constituido esta Fundación que aspira a lograr esa Justicia que merecemos tener en un Estado que se dice «de Derecho», pues sólo existe un Poder -el ejecutivo- que ha absorbido a los otros dos poderes y, como antaño aconteciera, al Poder Judicial.

El Poder Judicial acepta resignado su falta de independencia a cambio del privilegio de su inmunidad. Todo el quehacer institucional está rodeado del mayor oscurantismo y secretismo que imaginarse pueda, en contra de la transparencia y publicidad exigida por la Constitución y las leyes para sus actuaciones. Existe una barrera infranqueable que impide conocer cómo se efectúan los repartos de los asuntos y se adjudican las ponencias.

Tampoco es factible llegar a saber los motivos de abstención o recusación que hacen inhábil a un juez.

Estas circunstancias conducen a que los procesos puedan estar resueltos a favor de una de las partes antes de su inicio (no cabe mayor depravación), permitiendo que primen intereses espurios y no las razones del otro litigante, que ni siquiera imagina la falta de imparcialidad de ese Juez o Tribunal que dirime su juicio.

2º) Exigir responsabilidad a jueces y magistrados es muy difícil -casi imposible-, por el elevado grado de corporativismo que entre ellos existe.

Muchos de ellos están agrupados en alguna de las cuatro Asociaciones de jueces existentes en España, figurando entre los fines de todas ellas: «la defensa de los intereses profesionales de sus asociados».

Y como no resulta viable conocer tal afiliación, es probable que el magistrado que juzga la conducta penal de un compañero juez pertenezca a su misma Asociación, teniendo aquel, tal como decimos, la obligación estatutaria de salvaguardar los intereses de este.

Lo mismo sucede con la exigencia de responsabilidad civil o disciplinaria: vanos esfuerzos que los tribunales y el Consejo General del Poder Judicial -órgano político que no judicial- se encargan de demostrar a diario.

Tampoco ha lugar a recusarlos. Puede intentarse, pero en casi todas las ocasiones será desestimada la recusación y, además, se condenará en costas al recusante.

Naturalmente, sin permitírsele a éste siquiera la práctica de la prueba que acredite la existencia del motivo alegado como causa de recusación.

3º) Como la práctica totalidad de las querellas y recusaciones que se interponen contra jueces y magistrados son «inadmitidas a trámite». Esto significa que los jueces y magistrados que han sido denunciados o recusados, van a seguir interviniendo en el proceso.

No existe mayor sospecha de parcialidad que la que surge de la animosidad y hostilidad de estos jueces -que han sido cuestionados por alguna de las partes- siendo el resultado de esos procesos fácil de imaginar.

Esto es debido a que desde la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, se exige para poder recusar a un juez o magistrado que la denuncia o querella interpuesta contra el mismo: «hubiere dado lugar a la incoación de procedimiento penal..»

Y dado que casi ninguna consigue, como decimos, que se inicie una causa penal, ¡ni siquiera es posible recusar a quien se denunció por actuar supuestamente fuera de la legalidad!.

El argumento utilizado por la Judicatura de que se interpone la querella para poder apartar al juez del conocimiento del proceso es tan ingenuo como improcedente.

El ordenamiento jurídico prevé mecanismos adecuados y contundentes para frenar, de producirse, tal actuación desleal.

4º) Los abogados no cuentan con un Colegio que los proteja, porque esas corporaciones colegiales parecen estar más propensas a aliarse con los jueces para atacar de manera conjunta al abogado que decide ejercer su profesión de firma libre e independiente.

Y como los abogados son conscientes que denunciar o recusar a un juez o magistrado puede suponer un daño para los intereses de sus defendidos, son muy pocas las querellas y recusaciones que se presentan contra jueces y magistrados en España.

Los Procuradores no quieren tampoco enemistarse con los componentes del Poder Judicial. Por tal razón no es fácil encontrar un Procurador que firme una demanda, querella o recusación contra ellos.

Y quienes lo hacen, colocan por regla general la siguiente frase al lado de su firma: «A los solos efectos de representación».

Esto significa que no se identifican con el trascendental escrito, cargado por supuesto de razón que ha elaborado el abogado, dejando a éste solo en su ya de por sí difícil y peligrosa andadura, como si de un auténtico loco se tratara, conocedor de que será declarado en el foro «persona non grata»; o sea, un controvertido y polémico profesional, porque en España se prefiere al que miente o calla, no al que dice la verdad.

5º) Y si una persona de forma responsable, plenamente acertada y ajustada por completo a la legalidad, se atreve a denunciar de forma reiterada los comportamientos ilegales que sufre o que presencia de los integrantes de la magistratura española, es objeto de tremendas represalias por el conjunto de la judicatura (hay por supuesto jueces que no participan en tan deleznable persecución).

Las querellas que esa persona presente se inadmitirán a trámite, como decimos sucede, pero se decidirá además ir contra ella por «acusaciones falsas».

Y en tales procesos kafkianos no le permitirán obviamente demostrar la verdad de sus imputaciones, negándosele toda la prueba que solicite.

Se encontrará además indefensa porque le resultará imposible contar con un abogado que la defienda y tendrá que enfrentarse en solitario al desaliento que supone ver a unos jueces actuando extramuros de la legalidad y con absoluta impunidad, conscientes dichos jueces de que hagan lo que hagan, no les sucederá nada.

6º) Los órganos y autoridades del Estado que tienen como primera misión respetar la Constitución y los derechos de los ciudadanos (entre otros la Corona, el Gobierno, los propios tribunales, el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo y demás instituciones estatales y autonómicas), cuando conocen las quejas de los justificables por comportamientos supuestamente prevaricadores de jueces y magistrados, no cumplen con la obligación que les viene impuesta por la Ley Orgánica del Poder Judicial de poner tales hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, para que éste ejerza la correspondiente acción penal.

Y también es inusual que el Ministerio Fiscal interponga demandas, querellas o recusaciones contra jueces o magistrados, oponiéndose sistemáticamente a las que promueven los particulares.

7º) Los legisladores, quienes viendo siendo puntualmente informados de la falta de un control eficaz sobre el comportamiento de nuestros jueces y a los que esta Fundación ha pedido incluso la efectiva fiscalización de sus actos a través de un Jurado Especial como el que se creara en la República de 1.931, no hacen nada para cambiar esta situación porque son precisamente los políticos, en unión de los poderosos (intocables en la dictadura y en la democracia) los más beneficiados de una Justicia en la cual está ausente cualquier tipo de responsabilidad contra sus miembros, y en la que no es difícil imaginar el provecho que a algunos de ellos puede reportarle las resoluciones judiciales que dicten.

8º) Los justiciables, indefensos y abandonados a su suerte, y perfectos conocedores de esta situación que exponemos, buscan ganar sus juicios por la vía de la adulación al juzgador o por la aún más intolerable de la corrupción, lo que pervierte definitivamente el código de conducta ético exigible. Huyen de los abogados que hacen frente a comportamientos abusivos e indignos de los jueces, y eligen a los que mantienen excelentes relaciones con ellos, plenamente convencidos que, de esta forma, la sentencia resultará favorable a sus intereses.

9º) Y el resto de la ciudadanía, los medios de comunicación incluidos, o bien siguen aterrados como en el régimen anterior, fieles a las consignas que recibieron: «estáte quieto que va a ser peor», «mejor es que lo dejes», o se ponen del lado del vencedor (el Sistema), del que obtienen obviamente muchísimo más, que si osan enfrentarse al mismo. También se desentienden de las injusticias que vienen sufriendo los demás, hasta que les toca a ellos. Entonces pasan a engrosar la larga lista de damnificados del Poder Judicial, convirtiéndose en víctimas sin esperanzas en un país que mantiene intacto en democracia, el espíritu de la dictadura. ¿Hasta cuando?

10º) Este es el endémico mal que padecemos en España y que ha llevado a que la Justicia sea la institución peor valorada de todas, con la frustración permanente de esos Jueces, Fiscales y Abogados (con mayúscula por íntegros e independientes), que ven con absoluto desencanto como su correcta actuación, ajustada a unos parámetros de un Estado de Derecho no sirve para nada, mientras son marginados o brutalmente represaliados por negarse a perder su honor y dignidad, en una Justicia que sigue siendo esa tela de araña de la que hablara el sabio Solón: «la que atrapa al débil y de la que sólo el fuerte consigue escapar, tras rasgarla fácilmente». «

Para terminar, y con el fin de darle una cierta perspectiva histórica al problema de la corrupción judicial, no podemos dejar de citar el artículo «LA CORRUPCIÓN JUDICIAL, PRELUDIO DEL FASCISMO. «Yo Acuso: Carta a Monsieur Félix Faure, presidente de la República», por Émile Zola» del portal de internet Punto Crítico.

En él se describe un famoso caso judicial que tuvo lugar en Francia a finales del siglo XIX. La injusta condena del oficial de Estado Mayor Don Alfred Dreyfus, que -sobre la base de pruebas falsas- le condenaron el 22 de diciembre de 1.894 a cadena perpetua en el penal de la Isla del Diablo, una pequeña isla frente a la Guayana francesa y a ser expulsado del ejército.

La injusta condena, tras la aparición del verdadero culpable, dio lugar al famoso artículo de Èmile Zola en el diario L’Aurore el 13 de enero de 1.898.

Como explica el artículo de Punto Crítico y, tal y como suele ocurrir en el caso de denunciantes de corrupción igualmente hoy en España:

«Tras su artículo, Zola es condenado a un año de cárcel y 3.000 francos de multa

El mismo día del artículo, una muchedumbre vociferante se manifiesta frente a su casa, profiriendo gritos contra Zola. En las semanas posteriores, sería objeto de un ataque con piedras, mientras algunas personas procedían a la quema pública de sus libros. Y en el momento de su condena estalló tal explosión de júbilo entre el público que, en palabras del político George Clemenceau, «si Zola hubiera sido absuelto, ninguno de nosotros hubiera salido vivo de allí».

Con todo, el artículo había logrado su propósito principal: el caso Dreyfus volvía a situarse en la primera plana social y se convertiría en un asunto de Estado. «A partir de ese momento el caso cobra todos los tintes y proporciones de una guerra de religión. En la calle, las manifestaciones diarias y multitudinarias a favor de una u otra postura acababan casi siempre en batalla campal y, en Argelia y en provincias fundamentalmente, los barrios judíos eran asaltados por masas enfurecidas”, explica Sanz Miguel.

La prensa internacional también se hace eco del caso, tomando por lo general parte a favor de Dreyfus, e incluso varios países amenazan con boicotear la Exposición Universal que estaba prevista en París en 1900.

Tal y como Zola había escrito en Yo acuso, «la verdad está en marcha y nada la detendrá». Poco a poco, las dudas sembradas por el escritor se van abriendo paso entre la opinión pública gala, que empieza a posicionarse a favor de la revisión.

Los gobiernos de la época no tuvieron más remedio que poner el affaire entre sus prioridades y, pese a las resistencias externas e internas acaban descubriendo la falsificación de varias de las pruebas utilizadas contra Dreyfus, lo que conduce a la detención de Hubert-Joseph Henry, oficial del Estado Mayor, como autor de las falsificaciones.

En ese momento, Henry aparece muerto en su celda; el general Raoul de Boisdeffre, dimite como jefe del Estado Mayor; y Esterhazy opta por el exilio. Los hechos parecían evolucionar a favor de los intereses de Dreyfus. Y, sin embargo, aún tendría que enfrentarse a muy duras pruebas.

Porque a estas alturas, el caso Dreyfus había trascendido todas las cuestiones relativas a un problema judicial y se había convertido en un elemento de confrontación política, «un instrumento que sirvió para definir, más o menos nítidamente, dos posturas claras en el espectro político: el ala izquierda (en la que socialistas, liberales y republicanos acercaron posiciones) y la derecha (que endurecía sus posturas y sentaba las bases que abrirían las puertas a los fascismos)”, escribe Freyre.

Para estos últimos nada parecía validar la revisión del caso. El propio Maurras defendió las falsificaciones de Henry como “uno de los más nobles hechos de guerra” y desde las filas del ejército surgían rumores sobre un golpe de estado que no puede desligarse de las tensiones generadas por el affaire.

El triunfo de la verdad

Nada de esto impidió que, finalmente, en 1899, Dreyfus fuera sometido a un nuevo consejo de guerra en el que, contra todo pronóstico -por entonces Esterhazy ya había reconocido en prensa ser el autor del memorándum-, será nuevamente considerado culpable, aunque «con circunstancias atenuantes», por lo que su pena queda rebajada a diez años.

Con el deseo de poner fin al caso, el gobierno le concede el indulto, pero el oficial judío seguirá luchando por acreditar su inocencia, algo que logrará en 1906, cuando el Tribunal Supremo anula la condena contra Dreyfus, que es reintegrado en el ejército.

Zola pudo pagar con su vida la osadía de su Yo acuso, sin tiempo para comprobar que, como el mismo había presagiado, la verdad acabaría imponiéndose, sin que las más burdas maquinaciones pudieran detenerla.

Tras de sí dejaba, eso sí, un país desgarrado por un debate que separó familias y acabó con viejas amistades y que dejó unas heridas profundas que acabarían causando profundos daños a Francia y a toda Europa, pues, como observa Gil Pecharromán, «del affaire surgió una derecha rearmada ideológicamente y dispuesta a combatir por todos los medios los procesos de democratización abiertos por la República radical. En cierta medida, el asunto Dreyfus está en el origen de la derecha totalitaria que se encarnaría en las diversas variantes del fascismo en la Europa posterior a la Gran Guerra».»

Las consecuencias de la corrupción judicial.