Interesante artículo publicado por Confilegal haciendo referencia a lo que le ha ocurrido a Concepción Sáez, Vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por «atreverse» a expresar su opinión y votar de acuerdo con su manera de pensar.
Tiene hasta gracia lo del término «pactó«.
¡Qué correctos a la hora de explicar lo que parece que ocurrió en realidad!
Actúa, agrupación reunida para lograr «una política para el cambio», en su nota de prensa, es mucho más directo que todo ello:
Merece la pena leer atentamente lo que expresa claramente su nota de prensa:
Este es el que parece que es el «gobierno de los Jueces«. Una institución donde si no votas en el mismo sentido que indica la «dirección«, se te «invita» amablemente a «pactar» una salida.
Esta es la democracia que existe entre los Jueces, la independencia y el respeto al criterio individual de cada uno de los jueces.
Estos hechos que leemos en la prensa nos llevan a hacer algunas reflexiones. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿de donde surge esta actuación por parte del CGPJ frente a una Vocal que expresa su opinión discordante? ¿cual es el objetivo? ¿cuales sus consecuencias?:
- La manera de pensar de los Jueces: es importante analizar e intentar entrar a conocer cómo piensan nuestros representantes judiciales. Tienen en sus manos nuestras vidas. De ellos depende nuestra libertad, nuestra paz personal, nuestros bienes y nuestro futuro frente a cualquier eventualidad. Sea voluntaria o involuntaria. Y son plenamente conscientes de su poder. Para intentar conocerlos y hacer una aproximación a su manera de pensar, es esencial intentar entender su entorno profesional y los diferentes hábitos profesionales. Desde nuestro análisis, su vida profesional gira alrededor de diversos valores y prácticas que nuestra propia experiencia nos dice que se van reproduciendo entre ellos de manera constante:
- Se reafirman en una independencia -que no es más que burocrática- y la entienden como un mecanismo de protección de sus intereses de «casta«. El poder judicial se ve como una «casta diferente» dentro de la sociedad. Con derechos y obligaciones diferentes a la del resto de los ciudadanos.
- Como consecuencia de lo anterior, parece evidente que se consideran separados de la sociedad e incluso hasta del Estado. Se ven como ciudadanos diferentes.
- Dicen ser apolíticos -cuando en realidad es evidente que no lo son en muchos casos- y defienden tener capacidad para ser neutrales.
- Afirman tener una sumisión a la Ley, pero lo hacen sólo en clave formal. Sacan con su práctica de la Ley los derechos inherentes a los ciudadanos a su conveniencia. Ahí está la jurisprudencia para dar testimonio de ellos. Tienen una sumisión que es sólo puramente formal.
- Consideran inconveniente juzgar o cuestionar las Leyes.
- Dependen internamente de su propia jerarquía
- En muchas ocasiones y como consecuencia de esa «separación» de la sociedad y del Estado que ellos mismos sienten tener, generan de manera muchas veces inconsciente la lógica de doble moral -típica de dictaduras-: el amigo y el enemigo. Esto lleva a convivir con bajas dosis de Justicia. Al amigo le aplico la Ley de una manera y al enemigo, de otra.
- La impunidad instalada entre los Jueces: ¿qué es la impunidad?: La falta de castigo de aquel que lo merece. Una de las manifestaciones más claras de la injusticia. Justo aquello que el poder judicial debe contribuir a evitar. Los jueces y miembros de la carrera judicial sin embargo, se sienten y se saben impunes. Entre ellos -que ya hemos comentado cómo se ven así mismos como miembros de una «casta» diferente al resto de los ciudadanos- se cubren, se protegen y hacen todo lo posible para convertirse en «intocables«. Los Jueces llevan años reclamando su independencia como tercer poder. Se quejan -y tienen razón- de la manera en que el poder político se han introducido hasta lo más dentro del poder judicial, permeabilizándolo completamente. Con toda razón reclaman la independencia del poder judicial, pero… ¿cual es la única razón que justifica la independencia para el poder judicial? La recta aplicación de la Ley vigente. Si aplicaran la Ley de manera recta y se sometieran a ella de una manera acrítica, como consecuencia de lo anterior, su actuación debería:
- Generar falta de responsabilidad del Juez con respecto al resultado de su decisión: y es este el corazón de sus reclamaciones desde hace mucho tiempo. Sin que la jurisprudencia justifique una recta aplicación de las leyes vigentes, lograron la impunidad con el Ministro Ruiz Gallardón. Se convirtieron en impunes. Dejaron de tener responsabilidad alguna frente a los ciudadanos. Consagraron su condición de «casta» diferente. Sólo el Estado puede decidir si actúa contra ellos ante una mala gestión o una mala utilización de la Justicia. Y quienes lo tendrían que hacer son miembros de su misma «casta». Se saben impunes. Desde entonces los dislates jurídicos, la falta de independencia por parte de algunos jueces y el corporativismo entre los jueces para protegerse, se ha multiplicado.
- Dar suficiente fuerza a la jurisdicción para cohabitar con la excepción y con la impunidad de los poderosos.
- Los Jueces que «miran hacia otro lado» y consienten activamente la corrupción: es la consecuencia de lo anterior. Se saben impunes. Pueden mirar hacia donde quieran. No van a tener problemas si lo hacen, especialmente si algún superior jerárquico en la Carrera -de la que depende su vida profesional y su futuro- les pide que lo hagan.
Creemos y estamos firmemente convencidos que en la Carrera Judicial hay una gran mayoría de magníficos Fiscales, Jueces y Magistrados honestos, trabajadores y deseosos de lograr aplicar la Ley y los principios consagrados por nuestra Constitución.
La pregunta que nos surge ante esto es…. ¿cómo es posible que aparezca como normal que tantos Jueces y Magistrados miren «hacia otro lado» y consientan con su actitud activa y pasiva la corrupción? Estamos pensando en las numerosísimas víctimas de tortura, malos tratos y tratos crueles e inhumanos derivados de haber denunciado corrupción en España.
Pues bien, de la lectura de lo acaecido a Concha Sáez como Vocal de la Comisión Permanente del CGPJ se concluye lo que les ocurre a aquellos que no siguen las indicaciones que les llegan «de arriba» en la jerarquía judicial.
Además, este es un caso que pretende ser claramente «ejemplarizante«. El mensaje es claro:
«Si somos capaces de hacer esto con un Vocal de la Comisión Permanente del CGPJ, imagínate qué no podríamos hacer con la decisión acerca de tu próximo destino…. ¿querrás venirte cerca de tu ciudad de origen en tu próximo destino o querrás conocer algún pueblo perdido en una sierra perdida donde todavía existe un partido judicial y, por cierto, una vacante libre que parece que encaja perfectamente con tu perfil?«
Queda para otra reflexión posterior el caso que motivó la opinión discordante de Concha Sáez: la petición de amparo por parte del Juez Llarena al ser presentada una demanda contra él por el expresident Puigdemont y ser llamado a declarar en Alemania.
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