Hay veces que las resoluciones judiciales son tan sorprendentes que hay que preguntarse lo del titular del artículo: ¿inutilidad, corrupción o qué?. Después de años de estudio del Derecho, de años de dedicación a sacar la oposición a la judicatura y años de ejercicio… ¿es posible que una Magistrada dicte una resolución así? ¿es, simplemente, corrupción descarada o se nos escapan motivos?
Hoy traemos a nuestros lectores este recientemente publicado artículo en Diario 16.
Lo reproducimos a continuación:
«En el auto de sobreseimiento provisional y archivo notificado hoy, Carmen Valcarce llega a confundirse con la terminología propia de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) con sede en Madrid (al que se refiere la denuncia como “organismo de cuenca”), y llega al convencimiento de que el juzgado de instrucción de Madrid no es competente para conocer de hechos ocurridos en “Cuenca”
La jueza titular del juzgado de instrucción nº 5 de Madrid, Carmen Valcarce, que se rodeó de polémica cuando decidió archivar hasta en tres ocasiones distintas el “caso de los espías de Esperanza Aguirre”, ha notificado hoy mismo el archivo del asunto del asunto del “pelotazo del chalet del fiscal de Talavera”.
La denuncia, que se presentó hace casi tres meses en el Juzgado de Guardia de Madrid, se dirige contra los comisarios de aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), José Antonio Díaz Lázaro-Carrasco y Javier Díaz Regañón Jiménez, por los delitos contra la ordenación del territorio y medio ambiente, falsificación de documento público, prevaricación administrativa y tráfico de influencias, por no cumplir con la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (TSJCLM) de demoler el chalet del fiscal decano de Talavera, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade.
También se dirige contra éste y contra su esposa, María García García, ambos propietarios del chalet, por los delitos contra la ordenación del territorio y medio ambiente, y tráfico de influencias.
Según ha informado a través de un comunicado la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP), liderada por el ex juez decano de Talavera de la Reina, Fernando Presencia, fue la propia sentencia del TSJCLM, en la que se ratificó la orden de demolición del chalet del fiscal, la que alertó sobre la posibilidad de que la CHT hubiera incurrido en un trato de favor durante la tramitación del expediente sancionador, tras conocer que el presunto infractor era el fiscal decano de la sección territorial de ese partido judicial.
En la denuncia se indica que, es a la hora de narrar el contenido del expediente sancionador, cuando la sentencia del TSJCLM deja constancia de la irregularidad que supuso el cambio injustificado del título de imputación, indicando que “-sin que conste explicación alguna al respecto- se eliminó de la descripción de los hechos contenida en la denuncia, y en el informe complementario, la invasión de la zona de servidumbre, que tiene un régimen mucho más riguroso en cuanto a la autorización de obras respecto de la zona de policía,artículos 7.3 y 9.4 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico”.
En el auto de sobreseimiento provisional y archivo notificado hoy, Carmen Valcarce llega a confundirse con la terminología propia de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) con sede en Madrid (al que se refiere la denuncia como “organismo de cuenca”), y llega al convencimiento de que el juzgado de instrucción de Madrid no es competente para conocer de hechos ocurridos en “Cuenca”.
En la resolución del juzgado de instrucción nº 5, en la que solo se identifican como denunciados a los dos comisarios de aguas, José Antonio Díaz Lázaro-Carrasco y Javier Díaz Regañón Jiménez, sin hacer mención alguna al fiscal decano de Talavera, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, y a su esposa María García García, se niega legitimación a la asociación denunciante porque dice que “tiene que interponer querella para poder ejercitar la acción popular”, ignorando que lo que se estaba ejercitando en realidad era la “acción pública” para la denuncia de infracciones urbanísticas, que no necesitan de querella. Según el Tribunal Supremo “es pública la acción para exigir la observancia de la legislación urbanística y de los planes, según dispone el artículo 304 del TR de la Ley del Suelo de 1992” y no necesita de querella ni de prestación de fianza.
En el auto de archivo también se niega sorprendentemente legitimación para denunciar a Fernando Presencia, porque “no puede efectuar denuncia contra terceros sobre delitos no cometidos contra su persona. Debiendo aclarar, en el caso de que no esté conforme con la presente resolución, que no ostenta la condición de miembro de la carrera judicial para efectuar cualquier recurso”.
En cuanto al fondo del asunto, Carmen Valcarce considera que la denuncia “no presenta indicios”, a pesar de que la propia sentencia del TSJCLM, que ratificó la orden de demolición del chalet del fiscal, alertó sobre la posibilidad de que la CHT hubiera incurrido en un trato de favor durante la tramitación del expediente sancionador, tras conocer que el presunto infractor era el fiscal decano de la sección territorial de ese partido judicial.
La jueza que ha archivado la causa, amiga de Granados
En el año 2009 trascendió una trama de espionaje político en la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo de Esperanza Aguirre se encontraba en el epicentro de acusaciones de espionaje realizadas por empleados de la seguridad regional hacia miembros del propio gobierno. El entonces fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid (TSJM), Manuel Moix, fue el encargado de investigar los hechos. Cabe recordar que Moix fue reprobado por el Congreso de los Diputados por torpedear caso Lezo. Además, dimitió alegando motivos personales tras el escándalo de las sociedades offshore en Panamá.
Las causas de espionaje se concentraron en el Juzgado número 5, del que es titular Carmen Valcarce, quien archivó la causa en tres ocasiones, en julio de 2010, en mayo de 2012, y en febrero de 2015. En los dos primeros casos, la Audiencia provincial desautorizó a la magistrada y la obligó a reabrir la causa.«
¿Quién es la Magistrada Carmen Valcarce?
Si acudimos a la hemeroteca, nos encontramos con estos titulares:
Sobre el tema «Granados» hay abundante información también en internet.
Reproducimos a continuación una parte del contenido del siguiente artículo:
«La jueza Valcarce, el ex juez Armengol y el ex fiscal Molina son los protagonistas del programa de “Espía en el Congreso” en Radio 3w.com: un monográfico sobre la “mafia Púnica” pero en su relación con jueces y fiscales, pues esta trama ha destapado diversas corrupciones judiciales.
“Si algo asombra del sumario del caso Púnica son las inquietantes relaciones de Francisco Granados,ex número dos de la Comunidad de Madrid, y su capacidad de influencia sobre algunos jueces, fiscales, abogados o policías” ha escrito la periodista Julia Pérez. Y es que las grabaciones al dirigente del Partido Popular (PP) encarcelado afloran sus nombres: la principal, la de la jueza Carmen Valcarce (de la que lograron que archivara el caso del espionaje a Ignacio González, Alfredo Prada y Manuel Cobo en Madrid) y que es la más llamativa: “La jueza del caso espionaje besó a Granados y le dijo que estaba “para servirle”, según explicó él a su mujer.
Las conversaciones telefónicas del ex número dos de la CAM grabadas por la Guardia Civil muestran su influencia sobre algunos jueces, fiscales, abogados y policías. Un enviado quiso comentarle “una cosa en persona de Lesmes” que no era oficial sino “una consulta estratégica”, según consta en el sumario del caso Púnica. Con ella, José Luis González Armengol, ex decano de los jueces de Madrid y Enrique Molina, ex fiscal de la Audiencia Nacional y defensor de Francisco Granados, hoy encarcelado en la prisión de Estremera (Madrid).
Según Granados, la jueza Carmen Valcarce dijo delante de 8 abogados en los pasillos de los juzgados que él era “el mejor consejero de Justicia que había tenido la Comunidad de Madrid”, por lo que él mismo tuvo que pedirle recato.
La magistrada ya desató algo más que suspicacias cuando “enterró” el “caso del espionaje” dentro del PP en la Comunidad de Madrid: “A lo largo de los interrogatorios, se suceden sus regañinas e interrupciones a los letrados de las víctimas del espionaje (el ex vicepresidente segundo regional Alfredo Prada y el vicealcalde madrileño Manuel Cobo) y a la fiscalía, sus modulaciones de preguntas y respuestas, mientras reparte bromas y muestras de simpatía con los implicados, cuya colaboración con la policía destaca, aunque los tres le admiten que mintieron en su declaración policial. Y descalifica los partes del espionaje, que tilda de “chapuza”, antes de someterlos a una pericial que revelaría que su coautor era un empleado del Gobierno de Esperanza Aguirre, al tiempo que dice compartir el mismo fastidio que los acusados por la presión mediática. Es el tono que precedió al archivo de la causa”, denunció el diario “El País” sobre esta magistrada.
La “mafia” Púnica tejió una red de intereses y favores judiciales en torno suyo. En el sumario, un desconocido pide a Granados que interceda ante su esposa porque uno de sus alumnos, José Luis González Olalla, es hijo de José Luis González Armengol, ex decano de los jueces de Madrid, y que al día siguiente va a tener un examen con ella. En esas fechas, Armengol ha dejado el ejercicio activo de juez y ha sido contratado por El Corte Inglés. Granados responde: “Vale, vale, yo lo hablo con ella y la de digo que le apruebe. Sí, pero bueno que… ¡coño que vaya y que haga lo que pueda!” Granados explica en otra conversación que el chico durante el año “se ha tocado los huevos pero que el examen no lo ha hecho mal”. La esposa dice que, “aparte, es majo y educado,” y que le diga a Armengol “que está ahí para lo que necesite”. En otra conversación posterior, ella le reclama a Granados que pida a su amigo de El Corte Inglés que la contrate para dar clases.
“¡Eres un de los nuestros tío!”, le llega a decir su abogado defensor Enrique Molina, ex fiscal de la Audiencia Nacional, para calmarlo cuando Granados le expresa su inquietud por ser procesado en el caso del espionaje. Molina defiende también a la ex mujer del “capo” Correa (Gürtel), Carmen Rodríguez Quijano, ex asesora del PP en el Ayuntamiento de Majadahonda, y también al juez Garzón, que participaba en las cacerías de la “mafia Púnica”. El ex fiscal presume de que tiene contratado en su bufete al hijo de un juez, según desvela en esta conversación. Se refiere al Juzgado Central de Instrucción nº 5, que admitió a trámite en el año 2013 una querella de Luxempart, accionista de Pescanova, contra nueve directivos y consejeros de la empresa gallega –entre ellos directores de auditoría, financiero y administración– y contra 5 sociedades:
Enrique Molina: Me voy a enterar, me voy a enterar, voy a preguntar así como el que no quiere la cosa, porque estoy tratando el tema de Pescanova ahí.
Francisco Granados: Ahhh.
E: Y aprovecho una visita para preguntar por ti.
F: Porque eso ehhh, ¿nos enteraríamos así de una cierta… ¿O no necesariamente?
E: No se lo preguntaría a la fea que lo lleva.
F: Hum… hum.
E: Porque no la conozco y, y no sé cómo me puede salir, pero sí al Jefe.
F: Ya.
E: El hijo del Jefe trabaja conmigo.
F: Ya, ya lo sé, por eso, por eso.
E: Entonces se lo pregunto.
Pero hay más: el periodista Luis Gómez revela que seis imputados en el caso Gürtel son defendidos por abogados que no hace mucho tiempo eran jueces y fiscales de la Audiencia Nacional; media docena de los acusados en la Operación Malaya, el ruso Kalashov, poderoso jefe mafioso y juzgado por blanqueo de capitales, el constructor Francisco Hernando, alias El Pocero… Los casos se suceden y Luis Gómez señala otro: “El fiscal Ignacio Gordillo (que intervino en casos de terrorismo de ETA) abandona la Audiencia Nacional para trabajar en un despacho de Málaga especializado en el turismo residencial. No es el único fichaje de esta naturaleza que hace dicho despacho, que publicita en su página web que tiene entre sus filas a dos ex jueces de lo Mercantil y a dos ex abogados del Estado”.
Y aún más: el juez de la Audiencia Nacional, Carlos Bueren, fichó por el despacho Uría & Menéndez. A Baltasar Garzón, expulsado de la carrera judicial, se le ha visto en varias cacerías de la “mafia Púnica” y ha defendido por dinero a todo tipo de criminales. “Dieron el salto también los fiscales Florentino Ortí (caso Banesto) al despacho de Garrigues y Luis Jordana de Pozas(casos de Mariano Rubio y Lola Flores) al de Cuatrecasas, que también fichó al juez Santiago Milans del Bosch. Fiscales de la Audiencia Nacional que han dado el salto van para la media docena: a los citados hay que sumar los de Dolores Márquez de Prado, Enrique Molina, Ignacio Peláez, Susana Landeras y el último, Ignacio Gordillo”, recuenta el periodista Luis Gómez. Los jueces y fiscales perciben 86.000 euros brutos anuales de salario base, pero a ellos les parece poco.
El caso de la Fiscalía Anticorrupción es llamativo: tres fiscales han dejado su puesto en los últimos años: Carlos Saiz, Daniel Campos y Javier Sánchez Junco, abogado de varios imputados del “caso Bankia” y de Javier López Madrid, el “acosador” de la doctora Pinto y directivo de. Los dos primeros se sucedieron en la instrucción del caso Fabra, el presidente de la Diputación de Castellón condenado a 4 años y encarcelado en la prisión de Aranjuez (Madrid). Ya ha solicitado la documentación necesaria para poder acogerse al tercer grado y salir, lo que depende del juez de vigilancia penitenciaria. Los hay tan sinceros como José Antonio Choclán Montalvo, que fue juez de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y solicitó la excedencia para fundar su propio despacho. Tiene entre sus clientes a Francisco Correa, el principal imputado en la Operación Gürtel: “Me fui porque creo que puedo hacer algo más y, además, porque tengo cuatro hijos”.
Desde la prensa del régimen y desde muy distintas generaciones, las denuncias empiezan a asomar por lo escandaloso de la situación, pues raya incluso la pantomima. El nuevo director de “El Mundo”, David Jiménez, escribe: “Atar en corto a los jueces ha sido desde entonces la determinación, entre otros, de Mariano Rajoy, que cuando hace dos años tuvo que elegir entre cumplir su compromiso electoral de reforzar la independencia de la justicia o debilitarla en beneficio de su partido, optó por lo segundo. La decisión del presidente de instaurar la fórmula más partidista de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a pesar de que su partido la criticó durante décadas, es una de las grandes traiciones del proyecto de regeneración que Rajoy decía representar. Y así, hemos asistido bajo su mandato a la dimisión de un fiscal general del Estado harto de intromisiones, al reforzamiento de un sistema por el que las vacantes judiciales que se reparten en función de parentesco político o a la maniobra para evitar la reelección del presidente de la Sala del Supremo encargada de controlar los actos del Gobierno, gracias a los votos de los vocales del PP en el CGPJ”.
Y el veterano periodista Jesús Cacho concluye: “Ni una sola de las macrocausas abiertas ahora mismo supera el filtro de la filiación política de los jueces y magistrados llamados a instruirla y/o juzgarla. Ninguna empresa o empresario inicia un periplo judicial de cierta importancia económica sin antes efectuar una cuidadosa evaluación del juzgado en el que puede caer, y de las filias o fobias políticas del potencial juez de turno. El PSOE mató a Montesquieu y el PP lo ha enterrado bien hondo. Ningún particular pide hoy Justicia sin antes invocar a los dioses de la suerte. La suerte de tropezar con un juez honrado, capaz de estudiarse adecuadamente los sumarios y dictar sentencia en conciencia. Pleitear contra un cacique local o provincial en un tribunal autonómico es intento francamente suicida. Justicia que, además, hace gala de un corporativismo atroz cuando a un periodista se le ocurre insinuar siquiera la existencia de prácticas corruptas o irregulares en los tribunales. La Justicia como una más de las anomalías de la democracia española, y no precisamente la menos importante, que reclama con toda urgencia su regeneración”.
Jesús Cacho: «La suerte de tropezar con un juez honrado, capaz de estudiarse adecuadamente los sumarios y dictar sentencia en conciencia. Pleitear contra un cacique local o provincial en un tribunal autonómico es intento francamente suicida. Justicia que, además, hace gala de un corporativismo atroz cuando a un periodista se le ocurre insinuar siquiera la existencia de prácticas corruptas o irregulares en los tribunales.«
Seguimos con la hemeroteca:
El caso del espionaje en Madrid que, por tres veces archivó la Magistrada, está muy bien explicado en un artículo del blog losgenoveses.com. Reproducimos algunas de sus partes:
«En enero de 2009, el diario El País destapa una supuesta trama de espionaje político en la Comunidad de Madrid Tras numerosas denuncias, el Gobierno de Esperanza Aguirre se ve envuelto en acusaciones de espionaje realizado por empleados de seguridad de la Comunidad hacia miembros del mismo gobierno, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo y el ex vicepresidente y ex consejero regional Alfredo Prada, por lo que Manuel Moix, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), investiga los hechos. Además, el titular del Juzgado número 47 de Madrid, José Sierra, abrió una causa por supuesto espionaje al vicepresidente del Gobierno madrileño, Ignacio González González. Las causas se fueron concentrando en el juzgado número cinco del que es titular Carmen Valcarce. En junio de 2010, la juez vuelve a citar al supuesto ‘espía’ de Esperanza Aguirre. En julio e 2010, la jueza archiva el caso de los espías al no poder cuantificar el dinero público que se malversó. En Marzo del 2011 la Audiencia provincial obliga a la jueza a reabrir el caso y hacer nuevas pruebas. En Febrero del 2012 la jueza decide por segunda vez archivarlo. En Mayo de ese mismo año, la Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto por segunda vez la causa (…)
El agente que confesó a la juez el espionaje político en Madrid revela que hubo más “objetivos”
Los alcaldes de Getafe y Fuenlabrada, y la delegada del Gobierno, entre las supuestas víctimas
El guardia civil José Oreja, fichado como asesor de Seguridad en la Comunidad de Madrid e imputado en el caso del espionaje político ordenado por el Gobierno de Esperanza Aguirre, ha remitido una declaración a la juez reconociendo los seguimientos al exvicealcalde madrileño Manuel Cobo y al exvicepresidente segundo y exconsejero de Justicia Alfredo Prada, y ampliando la nómina de los ilegalmente investigados en 2008 al exalcalde de Madrid y hoy ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón; a la actual delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes; al presidente de Arpegio (empresa pública de venta de suelo), a dos subalternos de Prada, Fernández y Cabezas, y a los entonces alcaldes de Getafe y Fuenlabrada (los socialistas Pedro Castro y Manuel Robles), junto con el jefe de policía municipal de Fuenlabrada.
En su exposición, el guardia civil cita las declaraciones de la exmujer de Gamón, Yolanda Laviana, en las que denunciaba que su exmarido solo reportaba a Ignacio González sobre los seguimientos ilegales.
El agente explica a la juez que cuando les ordenaron los seguimientos a los políticos por el interés que supuestamente tenía el vicepresidente Ignacio González les pareció “una locura”. “Por dos razones: la primera, por las personalidades de que se trata, autoridades legalmente constituidas o designadas. Y la segunda porque, para conseguir cualquier información relevante, habría que obtenerla de forma irregular, es decir, mediante actuaciones delictivas”.
El guardia civil José Oreja ya testificó ante la juez en diciembre pasado confirmando la existencia de los seguimientos ilegales. Hasta ahora, según su confesión, había ocultado lo ocurrido en el departamento de Seguridad de la Comunidad de Madrid por miedo a represalias físicas a él o a su familia.
El año en que se inicia este espionaje a rivales de Esperanza Aguirre dentro y fuera del PP es 2008, cuando desde el equipo de confianza de la presidenta autonómica se cuestionaba el liderazgo de Mariano Rajoy al frente del PP, tras su segunda derrota electoral de marzo. En junio de dicho año se celebró un congreso del PP en Valencia, donde Rajoy revalidó su poder. Pero hasta ese momento, Aguirre había amagado con intentar arrebatarle el puesto e Ignacio González era ya su mano derecha. Y en ese plan se hacía imprescindible conocer los pasos de quienes dentro del partido en Madrid eran claramente afectos a Rajoy, como Ruiz-Gallardón, Cobo o Prada.
La juez que investiga el espionaje político ha archivado dos veces la causa, pero la Audiencia Provincial la ha reabierto y ordenado que se siga investigando para determinar la cantidad malversada por ordenar actividades ilegales a personal autonómico. En el sumario se incluyen informes periciales que acreditan, por la localización de sus teléfonos móviles, que tres guardias civiles y un policía nacional siguieron a los políticos Cobo y Prada. Hay partes mecanografiados de los seguimientos durante abril y mayo de 2008 con notas manuscritas con datos de las personas que se relacionaban con los espiados. De momento, la investigación no ha encontrado partes relacionados con los seguimientos a Gallardón y los demás supuestos “objetivos”.»
El agente José Oreja a la juez: “Nos mandaron cometer barbaridades y me quejé al consejero Granados”
José Oreja, uno de los guardias civiles contratado como asesor de seguridad por el Gobierno autónomo y que según los informes periciales de la policía estuvo haciendo los seguimientos a los dos políticos del PP, ha confesado a la juez, casi tres años después de que estallara el escándalo, que hizo los partes obedeciendo la ordenes del director general de Seguridad, Sergio Gamón, y que su jefe político directo, el entonces consejero de Interior y hoy senador, Francisco Granados, estaba al tanto de lo que sucedía.
En su declaración, el guardia civil declara a la juez que hasta ahora no había confesado por “miedo”, porque temía “quedarse sin trabajo” y porque tenía que “estar dos años y un día de excedencia en la Guardia Civil”.
“Pregunté al señor Gamón si existían órdenes de otras personas y me respondió que tenía especial interés el actual presidente de la Comunidad de Madrid [Ignacio González]”. Yo no pregunté más porque me parecía que era una locura”, declaró el guardia civil José Oreja a la juez.
Esta confesión que apunta a González, entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, coincide con la que hizo la exmujer de Sergio Gamón: “Mi exmarido ya investigaba desde 2006 a Prada para Ignacio González”.
A raíz de aquella declaración, la exmujer de Gamón fue despedida como secretaria de Telemadrid y Gamón fue apartado de un cargo en la Comunidad de Madrid en el que cobraba 90.000 euros.
Pese a que durante la investigación judicial los informes periciales de la policía demostraron que se habían producido seguimientos a Prada y Cobo durante dos meses y que los partes del espionaje recogían notas manuscritas de un empleado público de la Comunidad de Madrid, la juez del caso, Carmen Valcarce, decidió archivar la causa, en la que estaban imputados hasta trex ex guardias civiles fichados por el entonces consejero de Interior, Francisco Granados, un empleado público de la dirección de Seguridad y el ex director general de Seguridad, Sergio Gamón.
La Audiencia de Madrid ordenó en marzo de 2011 a la juez reabrir el caso al encontrar “indicios suficientes de la comisión de un delito de malversación de caudales públicos”. Con los presupuestos autonómicos, según los argumentos de la Audiencia Provincial, se pagaron servicios de espionaje a dos cargos políticos del PP. La juez consideraba imposible calcular el dinero malversado mientras la Audiencia le explicaba cómo podía descubrir la cifra.
Pese a ello, la juez volvió a archivar en febrero de 2012 la causa, tras algunas diligencias menores, con el argumento de que no era posible concluir que los vehículos o teléfonos relacionados hubieran sido utilizados en los presuntos seguimientos, pese a que todos los informes policiales y periciales así lo concluían de manera determinante.
Desde que estalló el escándalo del espionaje político en la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Esperanza Aguirre, que negó los hechos desde el primer momento, ha defenestrado a algunos de los principales sospechosos.
Al menos 60.000 euros de dinero público, según cálculos basados en el sumario del caso, se gastó el Gobierno de Esperanza Aguirre en las nóminas de los cinco supuestos agentes a sueldo de la Comunidad de Madrid que espiaron al exconsejero de Justicia Alfredo Prada y al vicealcalde de Madrid Manuel Cobo durante abril y mayo de 2008.
La Audiencia cree las respuestas de los espías «vagas e imprecisas»
La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado a la juez Carmen Valcarce, que archivó el caso del espionaje político a cargos del PP, que recabe datos sobre el consumo de combustible de los coches utilizados por los espías, así como el gasto de sus teléfonos móviles durante marzo, abril y mayo de 2008. La Audiencia Provincial, que ve indicios de malversación de fondos en el caso del espionaje político a cargos del PP, recuerda que hay jurisprudencia del Tribunal Supremo, «considerando grave perjuicio para la causa pública la utilización de un teléfono móvil por un importe de 5.233 euros».
«La supuesta dificultad en la fijación del importe de lo defraudado», señala la Audiencia, «no puede querer decir impunidad… como tampoco es descartable hacer evaluación del perjuicio a través de las nóminas abonadas en los días acreditados de los seguimientos».Los partes del espionaje, escritos a máquinas y con anotaciones manuscritas que los peritos de la policía han atribuido a uno de los imputados, revelan que los agentes a sueldo de la Comunidad de Madrid siguieron durante la inmensa mayoría de los días laborables de abril y mayo al exconsejero Alfredo Prada o al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y en ocasiones, a ambos.»
Volvemos a la pregunta que nos hacíamos en el titular: ¿inutilidad, corrupción o qué?
Saquen ustedes sus propias conclusiones. La única que sí es evidente es que los jueces parece que actúan con una completa impunidad. Parece que a ellos nada les pasa ya sean inútiles o corruptos.
¿Por qué el resto de ciudadanos sí tenemos que hacernos responsables de nuestros errores y ellos parece que no? ¿son ciudadanos de una diferente categoría a la del resto?