Siempre se ha sabido de la existencia de la corrupción judicial. Y cuando nos referimos a siempre… nos referimos a la historia de la humanidad. Pinchando aqui puedes encontrar una larga descripción de casos y momentos a lo largo de la historia. Desde el tiempo de los egipcios hasta la actualidad.
Elisa Beni en Eldiario.es, hace unos meses nos hablaba de la corrupción judicial como algo muy real y presente en España:
«La corrupción está dentro del Poder Judicial, como no podía ser menos, puesto que un sistema corrupto no conserva jamás limpios sus mecanismos de control. No crean, no obstante, que es algo generalizado. Tampoco lo de los políticos lo es.
Miles de jueces les mirarán con cara de pasmo si les dicen todo esto. Son esos miles de jueces que apechugan con órganos colapsados, que sacan a trancas y barrancas su trabajo con jornadas infinitas en despachos y salas desvencijadas, y en juzgados con cucarachas y humedades y techos derrumbados. Recuerden que hasta uno de ellos ha muerto por sobrecarga de trabajo. Esos que quieren saber cuándo crearán más juzgados y más plazas de juez y les darán un sistema procesal digital que funcione y adecuarán las instalaciones y todo eso que los políticos deberían emplearse en hacer pero que no hacen porque no les interesa. La Justicia no da votos. «Inaugura un hospital y tendrás votos. Inagura un edificio de juzgados y no tendrás nada», me dijo una vez un consejero de Justicia, pero es algo que saben todos.
No admitir que la corrupción ha permeado también los órganos llamados a combatirla es no querer acabar con ella. Hay asociaciones judiciales y de fiscales que están siendo muy activas en los últimos tiempos denunciando la situación. Lo hacen con cautela. Aun así se echa en falta a otras…»
Este asunto de la corrupción judicial puede sonarnos ajeno. Que no va con nosotros. Pero eso es un gran error. Permea todo el resto de corrupciones y las protege.
¿Por qué el Estado necesita imperiosamente más y más impuestos que salen de los bolsillos de cada uno de nosotros? En primer lugar, porque existe corrupción. Y… ¿quien protege, cubre y hace impune la corrupción? Fundamentalmente, la corrupción judicial.
Por tanto, sí nos afecta. Nos afecta a cada uno de nosotros de manera directa. En nuestros bolsillos. Cada vez que pagas una factura con un IVA, te hacen una retención en tu salario o tienes que rellenar tu declaración de la renta. Piensa que una gran parte de ese dinero que tu has ganado pero que no podrás disfrutar está yendo a los bolsillos de corruptos. Y esos corruptos en una gran parte de los casos no son perseguidos por la Justicia. Quedan impunes.
Todo se sostiene sobre la corrupción judicial y sobre la impunidad que los jueces sienten tener. Entre los jueces y funcionarios de Justicia no se persiguen judicialmente. Entre ellos se brindan una impunidad que debería ser insultante para cada uno del resto de los ciudadanos.
En 2016 el CGPJ declaró haber recibido 8.335 quejas contra jueces. De ellas sólo 16 terminaron en expedientes sancionadores.
Y las sanciones… en la gran mayoría de los casos fueron nimias.
Como se sienten impunes, actúan fuera de la Ley. Dictan sentencias que no son correctas, archivan demandas y querellas sin hacer investigación alguna o simplemente mirando hacia otro lado, inadmiten la mayoría de las demandas y querellas… y de esa manera permiten que la delincuencia en España campe a sus anchas. Pero no la delincuencia menor… al pequeño ladrón buscan encarcelarle de manera ejemplificadora. Es la delincuencia mayor la que nos cuesta vidas, dinero y, sobre todo nuestro futuro.
En estos días nos hemos despertado en la prensa con diversos artículos haciendo referencia al problema:
En este de Elpais.com, el titular es claro:
Este es el primer párrafo del artículo:
«…Esto es un fracaso de la justicia con mayúsculas. Mbeugou había solicitado la tutela de la justicia y no la obtuvo». Estas palabras, inusuales en altas instancias judiciales, son del presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, que este jueves ha pedido perdón a la familia de Maguette Mbeugou, degollada el pasado martes por su marido en Bilbao, y a la sociedad en general, por la deficiente valoración del riesgo que se hizo desde las distintas áreas del juzgado…»
Pero no se habla solamente de un caso. Se citan otros muchos casos de las decenas que se producen.
El artículo intenta explicar cuales son las causas que provocan esta sucesión constante de errores por parte de los Jueces:
«…Juristas, abogados y expertos están de acuerdo en que el sistema no está funcionando, la cuestión es dónde y por qué, y las respuestas son múltiples y alcanzan desde los aspectos técnicos hasta los sociales: falta de recursos humanos y materiales, sobrecarga de trabajo, ausencia de perspectiva de género, poca coordinación entre los agentes que intervienen desde las distintas áreas…»
Nosotros pensamos que ninguna de las citadas en el artículo es la causa de la sucesión de errores.
Pensamos que la causa de los errores es que los Jueces no se sienten responsables de las consecuencias de sus actos. Se sienten impunes.
El corporativismo que se puede constatar entre ellos les ofrece una impunidad que permite que se equivoquen -voluntaria o involuntariamente- sin riesgo de ser llamados a examen.
Algo contrario a nuestra Constitución, como explicaremos más adelante.
Esta otra noticia de Diario16.com viene a ahondar en ello:
Se dicen en este artículo previamente citado cosas tan graves cómo que:
«Una jueza sustituta, Ana Isabel Flores García, ha reconocido en un incidente de recusación planteado hace escasos días que detrás de su designación podría esconderse una trama de corrupción para el nombramiento ilegal de jueces sustitutos en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha cuyo presidente es precisamente Vicente Rouco Rodríguez.»
Pero atención a lo que sigue diciendo en el artículo. Se describen algunas actuaciones concretas: intentar convencer a un candidato para que no se presente y consolidar el control, omisiones voluntarias dentro de actas oficiales, actas de una Comisión Permanente que nunca se produjo y que por tanto son falsas, modificación comprobada y voluntaria de otras actas…
No parece que se esté hablando del Presidente del Consejo General del Poder Judicial y al mismo tiempo Presidente del Tribunal Supremo y de otros reconocidos Magistrados. Más bien parece que se está hablando de organizaciones mafiosas y criminales… lea usted mismo:
«…La amistad entre Pablo Llarena, Vicente Rouco y Carlos Lesmes venía de hace tiempo, y se consolidó cuando el primero con ayuda del segundo alcanzó la presidencia de la asociación mayoritaria de jueces, la conservadora y todopoderosa APM (Asociación Profesional de la Magistratura), en enero de 2013. En noviembre de 2015 Pablo Llarena se presentó a la reelección, para un periodo de dos años más en el cargo de presidente de la asociación, mientras su amigo Vicente Rouco trataba de convencer al otro candidato para que tirara la toalla y se integrara en una candidatura “de consenso” liderada por Llarena, pero no lo consiguieron. El paso siguiente fue la candidatura a un puesto de Magistrado en la Sala 2ª del Tribunal Supremo, que esta vez sí que se consiguió.
Era evidente entonces que, si había que protegerse del escándalo que podía provocar el voto particular de la vocal Nuria Díaz Abad, había que hacerlo protegiendo en primer lugar la terna del TSJ de Castilla La Mancha por ser la más vulnerable, según ha desvelado Diario 16.
Por esa razón se sacaron del acta del día 14 los acuerdos sobre la composición de las ternas para la plaza de presidente de los TSJ de Andalucía, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Cataluña, que se llevaron a un acta de una inexistente Comisión Permanente supuestamente celebrada dos días antes, lo que era físicamente imposible porque el día 12 de enero las entrevistas duraron toda la tarde/noche y no hubo tiempo para realizar ningún informe, ni debatirlo.
Por otro lado, decidieron amortizar la candidatura del amigo íntimo de Lesmes, Fernando Román, que no tenía ninguna posibilidad en esa convocatoria, y protegieron la candidatura de Pablo Llarena colocando el voto particular en el acuerdo 1.1.2., el referido a la terna para cubrir la plaza de magistrado de lo contencioso administrativo.
Además, para evitar cualquier posibilidad de que el voto particular pudiera ser utilizado en la impugnación de los demás acuerdos, se “desactivó” haciéndolo constar con un simple “voto en contra”, sin más detalle, ocultando en el acta su verdadero contenido, con lo que se vulneró el derecho de la vocal disidente a que se reflejara en el acta la opinión que había expresado, impidiendo también el derecho de los legitimados a pedir la nulidad de todos los acuerdos adoptados ese día por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, sin tan siquiera poder denunciar ante los tribunales de justicia la evidente falsedad que se acababa de consumar..»
También hoy Eldiario.es trae el relato de lo que un Juez es capaz de hacer para maniobrar. Todo parece ser que con el fin de lograr unos objetivos personales. No somos capaces de evaluarlos a la vista de la información. Desde luego, nos parecen ajenos a lo que debería ser la independencia de una carrera judicial, pero no es esto lo que más nos llama la atención del artículo:
De este artículo es especialmente sorprendente una de sus partes.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste reconoce haber «advertido» a su compañero Juez de evitar mantener una denuncia contra un determinado empresario ante la amenaza de poder recibir presiones por parte de ese empresario.
Lo reconoce abiertamente:
«La queja elevada por Alba contra Doreste ante el Poder Judicial incorpora la grabación de una conversación mantenida entre ambos en el parking de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria el 31 de octubre de 2016. En este audio, reproducido por el diario El País, se escucha cómo el presidente del TSJC le transmite que una persona “que no es Miguel Ángel Ramírez, pero es una persona seria de alto nivel”, le había mandado el siguiente “recado”: “Si sigues contra él (en su denuncia), prepárate, tiene montón de información sobre ti, algo de un viaje a Italia…»
En esa conversación, Doreste le expresa su temor a que el empresario «contraataque por algún frente» y «saque cosas» en su contra. «Yo, como amigo tuyo que soy, me he considerado en el deber de advertirte. A lo mejor te interesa, pues yo que sé, poder decir que no, que tal, que cual, que fue en un momento… Que retires la denuncia. A lo mejor te interesa», dice el presidente del TSJC.
Doreste admite en su informe el contenido de esa grabación, pero niega que se traten de presiones o amenazas, ni siquiera indirectas, puesto que, asegura, no conoce al empresario Miguel Ángel Ramírez, “salvo saludarlo en dos ocasiones, en público”. El presidente del TSJC define sus comentarios como “consejos, transmisión de informaciones recibidas y preocupación” por quien era entonces “un compañero con quien había trabado amistad” tras haber formado parte del mismo tribunal. Así se desprende del “tono de compañerismo y confianza” de la conversación»
Por su parte, el «compañero» Juez al que el «amable» presidente del Tribunal Superior de Justicia ha «advertido» de lo que le podría ocurrir si siguiera adelante con una denuncia.. lo denunció a él ante el Consejo General del Poder Judicial por esas supuestas amenazas o advertencias.
¿Qué ocurrió? El artículo lo sigue describiendo:
«…El promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, ha archivado la denuncia de Alba contra su jefe sin abrir expediente disciplinario, al considerar que la grabación aportada por el juez, una conversación entre ambos en el parking de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, responde a la esfera privada y es ajena a su desempeño profesional. La misma suerte que corrió la denuncia que presentó, por el mismo motivo, ante la Fiscalía General del Estado.»
Y.. ¿qué le ha ocurrido al Juez Alba que tuvo la «temeridad» de no actuar conforme al corporativismo establecido entre los Jueces y denunció a su Superior? También lo explica el artículo:
«…Alba, que fue oficialmente apartado de la carrera judicial el pasado 12 de septiembre después de que la Policía lo abordara en el aeropuerto de Madrid para notificarle el acuerdo de suspensión, se enfrenta a penas de hasta trece años y medio de cárcel y 42 de inhabilitación por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial, cohecho, revelación de secretos y negociación prohibida a funcionarios públicos..»
A la hora de analizar estos casos que nos trae hoy la prensa, no podemos dejar de pensar en los casos de las víctimas de la corrupción judicial que ya hemos puesto de relieve a través de esta web. Son sólo una pequeña muestra de quienes sufren auténticas torturas derivadas de toda esta corrupción judicial.
Nuestra Constitución de 1978, en particular, el artículo 14 dice lo siguiente:
«Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social»
Y en su Artículo 117 1º:
“La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”.
Es decir:
Todos somos iguales ante la Ley
Los jueces -que deberían ser iguales a nosotros- son responsables de sus actuaciones
Ya hemos visto cómo se intentan achacar los errores de los jueces a una errónea valoración del riesgo, a la falta de recursos y la mala formación.
Nosotros decimos que no. Esas no son las causa. Son solo consecuencias de la verdadera causa.
La causa fundamental es la falta de responsabilidad de los Jueces. A los Jueces NO se les exige responsabilidad por sus decisiones. Una responsabilidad que la Constitución establece claramente que deben de tener. Previamente hemos citado el art. 117, 1º.
¿Cuántas sentencias erróneas se producirían, cuantos casos se archivarían sin investigar, si los jueces supieran que serían juzgados, sentenciados, condenados, encarcelados y privados de sus bienes si no actuaran de acuerdo con el imperio de la Ley, tal y como establece la Constitución?
Ellos mismos se encargarían de luchar porque se les aumentaran los recursos. Porque se les diera la formación adecuada. Porque se crearan Juzgados especializados por los tipos de delitos necesarios. Porque se valoraran adecuadamente los riesgos. Y sobre todo, porque sabrían que si no lo hicieran bien, perderían sus carreras.
¿Quedarían impunes los Jueces si supieran que iban a ser juzgados?
Lo pensarían mucho antes de actuar incorrectamente su pensaran que les podría pasar a ellos lo mismo que ellos hacen a otros cuando por sus actuaciones les llevan a perder sus vidas, sus bienes y sus carreras al violar sangrantemente el imperio de la Ley.