Los denunciantes de corrupción e irregularidades, estamos obligados a denunciar ante los Juzgados, Ministerio Fiscal, Policía, Administraciones Publicas y/o medios de comunicación, la existencia de delitos. Hacerlo ante la empresa o Institución Pública para la que se presta servicios, se puede convertir en un acto que beneficia al interés general, pero en muchos casos al denunciante le puede provocar graves perjuicios personales.
Resoluciones de Naciones Unidas, de la Unión Europea y la legislación nacional obligan a denunciar cuando se conocen los casos. Esto pone a ciudadanos valientes y honrados ante situaciones límite. Las represalias al denunciar, son constantes, graves y aterradoras en muchas ocasiones: amenazas, despidos, denuncias falsas, enjuiciamientos sin fundamento, persecuciones…
No existe un mecanismo o una organización que proteja a los denunciantes de corrupción. Quedan al albor de aquellos que son denunciados y que en la mayoría de las ocasiones tienen más poder y más autoridad que los que denuncian. En la mayoría de los casos, los denunciados utilizan sus posiciones de poder para destruir al que les ha denunciado. Con el fin de destruirle y con el fin también de transmitir un mensaje claro a la sociedad: esto es lo que le ocurre a los que denuncian.
Los ciudadanos que denuncian no sólo son honestos. Son de manera especial unos valientes.
https://www.elderecho.com/tribuna/civil/whistleblower-denuncia-proteccion-derechos-denuncainte-represalia_11_1244680004.html
