«La Justicia española contribuirá decisivamente a que nos vayamos todos al carajo» es el título del artículo publicado por José Muelas, y que reproducimos a continuación.
«Discúlpenme si les digo las cosas en lenguaje técnico, pero es que no encuentro mejor manera de hacerlo: el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha previsto para España una disminución del PIB del -8% para este año.
Como no sé si ustedes comprenden exactamente lo que significa esa magnitud, permítanme que cite en este punto al premio nóbel de economía Paul Samuelson: «significa literalmente que nos vamos a la mierda».
En efecto, una bajada del PIB del -8% implica que nos vamos a ir a la mierda al carajo, aunque, afortunadamente, gracias a la justicia española y al ingenio innegable de quienes la dirigen, los españoles nos vamos a ir al carajo mucho más rápido y mejor que el resto de las naciones. Trataré de explicarles este prodigio.
Para que se hagan una idea de lo que significa para la justicia ese -8% es bueno que recuerden que en 2008, en medio de la histeria del ladrillo y las hipotecas, el PIB aún creció un 1,1% y, en 2009, ya en plena crisis y con media España perdiendo su trabajo, su casa e incluso su vida, el PIB bajó tan solo un -3,6%.
El -8% que predice el FMI significa que la crisis, este año, viene más del doble de dura que la de 2008-2009.
Esto, como dijo Marx, lo entendería un niño de seis años; lo que ocurre es que ni en el Ministerio de Justicia ni en el CGPJ han consultado a ningún niño de seis años, circunstancia esta que va a hacer la crisis española mucho más interesante. Déjenme que se lo explique que ya verán ustedes qué divertidos son estos muchachos del ministerio y los políticos con toga del CGPJ. Se van ustedes a partir. Literalmente.
En 2008-2009, una bajada del PIB del -2,5% en el conjunto de los dos años (1,1 en 2008 -3,6 en 2009), produjo un incremento del 40% de casos en los juzgados de lo social y del 81% en los mercantiles.
Este dato, una minucia sin importancia, significa que centenares de miles de españoles (casi medio millón por año) acudieron a los juzgados de lo social a reclamar el dinero que las empresas habían de pagarles. Ese dato significa también que muchas empresas acudieron a los juzgados para que estos les ayudasen a salvar la crisis.
Ustedes ya saben lo que pasó: los juzgados se colapsaron porque nadie había previsto aquello, de forma que los españoles hubieron de buscarse, como siempre, la vida por su cuenta.
Pero aquello fue un juego de niños comparado con lo que se nos viene encima ahora: con un -8% es de esperar que el trabajo en los juzgados de lo social se incremente en más del 100% y en los mercantiles en un fabuloso 200%. Lo que les digo, la cagada de 2008 va a parecer una broma al lado de esta: en 2020 lo vamos a bordar.
Es verdad que el hecho de que las causas se incrementen en un 200% en los juzgados mercantiles no significa necesariamente que no puedan atenderse. Junto a los 68 juzgados mercantiles de España existen 1.700 juzgados de primera instancia suficientemente cualificados para absorber ese exceso de trabajo, pero es ahí donde entra en juego el innegable ingenio del ministro de justicia y la escolanía del CGPJ.
En lugar de cometer la ordinariez de atender de inmediato a las necesidades que va a generar la carga de trabajo, estos sagaces próceres han logrado centrar la atención pública en sutiles debates relativos a si el mes de agosto será hábil o inhábil, si la cuantía para acceder a los recursos ha de ser esta o aquella o, incluso, maravilla de maravillas, si los bancos podrían beneficiarse algo más de este río revuelto y quitarles las costas en los procedimientos hipotecarios u obligar a los consumidores a interponer tres procedimientos conciliatorios y dos mediaciones (una de ellas canónica) antes de poder reclamar al banco los 600 boniatos que todavía le debe por los gastos de su hipoteca.
¡Ingenio de los ingenios!, ¡Prodigio de prodigios!, “Stupor mundi”: nuestros prebostillos provisionales han logrado que, mientras el transatlántico se hunde, la ciudadanía disfrute oyendo tocar a la orquesta «España Cañí». Es el trile perfecto, la cancamusa total, el «tararí que te vi dospuntocero».
Es maravilloso, mientras los bárbaros asaltan las murallas ellos le buscan las carteras a los defensores; mientras el enemigo avanza hacia la trinchera ellos discuten el último trienio de su salario; mientras las UCI’s se llenan y las empresas se vacían ellos juegan a diseñar nuevos y sutiles requisitos que incorporar a leyes rituarias. Créanme, mucho se les va a deber a ellos, sin una tan eficaz colaboración probablemente nunca nos iríamos todos al carajo con la rapidez y acierto que en esta ocasión lo vamos a hacer.
Tengo tan ciega confianza en ellos que estas van a ser, sin duda, las últimas palabras que escriba ocupándome de este asunto. Que nos vamos a ir al carajo ya es seguro, sólo queda ver si lo hacemos de forma ordinaria, entre quejas, o si lo hacemos en medio de este hermoso espectáculo que ahora contemplamos. Unos acusando a otros de querer trabajar, otros acusando a unos de vagos, los terceros manifestando que no trabajarán por el momento porque son ellos los que deciden cómo se han de gestionar las pandemias y los cuartos que si agosto no es inhábil o hábil —que ya ni sé— que entonces nanay.
Y mientras el ministro habla hoy de acelerar los trámites para entregar la instrucción de las causas penales al fiscal y mientras el CGPJ decide si la mediación con el banco es mejor hacerla en sillón rosa o celeste, los concursos de acreedores se preparan en las mesas de economistas y abogados, las cartas de despido se apilan en las asesorías y el hambre acecha desde su refugio de otoño tras un verano sin turismo.
Sí, indudablemente, nos vamos al carajo, pero no me negarán que gracias al ministro y al CGPJ vamos a llegar allí los primeros.
¡Campeones!«
El artículo de José Muelas, recibió una respuesta al día siguiente de su publicación por parte de Josep Jover, publicado en Diario 16 con el título: «Apostillas a un texto de José Muelas«. Lo reproducimos a continuación.
«El compañero cartagenero José Muelas, conocido por todos nosotros como el “Decano de Internet” ha escrito un post en su blog, magnífico, que es preciso leer por todos, titulado “La justicia española contribuirá decisivamente a que nos vayamos todos al carajo”.
Ni le sobra, ni le falta una coma, pero sí que podemos añadirle algunos datos para darnos cuenta de la magnitud de la tragedia.
El primero, es un dato que he sacado de “bormeonline”, y que acompaño a las presentes notas, y digo nombres para que se pueda comprobar. Sin poder salir de casa, encerrados, desde que empezó el estado de alarma, hasta el día 8 de Abril, es decir las tres primeras semanas, se habían constituido a nivel nacional 529 empresas, pero se habían destruido1.520. No hablamos de ERTES o ERES. No me imagino el “shock” que tendremos en cuanto a los pequeños empresarios y autónomos se les desconfine y puedan acercarse al gestor y al abogado.
En segundo lugar, ahora es ya público y notorio, que eso del teletrabajo en la Administración, fue una broma de mal gusto por parte del gobierno. Ni los funcionarios judiciales, ni los del Ministerio de Educación, justicia, Sanidad o Trabajo, pueden cumplir con sus obligaciones desde casa. Al menos buena parte de ellos. ¿Dónde está, pregunto pues, todo el dinero invertido en modernización de la Administración?
En tercer lugar, continuamos pagando más de 150 millones de euros al año en sanciones de la UE por Directivas y Reglamentos no traspuestos. Pero eso no es lo peor; esto impedirá el acceso de las empresas españolas a los fondos europeos por falta de legislación en nuestro país. El daño puede ser multiplicado por 100.
En cuarto, en esa guerra que el Consejo General del Poder Judicial ha planteado al Ministro de Justicia para ver quién la tiene más larga (la capacidad normativa) se ha inventado, solo por joder, una serie de medidas, como todas las que plantea, siempre encaminada a reducir los derechos de los justiciables, limitar el derecho de defensa y a proteger las arbitrariedades judiciales; como si los ciudadanos no les pagásemos el sueldo a todos ellos.
Pues bien, si quieren medidas, este humilde jurista aconseja que lean y traspongan de una vez la DIRECTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. En ella se plantea un procedimiento previo obligatorio al judicial de prácticamente el 90% de los asuntos civiles, administrativos y mercantiles que llegan a los juzgados. Déjense de inventos y cumplan con la ley, que la Directiva está en vigor desde el 17 de diciembre pasados.
Y finalmente, todos los ciudadanos hemos visto quién ha dado el callo en esta crisis. Los médicos precarios, los funcionarios interinos, la cajera ni-mileurista del súper, los servicios de limpieza de hospitales y otros servicios públicos. Recordemos también, mayoritariamente, mujeres. Mientras eso pasaba, los altos y medios funcionarios, jueces, fiscales, directores de servicios, mayoritariamente hombres, se han escondido en casa en un “teletrabajo”, que por cierto hemos visto que, en la Administración, ha fallado más que una escopeta de feria. Teletrabajo que muchas veces se ha limitado a crear y circular bulos acreditando cómo echan en falta esa España casposa donde el funcionario no es un servidor público sino una autoridad y el ciudadano pagano, un administrado.«