Abusos, mercadeo y trampas

Últimamente no dejan de aparecer noticias en prensa y otros medios, poniendo de relieve la que parece ser una más que triste y preocupante situación de nuestra Justicia. Noticias que hablan de jueces -en quienes reside el Tercer Poder de nuestra democracia– que en vez de cumplir con la Ley y las normas, parece que se aprovechan de su condición de jueces y llevan a cabo abusos, mercadeo y trampas en su jurisdicción.

Como decimos, son cada vez más numerosas esas quejas y denuncias. Llegan de empresarios, de periodistas, de ciudadanos afectados y… hasta del propio colectivo de jueces. Hemos hablado de ellas también recientemente en otros post.

Haciendo referencia a los que parecen abusos de algunos Magistrados del Tribunal Supremo y de Tribunales Superiores de Justicia, publicamos el artículo titulado: «¿Magistrados del Supremo torturadores?«.

En el artículo «Invitación a la reflexión» hicimos referencia a los abusos presumiblemente cometidos por los jueces con los presos preventivos relacionados con el «procès» catalán, de acuerdo con Informes internacionales que se citan en el artículo.

En referencia a presuntas violaciones de normas y sentencias por parte del Consejo General del Poder Judicial, hemos publicado artículos como: «Violación de normas y sentencias en el CGPJ«, o el artículo «Justicia y escándalo» en el que hacíamos referencia a llamativas actuaciones contra una determinada Magistrada por parte del Consejo General del Poder Judicial. Un Magistrada que está a cargo de un amplio número de casos de corrupción.

Haciendo referencia a la indignación del colectivo de los jueces, con respecto a las formas y maneras en que se están llevando a cabo nombramientos de determinados Magistrados para los Altos Tribunales, publicamos artículos como: «El Consejo General del Poder Judicial abre la guerra entre los jueces«, «Consejo a galope tendido» o «Ruidos de sables entre los jueces«.

Hemos publicado también noticias que hacen referencia a más que llamativas maneras de interpretar la Justicia. Por un lado, la segunda asociación de jueces con más número de miembros, invitando a los jueces a…. atención, ¡¡¡»Renunciar a la verdad«!!! en determinadas cuestiones de su jurisdicción.

Por otro, pusimos de relieve también cómo todos los Fiscales Anticorrupción de una ciudad acusaban a una determinada Juez y cómo el resto de sus compañeros jueces, salían en su ayuda en la prensa, parece que intentando que se olvidase esa denuncia. Lo contábamos en «Curiosas interpretaciones de los jueces«.

Haciendo referencia a algunos de los diversos abusos que esta Asociación de Víctimas de Corrupción Judicial ha ido conociendo… y en esto tenemos que aclarar que son sólo algunos de los que hemos conocido y conocemos, porque en muchas ocasiones los ciudadanos -no sin razón- temen las posibles venganzas de los jueces si se dan a conocer sus presuntas irregularidades o ilegalidades, hemos publicado artículos como: el «Caso Pocoyo«, el caso del abogado Mariano Orta, el caso de Roberto Macías, el caso de Romano Van der Dussen, que titulamos «Fabricando un violador… que nunca lo fue» y otros muchos.

Hemos hablado también de la «Corrupción judicial» que parece ser que asola determinados ámbitos judiciales. No como algo nuevo o algo actual. Parece ser que es algo endémico y que viene existiendo desde hace décadas en el seno del poder judicial. Así se entiende de las declaraciones que en el artículo previamente citado extractábamos. Y hemos hablado también de las «Consecuencias por denunciar corrupción» entre los jueces.

Hoy traemos informaciones que hablan, como dice el titular, de abusos, mercadeo y trampas en nuestra Justicia y entre algunos de nuestros jueces.

Por continuar con supuesta corrupción judicial y hablando de abusos, les traemos hoy el caso de un periodista que se está viendo acosado por lo que él denomina la «mafia judicial«.

En particular, en el contenido que les brindamos hoy a través de un video realizado por el propio periodista, se explica cómo el periodista presentó en dos ocasiones una denuncia contra un ciudadano que había sido identificado por la Policía Nacional y que había amenazado con violar, matar y enterrar a la esposa y a la hija del periodista. En dos ocasiones la jueza se negó a admitir la denuncia, alegando estar escrita la amenaza «en condicional«.

El periodista, tras ser denegada su denuncia en dos ocasiones como decimos, envió el mismo texto, personalizado por él, a la jueza.

Por lo que se entiende del video, entonces sí los jueces tomaron cartas en el asunto. Entonces sí parece que ya el texto de la denuncia dejó de estar «en condicional«. Eso sí, en lo que pudiera afectar a la Jueza. No al periodista y su esposa e hija amenazadas. Es lo que se puede interpretar del contenido del video.

Véanlo y escúchenlo ustedes mismos:

https://youtu.be/emZ4flQqKnw

Hablemos también de trampas. El titular de la noticia que publica el digital Eldiario.es no puede ser más explícito:

Les invitamos a leerla. Está todo el texto plagado de referencias concretas a lo que se denuncia en el titular. El final del artículo no puede ser más explícito:

«ya se sabe, por donde pisa el juez Alba no vuelve a resplandecer la Justicia«

Hemos hablado del juez Alba y de su condena en «Otro Juez al banquillo… ¿habrá más? (II)«

Sigamos hablando de trampas.

En este caso, quien las refiere es un Magistrado. Don Manuel Ruiz de Lara.

Invitamos a leer el artículo. Lo podrán encontrar en el diario digital Confilegal.com. No tiene desperdicio en lo que a poner de relieve trampas por parte del Consejo General del Judicial y su Presidente, Don Carlos Lesmes, se refiere.

Hay comentarios como:

«Instituciones convertidas en meras partidas de póker en manos de concretos líderes que desarrollan una suerte de juego de componendas, alianzas y traiciones similar al que les llevó a la cúspide de sus respectivos partidos.

Tampoco debe pasarse por alto la denuncia respecto a ese reducido número de magistrados/as que han preferido aprovechar el sistema para hacer “carrera judicial” bajo el paraguas del apadrinazgo o amiguismo , diseñando una red de cadena de favores que afecta en casos concretos (no en todos), a la designación de altos cargos de la Judicatura , a la elección de puestos administrativos del CGPJ de designación discrecional o incluso en ocasiones a la cobertura de plazas de concursos reglados (mediante criterios de oportunidad temporal a la hora de sacar a concurso plazas) o de otorgamiento de comisiones de servicio.

El actual presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes Serrano, debe su cargo a esa farsa institucional que, tras su consumación, defendió afirmando en una entrevista en el diario El País que se fundamentaba en la soberanía nacional.

Capítulo aparte por el notorio nepotismo que significaron sus nombramientos fue el caso de Luis María Díez Picazo y Fernando Román.

Ambos con una amistad íntima con el presidente del CGPJ, el primero obteniendo la Presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, tras la no renovación de José Manuel Sieira con episodios como la nefasta gestión de la deliberación sobre el sujeto pasivo del IAJD que ocasionó un notorio desprestigio a la imagen del Supremo. 

El segundo encarnando “el pasteleo” por antonomasia en el acceso a cargos de libre designación. 

Román como secretario de Estado de Justicia del ministro Ruiz-Gallardón codiseñó el sistema de elección política del CGPJ que auparía al señor Lesmes Serrano a la Presidencia». 

Esta es nuestra Justicia. Esta es la Justicia que todo parece indicar que tenemos en España.

Una Justicia cuya gestión está compartida con la Unión Europea y de la que la Unión ha dejado claro recientemente, por boca del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que a los países miembros sólo compete su organización.

De la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-619/18 «Comisión Europea vs. Polonia» de 24 de junio de 2019 se desprende que la independencia judicial es un asunto de derecho comunitario. Por lo tanto sustraído de la legislación nacional. 

El TJUE afirma en dicha sentencia que “si bien corresponde a los Estados miembros determinar cómo organizan su Administración de Justicia, al ejercer esta competencia, deben cumplir las obligaciones que les impone el Derecho de la Unión”.

Lo que implica que, 

La soberanía en el ámbito de la Justicia está cedida a la Unión Europea. La competencia de España es “sólo” la de organización, para que puedan cumplir sin trabas las obligaciones que les impone el Derecho de la Unión.

Estamos esperando la entrada en vigor de la Directiva Europea de Protección a los denunciantes de corrupción que fue aprobada en el Consejo de Ministros de la Unión Europea del pasado lunes 7 de octubre de 2019. Sin lugar a dudas viene a pretender cambiar la impunidad con la que se mueven actualmente una gran parte de los que puedan ser corruptos funcionarios y personas revestidas con autoridad, y vendrá a proteger a los denunciantes de corrupción y denunciantes también de esas venganzas demasiado usuales que los corruptos utilizan contra quienes les denuncian.

Estamos también esperando la puesta en marcha de la Fiscalía Europea aprobada hace dos años por medio del REGLAMENTO (UE) 2017/1939 DEL CONSEJO de 12 de octubre de 2017 por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea, en la que la Unión Europea está trabajando activamente para su implementación.

Durante el pasado Consejo del 8 de Octubre -en que se aprobó la Directiva previamente referida- se dió también cuenta de la actividad preparatoria para el establecimiento de la Fiscalía Europea. En particular, de los procedimientos para el nombramiento del fiscal jefe y de los fiscales europeos.

Que un ciudadano europeo pueda pasar por encima de las fiscalías nacionales -tantas veces de escasa respuesta, especialmente si en los presuntos delitos hay miembros del Poder Judicial implicados- para acudir a un organismo europeo, la Fiscalía Europea, es de esperar que suponga una nueva forma de poder luchar contra la corrupción.

Especialmente la corrupción judicial. La más grave de todas las corrupciones y la que sostiene, mantiene y alienta el resto de corrupciones.

Si no se le tiene respeto a la Ley y no se cuenta con Jueces verdaderamente independientes y honestos, que hagan respetar y cumplir la Ley -sean quienes sean los infractores- ¿qué límites hay para delinquir?. Ninguno.

Confiemos en que esta situación cambie pronto.

Seguimos luchando y seguiremos informando.