Parece empeñado el actual Consejo General del Poder Judicial en pasar a la historia como presunto violador de la Ley, presunto violador de sentencias del Supremo y presunto líder en oscurantismo frente a sus acciones, también presuntamente, ilegales. El CGPJ abre la guerra entre los jueces sin parecer importarle las consecuencias.
Empezó el mandato del actual Presidente del Consejo con unas controvertidas declaraciones, que sin lugar a dudas fueron premonitorias de aquello a lo que tendríamos que asistir después.
Recientemente parece que la teoría del control de los jueces «con el palo y la zanahoria» se ha visto recrudecido.
Publicábamos en días pasados una noticia que nos llegó de Europa con respecto a la presunta falta de legalidad por parte del Tribunal Supremo -que preside también Don Carlos Lesmes– y de otros Tribunales Superiores a la hora de tramitar determinados procedimientos judiciales. La noticia no sólo hace referencia a una presunta falta de legalidad. Hace referencia también a la comisión de presuntos delitos por parte de determinados Magistrados del Tribunal Supremo. Un asunto, como pueden imaginar, de elevadísima gravedad.
Pueden leer el artículo pinchando aquí.
En él se hace referencia al presunto desprecio del art. 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por parte de estos Tribunales españoles. Algo que parece que en ámbito de la Unión Europea no ha sentado especialmente bien. Les invitamos a leerlo.
Y se hace referencia también a una reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-619/18. La Comisión Europea vs. Polonia de 24 de junio de 2019.
De dicha sentencia sentencia se desprende que la independencia judicial es un asunto de derecho comunitario y por lo tanto sustraído de la legislación nacional.
El TJUE afirma que “si bien corresponde a los Estados miembros determinar cómo organizan su Administración de Justicia, al ejercer esta competencia, deben cumplir las obligaciones que les impone el Derecho de la Unión”.
Lo que implica que,
La soberanía en el ámbito de la Justicia está cedida a la Unión Europea. La competencia de España es “sólo” la de organización, para que puedan cumplir sin trabas las obligaciones que les impone el Derecho de la Unión.
Pues bien, se ve que tampoco esta «organización de la Justicia» se está llevando por parte de nuestro actual Consejo General del Poder Judicial de acorde con lo establecido por la Ley.
Esta Asociación ha publicado recientemente también un artículo con referencia a la presunta violación de lo establecido por una clara sentencia del propio Tribunal Supremo. En la sentencia se hacía referencia a determinados nombramientos llevados a cabo por parte del CGPJ que, según la Sentencia, eran contrarias a la legalidad vigente.
Esta sentencia parece ser que ha sido ignorada por el CGPJ.
Pueden leer el contenido del mismo pinchando aquí.
En el artículo podrán encontrar testimonios y declaraciones no sólo de periodistas escandalizados. También de jueces y Magistrados.
Pero la cosa no parece terminar ahí.
Recientemente hemos conocido también la presentación de procedimientos judiciales por parte de determinadas Asociaciones Judiciales contra las actuaciones que se están llevando a cabo por el CGPJ.
Parece ser que el actual CGPJ -en funciones-, con el fin de nombrar y colocar Magistrados en numerosos puestos clave y en los órganos más representativos e importantes del Poder Judicial, nuevamente vuelve a actuar en contra de las normas establecidas que deben regir esos nombramientos.
Según el Magistrado Raimundo Prado, el CGPJ está actuando como “un club de golf en el que los cargos se reparten por afinidades y no por lo único que debería contar en estos casos, que es adjudicarlos de forma objetiva e imparcial a quienes más se lo merezcan y mejor los puedan ejercer”
Las noticias aparecidas en la prensa al respecto, son numerosas.
La pueden leer pinchando aquí.
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«El portavoz nacional de AJFV, Raimundo Prado, ha explicado al respecto que “para nosotros el interés general por un sistema de nombramientos más justo, objetivo e imparcial está por encima del interés particular de nuestros asociados o de la propia asociación”, a la que pertenecen más de 850 jueces y magistrados españoles, lo que la convierte en la segunda más representativa del país, “por eso recurrimos todos los nombramientos que este CGPJ no está convocando ni decidiendo como marca la Ley, con independencia de que beneficien o no a nuestros asociados, porque aquí lo importante no es el quién, sino el cómo y el qué”.
Prado añade que lo anterior es “un ejemplo de la misma independencia y coherencia que hemos mantenido siempre desde AJFV y que tanto se echa en falta en un CGPJ que, pese a estar en funciones desde el año pasado, sigue actuando como un club de golf .»
Como estamos seguros que ustedes entenderán, gravísimas declaraciones por parte de quien representa a la segunda Asociación de Jueces en cuanto a número en España.
Hace referencia a una de las bases más sólidas sobre las que se debería asentar la independencia judicial y que, todo parece indicar, el propio Consejo General del Poder Judicial, está violando de manera flagrante.
Se explica cómo las dos Asociaciones Judiciales han acudido a la vía judicial tras “dos meses” esperando a que el CGPJ revocase estas convocatorias y anulase cautelarmente sus correspondientes nombramientos.
Entienden que los nombramientos llevados a cabo por el CGPJ no cumplen la modificación del artículo 326 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece que las designaciones tienen que responder a un baremo que atiendan a criterios de mérito, experiencia y capacidad.
Según explica la AJFV en un comunicado, ambas asociaciones han dado “un paso más allá” después de que hayan recurrido 13 de estos nombramientos por la vía administrativa ante el propio órgano de gobierno de los jueces.
La guerra entre los jueces está servida.
Pero… el problema no es sólo éste.
Parece que además también el CGPJ comenzó a llevar a cabo los nombramientos con una completa falta de transparencia.
Así se puede interpretar de la lectura de la prensa.
Lo pueden leer pinchando aquí.
Creemos que, en este sentido, parece clara y normal la indignación expresada por periodistas y también por Jueces y Magistrados.
Las pueden leer revisando los artículos de esta Asociación a que hemos hecho referencia, pero por su importancia, reproducimos algunas de ellas.
Ese «nombre muy feo en derecho penal» es… prevaricación. Un delito especialmente grave en el caso de Jueces y Magistrados. Y más grave todavía en el caso de miembros del CGPJ o miembros de altos Tribunales.
En definitiva, el CGPJ abre la guerra entre los jueces. Y lo hace, por lo que se puede interpretar de la lectura de la prensa, por la vía de violar presuntamente la Ley, las normas y la transparencia.
Finalmente… y porque la hemeroteca siempre nos deja información que a veces conviene recordar, no podemos dejar de traer a este artículo el que publicó en su día La Vanguardia, cuando el Gobierno era del Partido Popular. Partido político que participó de manera activa, como es del conocimiento público, en los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial y de su Presidente, Don Carlos Lesmes.
Lo pueden leer pinchando aquí.
¿Es éste el tipo de Justicia que queremos en España?
¿Hasta cuándo los ciudadanos vamos a seguir consintiendo que el Poder Judicial no actúe conforme a lo establecido por la Ley y las Normas?
¿Tendremos que esperar a que sea el Poder Judicial Europeo el que venga a poner orden en este supuesto desorden en nuestra Justicia?
Recordamos lo que expresábamos en uno de nuestros artículos recientes, citando a uno de los despachos de abogados que defiende a un numeroso grupo de alentadores de corrupción:
«Esperamos que la Fiscal General del Estado abra expediente para que se separe inmediatamente de sus cargos aquellos que presuntamente prevaricaron. Han de irse a su casa, por decencia.»
Recordando la frase de uno de los intervinientes, referido a los jueces y ajusticiados corruptos: «Sólo dejan caer a los que ya no pueden aguantar, a los que no tienen salvación, y sólo cuando no pueden ocultarlo públicamente».
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