En este artículo se ponen de relieve alguno de los aspectos que, por parte de la Asociación que reúne a los denunciantes de corrupción, se consideran como mejorables en esa Directiva.
Denuncian que sólo parece aplicarse a aquellos que están sometidos a una relación laboral con el organismo al que se denuncia -excluyendo casos de sanidad pública, estudiantes, madres y/o padres de alumna/os; que quedan fuera las personas trabajando en empresas de menos de 50 trabajadores al no tener cauces internos para denunciar; que quede excluida la Seguridad Nacional -trae al recuerdo el caso de Luis Gonzalo Segura, expulsado del Ejército por denunciar-
A través de la Plataforma X la Honestidad, solicitan también que se garantice el anonimato y se establezca un sistema de sanciones contra aquellos que pongan en marcha conductas represivas contras los denunciantes y cita el artículo lo que se afirma desde la Plataforma: “Es necesario la penalización para disuadir y frenar la persecución sobre los denunciantes. Aquellas personas u organizaciones que acosen por cualquier vía o forma a los alertadores deberán ser sancionados, incluso con la pérdida de subvenciones públicas que reciban”.
Y hace referencia también a las reclamaciones que se hicieron ante el Congreso de los Diputados el pasado día 23 de junio de 2018: «Llegaremos hasta donde sea necesario para protestar ante un sistema que protege a los corruptos, que siguen cobrando en muchos casos hasta casi el momento de entrar en prisión, mientras expulsa de sus trabajos a los denunciantes en procedimientos exprés«.
https://www.elboletin.com/noticia/165896/nacional/los-peros-de-los-denunciantes-de-corrupcion-a-la-directiva-europea-que-los-protegera.html
